El "autocomplaciente" balance político del año que termina realizado por Pedro Sánchez, tal y como lo definen sus propios socios de Gobierno, no es más que un paréntesis de una andanada a inaugurar a partir de la segunda semana de enero, una vez vuelva el Ejecutivo de sus vacaciones navideñas. Y es que en contra de los compromisos adquiridos en su momento, han quedado por el camino, tal y como adelantó El Independiente, una serie de leyes que Unidas Podemos quería haber visto aprobadas antes de fin de año.

Este mismo martes lo decía el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens. El también líder de los Comunes en la Cámara baja, avisaba al presidente del Gobierno que ahora toca "avanzar en la agenda social, territorial y democrática", según afirmó en una entrevista en Europa Press.

Se refiere Asens, entre otras cosas, a la ley de Vivienda y a la ley Trans, también a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, para lo que hay que volver a reunir a la mesa de diálogo social. Habla asimismo de la reunión la mesa de diálogo con la Generalitat. Gobierno central y autonómico negociaban una nueva convocatoria para enero, aunque Moncloa parece dar largas a esa posibilidad bajo el argumento de estar ahora más centrado en la gestión de la sexta ola que, realmente, ha dejado en manos de las Comunidades.

La ley de vivienda está a la espera del informe del CGPJ

En un sector de Podemos hay cierta sensación de estafa. Desde el ministerio de Raquel Sánchez aducen que el retraso en la Ley de Vivienda "es de carácter administrativo no político". Explican que están a la espera de recibir el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial. "No hay conflicto, no se están planteando cambios, el texto está pactado, no va con cambios sustanciales respecto a lo que ya estaba, otra cosa es que en el trámite parlamentario se abran otros melones".

Pero lo cierto es que desde Unidas Podemos subrayan que el proyecto de Ley no fue remitido al CGPJ hasta principios de diciembre a pesar de que el texto pasó por el consejo de Ministros, en primera lectura el 26 de octubre. A pesar del retraso, medidas como el Bono Joven se aplicarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022.

La Ley Trans es otro asunto que los morados quieren ver sobre la mesa del Gobierno en cuanto vuelvan de las vacaciones navideñas. En su caso es aún más inexplicable porque el informe del anteproyecto es de junio de este año. Sánchez no ha hecho alusión a este asunto en su balance del año, pero para el Ministerio de Irene Montero es prioritario.

Díaz pondrá la proa a partir de enero en la subida del SMI

En la agenda de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, está la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero antes se ha creído conveniente dejar descansar a sindicatos y patronal tras nueve meses de negociación, con jornadas de hasta 13 y 14 horas, de la reforma laboral

Significa que si el sector socialista del Gobierno tenía intención de volcarse sólo en los apoyos parlamentarios a esa ley y tomar un descanso, no parece que esa sea la intención de los morados, que quieren poner en valor su presencia en el Ejecutivo.

En cuanto al balance que realizó este miércoles Pedro Sánchez era de esperar por sus socios "el tono optimista, la confianza en el país, en los agentes sociales" y agregan que "se nota ya la pluma del equipo de Moncloa, más acorde con la cultura PSOE y menos efectismo que con Iván Redondo, con un mensaje más político, pero en el fondo lo previsible". Nada que objetar una vez que la vicepresidenta segunda capitalizó el martes la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que aprobó el decreto ley de la reforma laboral.

Aparentemente, sigue en vigor la tregua firmada en la crisis de noviembre, precisamente a cuenta del papel de Nadia Calviño en esa reforma, pero el sector morado no quiere que sea a costa de dejar sus proyectos por el camino.