La Fiscalía tiene "prácticamente listo" el informe con el que archivará las diligencias de investigación abiertas a Juan Carlos I en junio de 2020 por su fortuna en el extranjero no declarada en España. Un carpetazo ante el que el Rey emérito se encuentra expectante en Emiratos Árabes Unidos y del que depende, según han trasladado a El Independiente fuentes próximas al exjefe de Estado, su vuelta a España.

A falta de recibir un informe de la Agencia Tributaria sobre los pagos que hizo a Hacienda para evitar que se le investigara por no declarar el dinero que recibió y manejó en cuentas suizas una vez había abdicado, el documento del Ministerio Público que ha redactado el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón ya está hilvanado a la espera de introducir las conclusiones de la Agencia Tributaria, que también llegarán en los próximos días, precisan fuentes fiscales a este diario.

El final de las investigaciones deja expedito el camino al emérito, que cumplió el jueves los 84 años y que reside desde hace 17 meses en Abu Dabi, bajo invitación del príncipe heredero y líder "de facto" de Emiratos, Mohamed bin Zayed al Nahyan. Juan Carlos así lo considera abiertamente. "Estoy muy bien, y esperando que a doña Dolores se le ocurra cerrar el caso", le ha reconocido a Raúl del Pozo en la escueta respuesta a un mensaje de felicitación enviado por el periodista con motivo de su cumpleaños y desvelado este viernes en Onda Cero.

"Sabe que no va a tener ningún papel público"

El emérito se refiere a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ex ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes cercanas al exjefe del Estado, consultadas por este diario, no albergan dudas sobre su retorno. "Va a venir seguro", subrayan. "Y tiene asumido que no va a volver a tener ningún papel en la vida pública del país", advierten. Juan Carlos I, que tiene su principal apoyo en sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y un grupo de empresarios con décadas de amistad a sus espaldas, no quiere ser un "estorbo" para su hijo.

Tampoco cuenta con establecerse en La Zarzuela o en ninguna otra propiedad de Patrimonio Nacional -entre las que se cuentan El Pardo o los palacios Reales de Madrid, Aranjuez o La Granja de San Ildefonso (Segovia), entre otros-. Menos aún en el palacio mallorquín de Marivent, residencial estival de la familia real cuya titularidad recae en la comunidad autónoma de Islas Baleares, o en el Palacio Real de Pedralbes, ubicado en el centro de Barcelona y que fue residencia de la familia real en sus visitas a la ciudad condal durante la década de 1920. Hoy alberga la sede del secretariado de la Unión para el Mediterráneo.

Felipe VI y Juan Carlos I es una imagen de archivo

Sus planes pasan por, al calor de unos amigos y lejos de la vida cortesana, instalarse en el norte de Portugal, cerca de la localidad fronteriza de Bayona. Una posición idónea desde la que, cuando le plazca, poder realizar viajes cortos a Madrid y alojarse en la residencia de su hija Elena.

"Quiere estar tranquilo y tener cierta seguridad", reconocen las citadas fuentes sobre el destino del hombre que reinó durante cerca de cuatro décadas hasta su abdicación en junio de 2014. Juan Carlos, a quien le fue retirada la asignación pública en marzo de 2020, dispone de cuatro asistentes personales cuyo coste, tanto en sueldos como desplazamientos, es asumido por Patrimonio Nacional a petición de la Casa del Rey.

El emérito es consciente de que "le ha hecho daño a la monarquía"

En el análisis de los acontecimientos que precipitaron su renuncia al trono hace siete años, el emérito es consciente de que "le ha hecho daño a la monarquía". Aspira a mantenerse lejos de los focos -como le ha brindado hasta ahora la discreción absoluta de Emiratos- y permitir la misión de su hijo Felipe VI, que trata de recuperar el terreno perdido por los escándalos y las investigaciones judiciales.

A fijar el calendario de regreso del emérito puede contribuir la celebración del día de España en la exposición universal de Dubái, el emirato vecino de Abu Dabi. La jornada se celebra el 2 de febrero y, según indican fuentes emiratíes a este diario, contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La visita de Felipe VI es la gran incógnita. La coincidencia geográfica con Juan Carlos es un contratiempo que las autoridades quieren evitar a toda costa.

Los motivos de archivo

Los argumentos del equipo de fiscales de "la más alta cualificación" a los que la fiscal general Dolores Delgado encomendó la tarea más "delicada" de la historia de la Fiscalía, como han descrito los propios investigadores, justificarán que no se presente querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el exjefe del Estado.

La Fiscalía dio por hecho en octubre que archivaría sus diligencias pero pidió una prórroga de seis meses para recibir toda la información de Suiza y Jersey (paraíso fiscal donde el emérito manejó fondos) para poder tomar una decisión con todas las garantías. El entorno del emérito considera, sin embargo, que se trata de una estrategia de dilación para evitar que volviera a España en Navidad.

Las razones para archivar que fuentes del Ministerio Fiscal avanzaron entonces fueron la jurisprudencia sobre la inviolabilidad del rey emérito después de su abdicación en 2014, que se considera un aspecto «fundamental»; la prescripción de los de los posibles delitos fiscales y de cohecho de los que habrían visto indicios en las actuaciones del emérito, así como la veracidad y completitud de las regularizaciones presentadas por su defensa, pagando más de 5 millones de euros para evitar dos investigaciones fiscales por las donaciones millonarias que disfrutó y no declaró. Este último aspecto es el que debe aclarar la Agencia Tributaria.

Juan Ignacio Campos pudo ver los avances

El equipo de fiscales del Tribunal Supremo y el fiscal jefe Anticorrupción Luzón han trabajado en un "minucioso" recorrido por la investigación desarrollada durante este tiempo en el que quedará claro, según explicaron fuentes fiscales en octubre a este diario, "qué diligencias se han solicitado y cómo se han practicado". Entre ellas, comisiones rogatorias a otros países, declaración de testigos e intercambio de información con el fiscal suizo Yves Bertossa que investigó a la examante del emérito Corinna Larsen y los arquitectos fiscales Dante Canonica y Arturo Fasana.

El recién fallecido teniente fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, a pesar de que estuvo de baja convaleciente por una grave enfermedad y tuvo que ser operado, pudo leer el grueso del trabajo sobre el emérito.

Las diligencias que la Fiscalía abrió en junio de 2020 se han desplegado en tres líneas: la primera, por si Juan Carlos I pudo cobrar una comisión millonaria del rey saudí Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd por mediar en la adjudicación de un contrato de ampliación del AVE a la Meca a empresas españolas. Una vía de investigación que pronto se vio muerta porque la entrega de los 100 millones de dólares fueron un "regalo" del rey saudí y porque los hechos ocurrieron en 2009, cuando Don Juan Carlos estaba protegido por la inviolabilidad como jefe de Estado.

La segunda línea de investigación se abrió una vez se supo que el emérito pudo utilizar a su ayudante de campo el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga para recibir fondos del empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause con los que pagar gastos suyos y de otros miembros de la familia real superiores a 120.000 euros anuales y no declararlos a Hacienda después de abdicar. Por último, los fiscales también analizaron un aviso de Sepblac sobre una fortuna en el extranjero (isla de Jersey) de la que el emérito pudo ser beneficiario y tampoco habría declarado.

Archivadas las diligencias, el último campo de batalla está en Londres, en la demanda presentada por Corina en un juzgado por presunto acoso, seguimiento ilegal y difamación. Primero, la justicia británica debería dirimir a lo largo de este mes si el emérito goza de inmunidad o no. La defensa del emérito arguye que “a pesar de su abdicación, es un soberano o jefe de Estado de España en el sentido de la Ley de Inmunidad del Estado de 1978” del Parlamento británico.