El Partido Socialista no se sumará a la moción impulsada por el Grupo Parlamentario de Vox para garantizar el uso del castellano en Cataluña y proteger su utilización en la región, después de que el Tribunal Supremo ratificase la sentencia que determina que al menos el 25% de las clases en Cataluña deben impartirse en castellano, una resolución que el Govern se niega a acatar.

Los de Santiago Abascal pedirán el aval de la Cámara Baja para instar al Gobierno a que aplique de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña en materia lingüística, con el objetivo de obligar a la Generalitat a acatar la sentencia judicial, una propuesta que ya defendió en su día el líder de la oposición, Pablo Casado, si bien el PP no lo llevó a sede parlamentaria. Entonces, el presidente de los populares ofreció sus votos a Pedro Sánchez para activar el 155 si era necesario para obligar al ejecutivo catalán a acatar la sentencia del Supremo, una situación que se ha agravado tras el acoso sufrido por la familia de un niño de tan sólo cinco años por solicitar que se cumpliese la ley y que el menor pudiese recibir al menos una de cada cuatro asignaturas en castellano.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha avanzado que el primer partido del Gobierno no dará su apoyo a la iniciativa de Vox, de modo que la propuesta morirá esta misma semana en el Congreso de los Diputados. "El Ejecutivo trabaja para que el Govern autonómico ejecute las sentencias de los tribunales", ha argumentado el dirigente socialista.

La iniciativa de Vox contará con el 'sí' de Ciudadanos y con el previsible respaldo del PP, aunque en el Grupo Parlamentario Popular aún no han fijado posición al respecto a la moción que se debatirá este mismo martes en el Congreso de los Diputados. El portavoz adjunto de Cs en la Cámara Baja, Edmundo Bal, ha reafirmado su apoyo a la iniciativa de los de Santiago Abascal después de señalar al Gobierno por "mirar hacia otro lado" sólo por no contrariar a sus socios parlamentarios de ERC, de cuyo voto depende la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado.