Cristina Dexeus (Ferrer, Barcelona, 1962) preside la Asociación de Fiscales (AF) mayoritaria en la carrera fiscal y la más batalladora contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cuyo nombramiento considera un "pecado original" que pone en entredicho la imparcialidad y neutralidad del Ministerio Público.

Ejerce su labor como fiscal en Barcelona y atiende a El Independiente poco después de que AF, a la que representa, haya pedido la dimisión de Delgado.

Pregunta: ¿Qué razones os han llevado a hacerlo?

Respuesta: Desde que Delgado está al frente de la institución no se ha corregido un ápice la falta fundamental que achacamos a ese nombramiento, que es su procedencia de la política, de ejercer funciones en el Ministerio de Justicia, en el Consejo de Ministros y como diputada por un partido político. Además de ese pecado original, por así decirlo, después se han ido sucediendo una serie de acontecimientos que no han hecho más que poner de manifiesto que ese nombramiento no era adecuado y pone en compromiso la imagen de imparcialidad y neutralidad que ha de tener el Ministerio Público. Por eso, aprovechando nuestro congreso, pedimos su dimisión.

No ha habido abstención formal y firme de Delgado en los asuntos en los que tenía intervención algún miembro del Gobierno

Las sospechas que teníamos cuando se produjo el nombramiento se han ido confirmando: no ha habido abstención formal y firme por su parte en los asuntos determinantes, en los que tenía intervención algún miembro del Gobierno, algún político. Hay asuntos en los que la fiscal general del Estado ha intervenido cuando consideramos que no debería haberlo hecho. Se han producido situaciones extrañas, como por ejemplo la documentación relativa al caso Stampa. En cuanto a las querellas y denuncias contra el Gobierno por la actuación en el Covid, más allá del contenido que tuvieran éstas, le pedimos que se apartara y que hiciera público y notorio su deber de abstención, que lo pusiera en conocimiento de todos y no delegara en el teniente fiscal (que lo que hacía era asumir las funciones de fiscal general). No lo hizo, el asunto lo llevó el teniente fiscal con el auxilio al parecer de la Secretaría Técnica, que son los fiscales que asesoran al fiscal general del Estado por elección suya. Se han producido un cúmulo de circunstancias que no hacen más que confirmar que Delgado debe dimitir.

P: En el procedimiento sobre Pablo Iglesias que llegó al Tribunal Supremo, pidiendo el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que se le investigara por el caso Dina cuando era vicepresidente del Gobierno, no intervino Delgado.

R: Son esas intervenciones no realizadas de forma transparente. Uno puede decir que no interviene pero está haciéndolo a través de la Secretaría Técnica. Lo suyo sería que hiciera una manifestación por escrito claro en la que dijera: ‘Ha entrado este asunto, no puedo tener conocimiento de él porque estoy afectada por una relación equis que me obliga a abstenerme. Por lo tanto, en este momento y para este asunto no voy a actuar como fiscal general del Estado sino que voy a delegar el asunto en el teniente fiscal del Supremo y que éste asuma la competencia como fiscal general del Estado para ver a quién se lo encarga. Es cierto que, aún así, siempre estará la sombra de la duda, si está por detrás haciendo o dejando de hacer. Ese es el pecado original de este nombramiento. Pero, al menos, de esa forma pondría en conocimiento de manera transparente la situación de un determinado pleito y que no puede intervenir porque está afectada por una causa de abstención, aclarando la imagen del funcionamiento de la Fiscalía General. 

Desde el inicio y muy rápidamente la Fiscalía ordenó actuar a los fiscales en cuanto tuvo conocimiento del fallecimiento de ancianos por un posible comportamiento pasivo

P: Respecto a uno de los asuntos más importantes que ha llegado a la Fiscalía, las denuncias contra los responsables de residencias de ancianos por las muertes durante el Covid, ¿debería haber sido más proactivo en la investigación el Ministerio Público?

