"Señor Abascal, a mí no me interesa si está vacunado o no. Lo que me interesa es que está entrando en este recinto, y si no está vacunado usted potencialmente puede ser un peligro para los demás". El pasado 10 de noviembre, Joan Baldoví, líder de Compromís en el Congreso, abrió indirectamente un debate en sede parlamentaria en el que no existe un criterio político claro. Ahora que varias comunidades han conseguido el aval jurídico para implantar el pasaporte Covid en hostelería y espectáculos y los políticos, sin importar las siglas que representen, hacen un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos aunque no haya restricciones establecidas, ¿deberían sus señorías dar ejemplo e instaurar el pasaporte Covid para acceder al Congreso de los Diputados?

La sexta ola golpea duramente a España a las puertas de Nochebuena. Mientras el Gobierno descarta restricciones, las comunidades autónomas fían el freno de los contagios únicamente al pasaporte Covid. Sólo Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y Extremadura se resisten a implantarlo, después de que Asturias, en riesgo alto y con su presidente regional hospitalizado tras dar positivo, haya anunciado que trabaja ya en la medida. En general, en el resto de autonomías el certificado de vacunación es obligatorio para acceder a bares, restaurantes, discotecas, gimnasios, cines o espectáculos similares, pero algunas, como es el caso de Baleares o Galicia, ha avalado la utilización del pasaporte en el sector sanitario o establecimientos con aforo superior a 50 plazas.

El pasado mes de septiembre, cuando el porcentaje de vacunación ya superaba el 70% de la población, las cámaras de representación democrática iniciaron los trámites para volver a la normalidad. El Senado recuperó el 100% de la presencialidad, mientras que en el Congreso no se modificó la limitación del 75% del aforo. A finales de octubre, sin embargo, la presidencia de la Cámara Baja sí permitió que los 350 parlamentarios pudiesen estar presentes al mismo tiempo en el hemiciclo durante las votaciones, acabando así con la prerrogativa del voto telemático.

Aunque el porcentaje de vacunación supera el 80% en la población diana, España ha entrado de nuevo en riesgo alto por el avance de la variante ómicron. Con la salvedad de la intervención de Baldoví y de una alusión ese mismo día de Pedro Sánchez a Santiago Abascal -el presidente del Gobierno cuestionó si el líder de Vox se había vacunado- ningún grupo ha abierto formalmente el debate sobre activar un pasaporte Covid en la Cámara Baja.

De hecho, fuentes de la presidencia del Congreso de los Diputados consultadas por El Independiente, el órgano sobre el que recaería la responsabilidad de activar los trámites en este sentido, no recibirían precisamente con entusiasmo una propuesta de este calado y subrayan que, a su juicio, la iniciativa tendría que ponerla en marcha la Comunidad de Madrid previo aval de los tribunales. En el entorno de la socialista Meritxell Batet dudan que se pudiera llevar a cabo porque implicaría limitar la actividad de un diputado en base a ese pasaporte.

Coinciden en este último aspecto los dos partidos tradicionales si bien ambos, como Unidas Podemos, se lavan las manos y vinculan la decisión a lo que dicten las autoridades sanitarias autonómicas pertinentes. PSOE y PP responden con ambigüedad a una decisión que vinculan a criterios "estrictamente sanitarios", si bien los populares también se hacen eco del difícil encaje legal que tendría una norma de estas características. "Hay que tener cuenta que es un poder público y que no se puede limitar el acceso a los diputados en el ejercicio de su labor", sostienen.

No podemos aceptar que se prohíba a un diputado entrar en el Congreso porque no tenga el certificado

CIUDADANOS

Mucho más contundente es la alerta que deslizan en Ciudadanos sobre las dudas jurídicas que podría despertar la propuesta de implantación del pasaporte Covid en el Congreso. "No podemos aceptar que se prohíba a un diputado entrar en el Congreso a trabajar en su labor de representación porque no tenga el certificado si no existe una Ley que así lo establezca", zanjan en el grupo parlamentario del partido naranja, en el que insisten en que una norma de tal rango trasciende a las competencias autonómicas y debería ser el Gobierno el que iniciase los trámites y argumentase con "transparencia" los motivos técnicos que justificarían tal decisión. "Si hay consenso político y sanitario en torno al pasaporte Covid, en Cs lo que exigimos es que sea el Ejecutivo el que lo decida con carácter nacional, no troceando el problema y creando problemas políticos añadidos", arguyen.

