La batalla abierta en torno al catalán y la inmersión lingüística en Cataluña ha abierto un nuevo frente entre los dos partidos que comparten gobierno en la Generalitat, ERC y JxCat. Una batalla que comenzó de forma soterrada, cuando el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que obliga a impartir un mínimo del 25% de las horas lectivas en castellano en los colegios e institutos. Y que ahora ha llegado al punto álgido de tensión con la implicación de los dos primeros espadas de ambos partidos: el presidente de la Generalitat Pere Aragonès, y la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

El argumento es la propuesta de Junts para que el consejero de Educación, Josep González-Cambray, asuma en primera persona la responsabilidad legal de la dirección de todos los centros educativos de Cataluña. El objetivo, argumentan desde JxCat, es que los directores de centros no asuman la responsabilidad legal de desobedecer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tal como propone Cambray en sus intervenciones públicas.

Ponen como ejemplo a la ex consejera Clara Ponsatí, que en septiembre de 2017 firmó una resolución en la que se erigía como única responsable de todos los centros educativos catalanes hasta las 7:00 horas del lunes 2 de octubre. Una medida que después la llevaría a huir de la justicia española, regresando a su cátedra en la Universidad de St. Andrews, en Escocia. No parece que éste sea el camino que quiere seguir González-Cambray para esquivar la sentencia del castellano.

Aragonés rechaza el "partidismo" de sus socios

Laura Borràs ha explicitado esta vía en Radio4, y ha tenido puntual respuesta de Aragonès. El presidente catalán ha reclamado "estar por encima" de la táctica a corto plazo y ha argumentado que es necesario tener mirada amplia y no de partido con las cuestiones lingüística y educativa.

"Tenemos un modelo lingüístico consensuado, pedagógicamente aceptado y con el apoyo de la comunidad educativa y con consenso político" defendió este lunes desde Alp (La Cerdanya), asegurando que el Govern trabaja en una solución "sólida, permanente y efectiva".

Aragonès llegó a hablar de "partidismo" ante las propuestas de sus socios y los ataques de la CUP. Y la portavoz de ERC, Marta Vilalta, respondía que la salida a la crisis del catalán no pasa por "soluciones improvisadas ni mágicas". Unos y otros saben que el catalán es un eje fundamental de la construcción independentista y que, de momento, la gran perdedora de esta batalla es Esquerra. Suya es la responsabilidad de aplicar la sentencia del TSJC, porque González-Cambray es republicano.

Y suyo es también el "fiasco" -así lo ven sus socios e incluso cuadros del partido- de la negociación en la Ley del audiovisual. Su líder en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró que la Ley Celáa blindaba la inmersión lingüística, y que la Ley del audiovisual garantizaba un 6% de catalán en las plataformas digitales, incluidas Netflix, HBO y Amazon.

Pero ambas afirmaciones se han visto desmentidas en las últimas tres semanas, y el descrédito de Esquerra ante entidades como Òmnium, ANC o el sindicato de estudiantes independentista SEPC, además de la CUP, no deja de crecer. Este sábado, la manifestación convocada en defensa de la inmersión en el centro de Barcelona amenaza con convertirse en una enmienda al Govern, más que a partidos como Cs o el PP han hecho bandera de la aplicación del 25% en castellano.

La amenaza de los presupuestos generales

En este contexto se inscriben también las exigencias lanzadas por el número dos del Govern, Jordi Puigneró este sábado. El líder de JxCat en el ejecutivo escogió El Punt-Avui para lanzar un reto a Esquerra: que utilice los Presupuestos Generales para 2022 como arma para blindar el catalán.

"El 6% en Netflix son migajas" advirtió Puigneró. "El mejor mensaje que se puede enviar al Estado es que, si esta ofensiva contra el catalán sigue y no se blinda la lengua, tendrán inestabilidad y la primera medida podría ser que no se apruebe el presupuesto". Un mensaje dirigido a "los partidos que pueden dar estabilidad política y presupuestaria" al Gobierno. Es decir, ERC.

Puigneró desprecia además el argumento de que poco se puede hacer contra una sentencia firme, y recuerda que "también hubo una sentencia contra los encarcelados, y después un indulto. Cuando quieren, encuentran soluciones".