La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abiertas sus pesquisas alrededor del Rey emérito por la ocultación de fondos millonarios en el extranjero con dos líneas distintas a la investigación por la donación de 65 millones de euros del rey saudí al exjefe de Estado español que acabaron en una cuenta de su examante, Corinna Larsen. La primera, por si utilizó a su ayudante de campo el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga para recibir fondos del empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause con los que pagar gastos suyos y de otros miembros de la familia real superiores a 120.000 euros anuales y no declararlos a Hacienda. La segunda, a raíz de un aviso del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre una fortuna en la isla de Jersey de la que podía haber sido beneficiario y no haber declarado tampoco.

El fiscal suizo Yves Bertossa ha archivado la investigación que abrió en 2018 por supuesto blanqueo agravado a la empresaria alemana y los arquitectos fiscales Arturo Fasana y Dante Canonica, quienes movieron el dinero que recibió Juan Carlos I en 2008 en una cuenta del banco suizo Mirabaud a través de la fundación Lucum hasta otra cuenta de Larsen en Bahamas. El investigador no ha conseguido pruebas de que la donación que su homólogo saudí hizo a Don Juan Carlos fuera una comisión por intervenir en el contrato de ampliación del AVE a La Meca y, por lo tanto, sin una actividad ilegal precedente no se puede perseguir un supuesto lavado de dinero.

Precisamente la Fiscalía española comenzó a investigar al emérito en junio de 2020 por dicha donación y la supuesta relación con la infraestructura multimillonaria que se adjudicó a empresas españolas. Sin embargo, dichas pesquisas nacieron -como ha reconocido el Ministerio Público en distintas ocasiones- prácticamente muertas. Por un lado, tuvieron lugar cuando Juan Carlos I era rey y por lo tanto la inviolabilidad le protegía ante la comisión de cualquier delito. Por otro, puesto que el rey saudí le entregó «como un regalo» esos 65 millones de euros, sería muy difícil, prácticamente imposible, demostrar la ilicitud de dicha entrega.

Aunque no tuviera recorrido, el Ministerio Público ha mantenido abierta dicha línea de investigación junto con otras dos que espera archivar próximamente, a través de un decreto que firmará la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. En dicho decreto de archivo, que no dejará precisamente al exjefe del Estado en buen lugar porque quedará claro que ha ocultado una cantidad millonaria en el extranjero evadiendo el pago de impuestos, se argumentará que la inviolabilidad protege al exjefe de Estado español refiriéndose a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, así como a la voluntad del legislador en los trabajos preparatorios de la Constitución Española de 1978, según trasladaron fuentes fiscales a El Independiente. También que faltan indicios sólidos de delitos de cohecho y que los delitos fiscales en los que podría haber incurrido Don Juan Carlos tras dejar la Corona en manos de su hijo Felipe VI habrían prescrito.

Prórroga de la investigación

A pesar de tener claros dichos extremos y contra todo pronóstico, la Fiscalía del Tribunal Supremo prorrogó el pasado 2 de diciembre su investigación durante seis meses, alegando que lo hacía para "ser lo más garantista" con el procedimiento y a la espera de una información sobre movimientos de 2015 y 2016 en cuentas suizas relacionadas con el emérito, después de su abdicación. En el entorno de Juan Carlos I la noticia se recibió, en cambio, como una prolongación artificial de las pesquisas para evitar que regresara a España de Emiratos Árabes, donde está desde agosto de 2020. El emérito quiere volver a la Casa Real, según publicó El Confidencial, y recuperar la asignación anual que le retiró su propio hijo, Felipe VI.

Hasta que llegue el momento del esperado decreto de archivo, el Ministerio fiscal continúa su investigación por si el emérito utilizó a su ayudante de campo el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga para recibir fondos del empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause con los que pagar gastos suyos y de otros miembros de la familia real (como viajes al extranjero de la Reina Sofía) superiores a 120.000 euros anuales y que no declaró a Hacienda. Los indicios de supuestos delitos fiscales o de blanqueo que hubieran podido encontrarse contra el emérito por estos gastos, que gestionó a través de una tarjeta de crédito opaca, se frenaron con el pago de 680.000 euros a Hacienda que aseguró su abogado defensor, Javier Sánchez-Junco, en diciembre de 2020.

Dos meses después, el emérito consiguió reunir casi 4,4 millones de euros distintos amigos con los que cubrió la deuda que habría generado con el fisco por pagos de vuelos de más de ocho millones de euros con cargo a la fundación Zagatka que tampoco declaró.

La última investigación de los fiscales dirigidos por Juan Ignacio Campos por la que tampoco se espera una querella contra el exjefe del Estado ante el Tribunal Supremo gira en torno a una supuesta fortuna de hasta 10 millones de euros en la isla de Jersey. Según la investigación, Juan Carlos I era beneficiario de ésta a través de un 'trust' y, al haber intentado mover dinero de ésta, hizo saltar las alarmas.