La Comunidad de Madrid ha abierto expedientes sancionadores a 10 de las 479 residencias de mayores por hechos relacionados con la gestión de la covid-19, llegando en un caso a intervenir el centro. La mayoría de las instalaciones son privadas y están situadas fuera de la capital, existiendo un complejo del que es propietario la propia Administración autonómica aunque su gestión está cedida a una ONG.

Así se detalla en el listado que la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social ha facilitado en cumplimiento de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que el pasado 4 de noviembre estimó la reclamación formulada por una ciudadana que había intentado sin éxito conocer la identidad de las residencias que eventualmente hubieran podido ser sancionadas durante la pandemia. El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso había inadmitido la solicitud de acceso a la información pública alegando que la difusión podría "afectar negativamente a la eficacia de procedimientos administrativos en trámite de investigación de infracciones y de imposición de sanciones".

A la luz de estos datos, la Comunidad de Madrid ha abierto expediente durante la pandemia al 2,08 % de todas las residencias de personas mayores autorizadas en la región, sin que se hayan resuelto aún todos los casos. No ha trascendido la sanción que se ha impuesto a aquellos geriátricos en los que se han acreditado irregularidades y cuya tramitación ya ha terminado.

Según se enumera en la lista, a la que ha tenido acceso El Independiente, hay un centro de mayores al que se han incoado dos expedientes sancionadores (numerados como 05/2021 y 14/2021). Se trata de Versalles, un centro privado ubicado en Pozuelo de Alarcón y con una oferta de 30 plazas autorizadas (17 para dependientes).

En esta misma localidad emplazada al oeste de la capital se encuentra otra de las residencias a las que se ha abierto expediente: Las Praderas, de 99 plazas. Este diario ha intentado conocer los motivos y el resultado de las actuaciones, pero no ha obtenido respuesta de los geriátricos.

También aparece en la relación la residencia Parque Coimbra, situada en Móstoles y con 220 plazas (todas para dependientes). Es un centro propiedad de la Comunidad de Madrid pero que gestiona la ONG del Padre Ángel (Mensajeros de la Paz) desde 2011. La web Noticias para municipios ya informó en septiembre de 2020 de que se había impuesto una sanción de 15 días de suspensión de empleo y sueldo al director de esta residencia por acudir a las instalaciones sabiendo que estaba contagiado por covid-19.

Fuentes del Gobierno madrileño han informado de que el caso más grave de los diez ha sido el del centro Santa Matilde, ubicado en el barrio de Tetuán y con 77 plazas. Las fuentes aseguraron que esta residencia privada llegó a ser intervenida, forzando la sustitución de la persona que se encontraba al frente de la dirección.

Fuentes de esta residencia han negado este extremo y han asegurado que la directora se encuentra apartada temporalmente al estar de baja médica desde el pasado 1 de junio. Esta fuente ha admitido que desde la Comunidad de Madrid se le abrió expediente tras requerírsele unas medidas en caso de positivos por covid que -aseguran- ya se estaban siguiendo y que han recurrido la decisión de la Administración autonómica. El expediente se sigue tramitándose, sin que se haya producido aún una propuesta de sanción.

Completan el listado La Nueva Florida (en el distrito de Moncloa-Aravaca), Maravillas (Cadalso de los Vidrios), Nuevo Día (La Cabrera), Jesús Caminante (Colmenar Viejo), San Esteban (Fuenlabrada) y Carabanchel, en el barrio homónimo. Gestionado por Sanitas Mayores SL, esta última residencia tiene 40 de sus 224 plazas concertadas con los servicios sociales de la Comunidad de Madrid.

A preguntas de este diario, un portavoz de Sanitas ha precisado que el expediente se abrió el pasado mes de octubre al considerar el inspector que los residentes "no mantenían la distancia de seguridad de un metro y medio entre ellos sin usar mascarilla". La empresa ha anunciado que va a recurrir el expediente toda vez que, según el protocolo de la Comunidad de Madrid, "los residentes son convivientes y no es necesario que mantengan distancia de seguridad entre ellos".