Vox y Errejón, juntos contra el pasaporte

Que la política hace extraños compañeros de viaje al margen de la ideología no es un secreto, y en el debate sobre la activación de un certificado de vacunación en la Cámara Baja hay grupos antagónicos con un criterio similar al respecto. Es el caso de Vox y Más País. El partido que dirige Santiago Abascal es la fuerza que con mayor contundencia se ha rebelado contra el pasaporte Covid en general, no digamos si la medida llegase al Congreso de los Diputados. "Estamos en contra y, además, interpondremos recursos judiciales contra todos los derechos y resoluciones dictados en las comunidades autónomas", advierten en el grupo parlamentario, donde denuncian cómo el certificado de vacunación se está utilizando, a su juicio, "de forma fraudulenta para limitar libertades y crear ciudadanos de primera y segunda categoría".

El uso del pasaporte Covid para acceder al Congreso no es la mejor medida para prevenir los contagios

MÁS PAÍS

Aunque con matices y mucha menor contundencia, en Más País se muestran también reticentes a la iniciativa. Fuentes del grupo parlamentario aseguran a El Independiente que "el pasaporte Covid no es la mejor herramienta a día de hoy para afrontar la situación que viene", una premisa que extienden al Congreso. "El uso del pasaporte para acceder al Congreso no es la mejor medida para prevenir los contagios", aducen. Y argumentan que la variante ómicron, "que parece tener cierto escape inmunitario", hace "disminuir mucho" la potencial utilidad del certificado. "Frente a esto es mucho más eficaz la ventilación, el uso correcto de mascarillas en espacios cerrados y la reducción de aforos", concluyen.

El 'sí' del nacionalismo y de la España Vaciada

En el extremo opuesto se sitúan fuerzas como JxCat, PNV, Compromís, el PDeCat y Teruel Existe -máximo representante de la 'España Vaciada' en la Cámara Baja-, donde muestran su respaldo al pasaporte Covid en el Congreso para "dar ejemplo" a la ciudadanía. Las fuerzas que dirigen Miriam Nogueras y Joan Baldoví en sede parlamentaria son las que con más fervor defienden una medida en "coherencia" con las iniciativas que se están implantando en la mayoría de comunidades autónomas para demostrar "responsabilidad" e incentivar la vacunación. El resto de formaciones consultadas por este medio, como son ERC, Bildu, la CUP, Coalición Canaria, el BNG o el PRC, evitan marcar posición al respecto.

¿Legal o ilegal?

Al margen del sainete parlamentario respecto al encaje de un pasaporte Covid en el Congreso y del criterio de "responsabilidad" y "ejemplaridad" que arguyen los que lo defienden, ¿sería legal exigir el certificado de vacunación a un diputado para ejercer su labor de representación pública? "Hace unos meses podía haber matices, pero a día de hoy sería absolutamente inconstitucional", replica el catedrático de Derecho Administrativo, Francisco Velasco. "El derecho de los diputados a controlar al Gobierno es un derecho absoluto, e impedir a un diputado entrar en el Congreso sería ilegal", agrega. En todo caso, y en línea con el argumento esgrimido por Ciudadanos, reitera que un trámite de estas características debería iniciarlo el Gobierno de España, y en ningún caso podría limitarse al criterio que esgrima la Comunidad de Madrid.

La seguridad con la que el jurista pronuncia estas palabras tienen como base la existencia de jurisprudencia en este sentido. El pasado mes de octubre, el Tribunal Constitucional estimó el recurso de Vox al respecto y dictaminó que el cerrojazo del Congreso de los Diputados durante las semanas más duras de la pandemia sí vulneró los derechos de sus señorías, y que el decreto de estado de alarma no podía en ningún caso interrumpir el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado.