Los miembros de la Sección de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) han trasladado su "profunda preocupación" por la reacción del Gobierno catalán a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a que haya al menos un 25% de clases en castellano en la región, avanzando que se negará a cumplirla. También porque haya "dado apoyo" al equipo directivo del colegio de Canet de Mar (Barcelona) "sin mencionar para nada lo ocurrido con un niño de cinco años al que, en las redes sociales, se proponía aislar en su clase y apedrear su casa" porque sus padres pidieron que cursara el 25% de su educación en castellano.

La mencionada sección del ICAB -que no habla en nombre de todo el Colegio, donde existen posturas diversas al respecto- "entiende que la actitud adoptada por las autoridades de la Generalitat es de extrema gravedad y atenta de modo frontal contra el principio del Estado de Derecho reconocido en el art. 1 de la Constitución y que es un elemento esencial y estructural de todas las democracias, puesto que se niegan a dar cumplimiento a una resolución judicial firme, so pretexto de disconformidad con su contenido", se puede leer en un comunicado emitido este martes al que ha tenido acceso El Independiente.

Afecta a la protección de los menores contra toda forma de violencia y de victimización secundaria

"Por todo ello, esta Sección de Derecho Constitucional se ve en la obligación de hacer pública su profunda preocupación por los graves hechos descritos, que afectan no solo a la esencia misma del Estado de Derecho, sino también a algo tan fundamental en una democracia avanzada como la nuestra como es el garantizar la protección integral de los menores contra toda forma de violencia y de victimización secundaria, principios estos consagrados por nuestro ordenamiento con rango de Ley Orgánica", continúa.

No es habitual que el Colegio de Abogados de Barcelona emita comunicados tan críticos contra el Govern, lo que da cuenta de la gravedad que ven los miembros de la Sección de Derecho de Derecho Constitucional en la actuación del Ejecutivo de Pere Aragonés respecto a este asunto. En todo caso, en la comunicación se deja claro que el comunicado es una nota elaborada por la Sección de Derecho Constitucional del colegio y que la "voz oficial del ICAB se manifiesta a través de su Junta de Gobierno".