R: En este tema es cierto que desde el inicio y muy rápidamente la Fiscalía ordenó actuar a los fiscales en cuanto tuvo conocimiento del fallecimiento de ancianos por un posible comportamiento pasivo. Era un momento tremendamente convulso y complejo. No hubo retraso en iniciar actuaciones. 

P: Otra cosa es cómo se están abordando después, porque apenas se han presentado querellas.

R: Se habrán investigado las situaciones concretas y se habrá llegado a la conclusión sobre si había que actuar o no en base a los indicios de criminalidad. Confío en el trabajo de mis compañeros. 

P: En cuanto a la investigación al Rey emérito que llevan la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción, ¿la Asociación de Fiscales está de acuerdo en que se abriera sabiendo que había pocas posibilidades de presentar querella contra Juan Carlos I por su inviolabilidad y por la prescripción de los delitos?

Había que investigar para confirmar que los periodos se correspondían con la inviolabilidad y prescripción del delito sobre el emérito, no hay ninguna duda al respecto

R: Sobre el fondo de los asuntos en concreto no nos pronunciamos ni respeto al trabajo de los demás fiscales que están estudiándolo. Si había que hacer algún tipo de investigación para confirmar que los periodos se correspondían con la inviolabilidad o prescripción del delito, pues había que hacerlo, no hay ninguna duda al respecto. No se si se va a archivar o no, creo que lo lógico es mantener la prudencia hasta que efectivamente se cierran las investigaciones.

P: El fiscal Ignacio Stampa denuncia que tuvo que abandonar la investigación del caso Villarejo porque Dolores Delgado maniobró para que no recibiera los apoyos del Consejo Fiscal y se quedara sin una de las plazas a las que optó en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Tenéis evidencias de que ha habido una actuación irregular por parte de Delgado?

R: Esto es un tema que llevan directamente los vocales del Consejo Fiscal (aunque pertenezcan a la Asociación de Fiscales). El fiscal Stampa pide una indemnización al Ministerio de Justicia y en ésta hace una serie de afirmaciones. A raíz de esas afirmaciones, la asociación minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) planteó una lista de interrogantes al Consejo Fiscal sobre cómo se habían tramitado los expedientes y las diligencias de investigación internas contra Stampa. La mayoría de esas preguntas, aunque se hubieran formulado al Consejo Fiscal, iban dirigidas directamente a la fiscal general puesto que los vocales ignoraban lo que había pasado.

Lo que dicen los vocales de la Asociación de Fiscales es que para poder saber exactamente qué es lo que ha sucedido y poder contestar al fiscal Stampa en condiciones sobre lo que se les interroga necesitan conocer de primera mano y en su integridad los expedientes. Los necesitan para saber si puede haber verdad en las afirmaciones del fiscal Stampa, quien dice que se ha dilatado el procedimiento o que algunos de los investigados en el caso Villarejo están defendidos por el señor Baltasar Garzón, a la postre compañero sentimental de la fiscal general. Eso es lo que quieren conocer los vocales, no la Asociación de Fiscales. Los vocales defienden que ellos tienen esa legitimación y la obligación de conocer todos los expedientes para saber lo que ha sucedido, para quedarse tranquilos y saber si se ha hecho todo correctamente o no, así como si debió haber una abstención de la fiscal general. Llegados a este punto, la fiscal general ha contestado que sobre el tema de los abogados no va a hablar para nada y que mientras no haya una autorización del fiscal Stampa, no va a aportar la información de los expedientes. A raíz de esta situación, Garzón emitió una carta haciendo una serie de requerimientos sobre las conclusiones a las que se llega en las reuniones de la Asociación de Fiscales y anunciando acciones legales contra esta asociación. 

P: En aquel Consejo Fiscal de nombramientos de 2020, los vocales de la Asociación de Fiscales no apoyaron a Stampa. ¿No tenían ninguna sospecha de que la investigación interna que se le había hecho podía tener irregularidades?

