La negativa de la Generalitat a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -que obliga a los colegios catalanes a ofrecer al menos el 25% de las horas lectivas en cada una de las lenguas oficiales en esta comunidad, catalán, castellano y aranés- ha abierto una guerra de trincheras en el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). El motivo, el comunicado emitido por la sección de Derecho Constitucional de la entidad en la que conminaba al gobierno catalán a acatar la sentencia.

"Me siento profundamente avergonzado por la comunicación de la sección de Derecho Constitucional" del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) respondía poco después el abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas. El también diputado de JxCat acusaba además de "no respetar" la presunción de inocencia. Otros diputados de JxCat como Josep Rius o Gloria Freixa se sumaron a su queja.

Visto el éxito de su denuncia en las redes, Cuevillas lanzó una campaña de recogida de firmas en contra del comunicado del ICAB. Más de doscientos colegiados se sumaron al texto, en el que denuncian el "profundo rechazo" a un comunicado "estrictamente político alineado con las tesis ultranacionalistas españolas".

Apoyo independentista

El texto de la sección de Derecho Constitucional "es un comunicado político amparado" por el Colegio, añade la denuncia, porque la junta del ICAB no ha emitido ningún comunicado rechazándolo. "Ni contribuye" a rechazarlo, añade exigiendo a la decana del Colegio, María Eugenia Gay, "el rechazo inmediato del contenido y el tono" del comunicado.

La denuncia de Cuevillas obtuvo además el apoyo de todas las organizaciones de juristas pro independendencia de Cataluña. Desde el colectivo Drets, que ha dado apoyo a todas las denuncias contra la actuación del Estado tras el referéndum del 1-O a la Asociación Atenas, que presentó una querella contra Mariano Rajoy y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por no permitir la investidura de Puigdemont desde Bruselas.

Réplica desde Vox

La réplica ha llegado del también colegiado Juan José Aizcorbe, diputado de Vox por Barcelona, que ha abierto una recogida de firmas en favor del comunicado emitido por el ICAB. Comunicado que ya ha recogido el apoyo de casi 600 firmantes.

En el texto defendido por Aizcorbe destacan que los abogados del ICAB "rechazan totalmente la postura del Govern en esta cuestión", esto es, la aplicación de la sentencia del 25% en castellano. Y critican, "sobre todo", el modo en que el gobierno catalán "ha ignorado el acoso a un niño de 5 años de Canet de Mar cuya familia había pedido a la Justicia que recibiera parte de su educación en castellano".

El comunicado emitido hace unos días por la sección de Derecho Constitucional del ICAB tacha de "extrema gravedad" la posición de la Generalitat, que ha conminado a los directores de centros a no modificar sus proyectos lingüísticos tras la ratificación del Tribunal Supremo al criterio del TSJC.

El Govern "atenta" con esta actitud "contra el principio del Estado de Derecho reconocido en el art. 1 de la Constitución y que es un elemento esencial y estructural de todas las democracias, puesto que se niegan a dar cumplimiento a una resolución judicial firme, so pretexto de disconformidad con su contenido" señala este grupo.

Recriminan además al ejecutivo catalán que olvida su obligación de "garantizar la protección integral de los menores contra toda forma de violencia y de victimización secundaria, principios estos consagrados por nuestro ordenamiento con rango de Ley Orgánica».