Crisis sanitaria y polémica política

La gestión de la crisis sanitaria en los centros de mayores durante los primeros meses fue una de las situaciones críticas de la pandemia, al convertirse en el principal foco de mortalidad. De acuerdo con los últimos datos difundidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que abarcan hasta el pasado 5 de diciembre, Madrid ha sido la comunidad con más usuarios de residencias fallecidos por covid-19: 4.709 con síntomas compatibles con la enfermedad y 1.668 confirmados mediante prueba diagnóstica.

Ese impacto ha ocupado también el centro del debate político, hasta el punto de que llegó a crearse una comisión en la Asamblea de Madrid para investigar la gestión de estos centros durante la primera ola de la pandemia a fin de depurar posibles responsabilidades políticas. Constituido el 6 de julio de 202o, este órgano llegó a celebrar varias sesiones, pero decayó automáticamente cuando la presidenta Díaz Ayuso disolvió la Cámara regional el pasado 10 de marzo y convocó elecciones, celebradas el 4 de mayo.

El pasado 15 de julio, durante la sesión plenaria, el PP tumbó la puesta en marcha de una nueva comisión de investigación en el Parlamento autonómico sobre el mismo asunto merced a la abstención de Vox. "No vamos a justificar con nuestro voto lo que no es sino un nuevo intento de la izquierda de usar las desgracias y cabalgar sobre el dolor para hacer política", defendió el portavoz popular, Alfonso Serrano. "Han fallecido casi 30.000 mayores en residencias en España y ustedes, aquí y en el conjunto de España, hablan de las 6.000 víctimas de Madrid. ¿No les importan las otras 23.000? ¿A sus partidos no les importan las otras 23.000?", añadió.

El PP ha impedido una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para no "ahondar en un dolor innecesario"

En esta misma línea se expresó también el diputado de Vox Mariano Calabuig: "Todo el ámbito político de la izquierda (...) no ha demostrado tener intención alguna por mejorar la situación sociosanitaria en lo relacionado con las personas mayores, han mostrado un interés, de verdad lo digo, revanchista y de oportunismo político. ¿Han presentado una solicitud como ésta en otros parlamentos o donde ustedes gobiernan?". 

Cuando Pablo Motos entrevistó el pasado 9 de noviembre a Díaz Ayuso en El homirguero, una de las preguntas que tuvo que responder la presidenta madrileña fue la de por qué el PP y Vox impidieron que se constituyera nuevamente la comisión de investigación sobre la gestión en los centros de mayores en los primeros meses de la pandemia. "Yo no quiero que se abra una comisión de investigación para decirle a los familiares que la muerte de su ser querido se podía haber evitado porque es mentira, es ahondar en un dolor innecesario. Y porque todas las personas que han muerto en Madrid lo han hecho de la mano de un sanitario, en su casa o en una residencia, porque en esos 15 días fue un tsunami", contestó la jefa del Ejecutivo autonómico.

Querella archivada

Díaz Ayuso negó que hubiera habido "dejación" en las residencias de mayores, al tiempo que llamó la atención sobre el hecho de que no había prosperado ninguna de las denuncias presentadas en los tribunales por dicha gestión. Una de ellas fue la querella que los familiares de 11 ancianos que fallecieron por el virus en Leganés interpusieron el 28 de mayo de 2020 contra ella y dos de sus consejeros como supuestos autores de delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.

El 18 de agosto de 2020, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Leganés, Mónica Boticario, dictó un auto inadmitiendo a trámite la querella al no apreciar que los hechos descritos fueran "constitutivos de ningún tipo de infracción penal". "Por más que se insista en la querella en que no actuaron de manera eficaz ni a tiempo, no podemos olvidar que la falta de material de protección (los denominados EPI) era una carencia a nivel estatal, que hubo de comprarlo de manera urgente a otros países, que el mercado estaba colapsado porque la pandemia se extendía a nivel mundial y que tampoco el Estado español -autoridad suprema en la materia desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020- garantizó estas dotaciones", razonó la magistrada.