El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha nombrado número dos a una funcionaria que ocupaba hasta ahora una subdirección general en Hacienda y Función Pública, el ministerio al que está adscrita orgánicamente la autoridad independiente encargada de promover la transparencia de la actividad en las administraciones públicas.

Ana Mercedes Caballud Hernando ha sido la elegida para ocupar como cargo de libre designación la Subdirección General de Transparencia y Buen Gobierno en sustitución de Javier Amorós, que, como informó El Independiente, dejó el cargo el pasado 13 de diciembre para asumir un puesto en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Concretamente, la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y Servicios Digitales, dependiente de la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster universitario sobre liderazgo y dirección pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Caballud Hernando pertenece al cuerpo superior de administradores civiles del Estado desde 1992, desarrollando desde entonces una larga carrera en diversos ministerios, como los de Justicia, Industria y Administraciones Públicas.

Desde 2015, la flamante número dos del CTBG estaba al frente de la Subdirección General de Organización y Procedimientos, una de las cinco unidades que integran la Dirección General de Gobernanza Pública junto a las de Inspección general de servicios de la Administración General del Estado, Transparencia y atención al ciudadano, Gobernanza en materia de registros y Gobierno abierto.

Dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública, la Dirección General de Gobernanza Pública es el órgano directivo del Ministerio de Hacienda y Función Pública encargado de impulsar los planes de transparencia y la gestión del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, entre otras competencias. Ana Mercedes Caballud apenas ha coincidido unos días con la nueva directora general de Gobernanza Pública, puesto que Clara Mapelli Marchena fue nombrada el pasado 21 de diciembre en sustitución de Olivié Bayón.

Puesto clave

En su artículo 4, el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno establece que esta autoridad administrativa independiente "está adscrita orgánicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas", hoy denominado Hacienda y Función Pública tras la reestructuración llevada a cabo el pasado verano por Pedro Sánchez. Caballud Hernando, de esta forma, seguirá vinculada al mismo ministerio.

La Subdirección General de Transparencia y Buen Gobierno, con una remuneración cercana a los 90.000 euros brutos anuales, es un puesto clave en la estructura del CTBG. Entre las funciones que le encomienda el estatuto figuran las de supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa por parte de todas las administraciones y entidades públicas e instar el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan en los supuestos de incumplimiento de dicho deber.

La Ley de transparencia describe como infracción grave tanto el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa como no resolver en el plazo establecido. La sanción sólo alcanza a los funcionarios -no a los altos cargos de libre designación, como ministros, secretarios de Estado o alcaldes- y su aplicación corresponde a la Administración incumplidora, lo que en la práctica convierte el precepto en papel mojado. Ello explica que no se haya registrado un solo caso desde que la norma está en vigor.

Ana Caballud ocupaba una subdirección en Gobernanza Pública, dirección general adscrita a Hacienda y Función Pública

El relevo en la Subdirección de Transparencia y Buen Gobierno se produce en un momento de inflexión para el CTBG. La entidad ha comenzado a ejecutar un plan estratégico (2022-2025) en el que se ha marcado objetivos renovados y nuevas líneas de actuación tras la experiencia de los primeros seis años de funcionamiento y la llegada de un nuevo responsable a la presidencia (José Luis Rodríguez Álvarez) en octubre de 2020.

El documento señala dos "metas fundamentales". Una es acabar con la "evidente precariedad de medios humanos y materiales", circunstancia que -según Transparencia- "le impide cumplir con plena eficacia" todas las tareas que tiene asignada. La plantilla de trabajadores es prácticamente la misma que con la que echó a andar, pese al formidable incremento de las reclamaciones constatado en este periodo.

La consecución de esos objetivos pasan por un aumento del presupuesto, lo que se ha visto traducido en las cuentas aprobadas para 2022. Así, Transparencia dispondrá de 647.100 euros más para gestionar al pasar de una asignación de 2.386.010 a 3.033.110 euros, lo que supone un incremento superior al 25 %.

De cumplirse el cronograma previsto, durante el primer trimestre del año se actualizaría el estudio de cargas de trabajo del CTBG, cuyos resultados determinarán la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La intención es enviar esa nueva estructura de personal a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) antes del próximo 30 de abril como paso previo a demandar los recursos presupuestarios necesarios para financiarla. La convocatoria y realización de las pruebas selectivas tendrían lugar durante los primeros nueve meses de 2023, con la previsión de que los nuevos efectivos se incorporen a sus puestos entre mediados de octubre y finales de diciembre de 2023.