El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid se abstendrá este jueves en la votación de la polémica Ley de Igualdad de Vox, al encontrar en el texto "deficiencias técnicas" y aspectos "inaceptables" para los populares, como la negativa de los de Rocío Monasterio a retirar la disposición de la norma que implica la derogación de las leyes de género actualmente vigentes en la Comunidad de Madrid. La posición del PP tensa la relación con sus socios de Vox a una semana de la aprobación definitiva de los primeros presupuestos de Isabel Díaz Ayuso, que llegan al pleno de la Asamblea el próximo 21 de diciembre.

Así lo ha manifestado el portavoz del PP en la Asamblea y mano derecha de Ayuso en el grupo parlamentario, Alfonso Serrano, quien ha reiterado este miércoles que "no podemos votar a favor de una iniciativa que creemos que tiene muchas deficiencias técnicas y que, además, no es la herramienta para poder modificar determinadas leyes". La versión de Serrano ha sido reafirmada por el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, quien ha reiterado además el compromiso de los populares para reformar de la mano de Vox las leyes LGTBi de la región. "El gobierno está por la labor de trabajar para mejorar el aspecto normativo de esas leyes, que es muy deficiente. Pero no estamos en absoluto a favor de derogarlas", como sí defiende Rocío Monasterio.

Fuentes autonómicas revelaron a El Independiente que el PP, de la mano del consejero de Presidencia, Enrique López, había iniciado negociaciones con el Grupo Parlamentario de Vox para tratar tanto su polémica Ley de Igualdad como la reforma de algunas cuestiones normativas de las actuales leyes de género. Las conversaciones, al menos en el primer aspecto, han naufragado y los populares se abstendrán este jueves. Con el 'no' unánime de la izquierda, la Ley de Igualdad de Vox morirá mañana mismo en la Asamblea de Madrid.

PSOE, Podemos y Más Madrid habían confirmado asistencia a una manifestación prevista para esta misma tarde en la Puerta del Sol convocada por COGAM, para protestar precisamente contra la normativa que pretendía impulsar Vox de la mano del PP y que implicaba, a su juicio, dejar al colectivo LGTBi completamente desprotegido en la región.