El exconsejero delegado de BBVA, Ángel Cano, y el exjefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, han apuntado al expresidente de la entidad, Francisco González (FG), como el responsable de la contratación del comisario José Manuel Villarejo para realizar distintos informes de Inteligencia para la entidad por los que cobró más de 10 millones de euros entre 2004 y 2017.
Mientras Cano ha responsabilizado tanto a FG como a Corrochano de contratar a la empresa Cenyt del comisario, afirmando que dicha contratación se gestionó entre los dos y no se comentó con nadie más sin saber el declarante si la iniciativa de elegir dicha compañía en lugar de otra partió de uno o de otro, el exjefe de Seguridad ha asegurado que él recurrió a sus servicios de investigación porque así se lo pidió el presidente "recientemente".
Ambos han acudido a declarar como investigados ante el juez Joaquín Gadea de la Audiencia Nacional, quien sustituye temporalmente a Manuel García-Castellón en la instrucción del caso Villarejo. Fueron imputados en la causa en 2019, pero se acogieron a su derecho a no declarar y en los últimos meses han solicitado comparecer.
Cano ha afirmado que Corrochano le transmitió en 2004 que había que contratar a la empresa Cenyt porque previamente así se lo había indicado FG. Ambos habían tomado una decisión en la que Cano, según ha declarado, no intervino, y cuyos detalles habían comentado entre el presidente y el responsable de Seguridad sin haberlo transmitido a nadie más.
Corochano ha sostenido una versión similar de los hechos: a preguntas de su defensa ha afirmado que fue el presidente del banco quien le pidió contratar a una empresa para investigar a quienes, según sospechaba en 2004, trataban de sacarle del Consejo de Administración de la entidad. Uno de los primeros encargos del banco al comisario fue, según los investigadores de la causa, rastrear las comunicaciones de empresarios de primer nivel como el entonces presidente de Sacyr, Luis Del Rivero, de quien FG sospechaba que quería hacerse con el control de BBVA.
“No sabía quién era Villarejo”
Tanto BBVA como persona jurídica como FG, Cano y Corrochano como personas físicas están investigados en la pieza 9 del caso Villarejo por la contratación de la compañía del comisario cuando aún estaba en activo en la Policía.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que González contrató a Villarejo para que hiciera informes de espionaje de rivales suyos en la competencia y que tanto él como Corrochano (ex policía que conocía a Villarejo desde que trabajó con él en la lucha antiterrorista en San Sebastián en los años 70) eran conscientes de su condición policial. Precisamente eligieron su compañía y no otra de detectives, sostienen los fiscales, por la información confidencial a la que tenía acceso por sus contactos en el Cuerpo. Los investigadores consideran que incurrieron en delitos de cohecho y revelación de secretos y que trataron de ocultar la actividad ilegal del comisario en sus trabajos para ellos, para lo que maquillaron facturas.
La contratación tenía el visto bueno del presidente
El ex CEO de la entidad ha tenido que declarar para explicar su firma en el pago de varias facturas para pagar a la empresa de Villarejo, Cenyt. Cano, que en el momento de los pagos era responsable de Medios del banco, ha explicado ante el juez Joaquín Gadea, ante los fiscales Anticorrupción y los abogados de su defensa que firmó los tres primeros pagos a la compañía de Villarejo -de un importe de 270.000 euros fraccionado en tres facturas de 90.000 euros- porque excedieron la cantidad que podía autorizar directamente el área de Seguridad sin pasar por él, así como porque tenían el visto bueno de la presidencia. En ningún caso, ha afirmado, él supo quién estaba detrás de la compañía Cenyt ni sabía de la existencia de Villarejo ni mucho menos que era policía. Fue una contratación que le vino dada por Corrochano, quien a su vez lo había acordado con FG, ha trasladado.
Corrochano dice que no sabía que estaba en la Policía
Corrochano, por su parte, defiende que cuando él contactó con Villarejo para encargarle distintos trabajos para la entidad no sabía que continuaba en activo en el Cuerpo.
En un escrito remitido al Juzgado Central 6, en el que pidió comparecer, afirmó que para él era “inimaginable” que Villarejo continuara vinculado a la Policía cuando no escondía que tenía empresas privadas y tenía relación con miembros de la cúpula policial, con los que comía habitualmente. Éstos deberían haberse alertado de tal situación, venía a decir en el escrito cuyo guion ha repetido este martes en el Juzgado, según fuentes presentes en la declaración.
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