Los ministerios de Interior y Justicia han votado en contra del informe preceptivo sobre el III Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 2022-2025, que denuncia la "violencia machista institucional" y se refiere específicamente a casos como el de Juana Rivas o Irume Costumero. Fuentes del departamento de Pilar Llop han explicado que desde el Ministerio consideran que este contenido podría ser contraproducente para las víctimas.

El texto en cuestión ha sido elaborado por el Instituto de las Mujeres, departamento dependiente del Ministerio de Igualdad. Se trata de un Plan que el Ministerio espera llevar al Consejo de Ministros durante el primer trimestre de 2022, según ha asegurado la directora del Instituto, Toni Morillas, pero antes debe pasar por el informe preceptivo del Consejo de Participación de las Mujeres.

El informe fue votado este jueves 16 de diciembre y salió adelante, aunque sin los votos a favor de los representantes de Justicia e Interior.

Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska explican a Europa Press que se pidió la supresión del párrafo en el que figura "una mención en términos genéricos a la violencia institucional y al Poder Judicial en relación a algunos procesos judiciales concretos, que este ministerio no puede compartir".

Según ha señalado, el Ministerio de Igualdad rechazó la supresión de este párrafo, motivo por el cual, según apunta Interior, votó en contra de la aprobación de dicho informe.

Se refiere a un párrafo en el que se hace referencia expresa a los casos de Juana Rivas o Irume Costumero, según han explicado a Europa Press fuentes presentes en la reunión.

Un término sin definir

También el Ministerio de Justicia pidió que se retirara ese texto concreto, según han informado fuentes del departamento que encabeza Pilar Llop. Para el Ministerio es arriesgado hablar de violencia institucional cuando es un término sin definir, según han explicado las fuentes.

Del mismo modo, señalan que el Ministerio defiende que las víctimas deben tener la certeza de que las instituciones las van a ayudar y, según explican, teme que este tipo de declaraciones pueden tener un efecto disuasorio.

Aun así, el voto en contra de ambos ministerios no ha afectado ni tiene consecuencias negativas sobre el informe, como han recordado las fuentes de Justicia. De hecho, el documento ha sido aprobado igualmente.

El Ministerio de Igualdad sí usa en ocasiones el término violencia institucional. Últimamente, por ejemplo, en los tuits de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, y la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, para calificar la situación de Juana Rivas tras la resolución del Juzgado de Granada que denegaba su puesta en libertad.