Los vocales del Consejo Fiscal de la Asociación de Fiscales no apoyaron ni a Ignacio Stampa ni a Miguel Serrano

R: Bueno, eso habría que preguntárselo a los fiscales que estuvieron en aquella reunión. Yo creo que en el Consejo Fiscal no había ningún conocimiento más allá de lo que se había anunciado en prensa, diría que por el teniente fiscal Luis Navajas, sobre la situación en la que estaba el señor Ignacio Stampa. Los vocales del Consejo Fiscal de la Asociación de Fiscales no apoyaron ni a Ignacio Stampa ni a Miguel Serrano [el otro fiscal del caso Villarejo] no porque existiera expediente interno contra ellos, que no se sabía. Una cosa es cómo se hayan tramitado los expedientes o las diligencias de investigación relativas al fiscal Stampa y otra cosa es su nombramiento.

En aquel momento había mucho ruido mediático alrededor del asunto y de los fiscales que lo llevaban. Era un tema que causaba zozobra en los vocales de la AF porque parecía que el caso giraba, en lugar de alrededor de Villarejo y del resto de investigados, de los fiscales. Eso no parecía bueno para el fin de la causa. Estaba descentrando la atención de lo que debía ser y estaba saliendo todos los días en prensa material del asunto cuando lo que hacía falta era que siguiera su cauce y no se centrara la atención en los fiscales. 

P: Tras el fallecimiento del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, Delgado tiene que nombrar a los miembros de la cúpula fiscal, aunque ya estaba previsto. ¿Cuál sería el procedimiento adecuado y garantista?

R: Estaba tan previsto que ha salido publicada en el BOE la plaza del teniente fiscal. Y esa plaza tiene que pasar por el Consejo Fiscal como cualquiera de las de libre designación, que no son plazas que elija la fiscal general a diferencia de lo que ocurre con la Secretaría Técnica, su organismo de asesoramiento. El teniente fiscal del Supremo es elegido por la fiscal general del Estado pero tras oír al Consejo Fiscal. Estatutariamente está previsto por lo que no se puede obviar el cauce.

P: Como fiscal en Cataluña, ¿ve que hay problemas para cubrir las plazas de fiscal en la región como ocurre con los jueces por la presión independentista y el problema de la lengua catalana?

La crispación alrededor de la Administración de Justicia de Cataluña resulta molesta y ha sido cada vez más estridente y la presión más grande

R: En la Fiscalía no es tan evidente como en el caso de los jueces, que tienen más ofertas para poder marcharse porque hay más concursos anuales y más órdenes jurisdiccionales. En nuestro caso, el número de concursos es muy reducido y hay pocas posibilidades de marcha. La estabilidad en la plantilla es muy poca. Los compañeros fiscales no se establecen en Cataluña, si hay posibilidad de marcharse al lugar de origen, se marchan. Eso se produce por dos situaciones: el cuerpo opositor catalán es reducido y la situación en Cataluña no es amable. En absoluto llama para formar aquí una vida estable con visos de futuro. La situación no es cómoda desde hace años. El punto álgido fue en 2017 pero recordemos 2018, 2019, cuando salió la condena del procés. Hay que establecer incentivos para potenciar la estabilidad de las plantillas. 

P: ¿Os sentís en el ojo de las críticas del Gobierno catalán los trabajadores de la Justicia?

R: Evidentemente no somos objeto de crítica positiva. A veces ni siquiera de la crítica sana de un Estado de Derecho o de una democracia, donde lo lógico es que se puedan dar opiniones diversas. En ocasiones se nos dirigen esas críticas por formar parte de una institución del Estado. La crispación alrededor de la Administración de Justicia de Cataluña resulta molesta y ha sido cada vez más estridente y la presión más grande. Eso incomoda más que ejercer el cargo en otra comunidad autónoma donde se tiene a la Administración de Justicia como un actor necesario y como una institución con aprecio por su labor.