La vicepresidenta Yolanda Díaz ha desoído la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le instaba a facilitar el número de expedientes que eventualmente hubiera tramitado la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por apreciar condiciones de esclavitud en explotaciones agrícolas durante las visitas realizadas en 2020. La detección de este posible delito contra los derechos de los trabajadores fue una de las instrucciones que la dirección del organismo estatal dio expresamente a sus jefaturas provinciales en dicho ejercicio, lo que motivó un enorme malestar entre las organizaciones agrarias al entender que se proyectaba una sombra de duda que no se correspondía con la realidad del campo español.

El pasado 11 de mayo, este redactor dirigió al Ministerio de Trabajo y Economía Social una solicitud de información al amparo de la Ley de transparencia a fin de conocer el resultado de la campaña de control en el sector agrícola llevada a cabo por la Inspección en 2020 y el importe económico de las sanciones económicas que se hubieran podido imponer por prácticas similares a la esclavitud. El plazo de respuesta comenzó a computar al día siguiente, por lo que el departamento que dirige Yolanda Díaz tenía de margen hasta el 12 de junio para contestar.

El ministerio, sin embargo, optó por la desestimación a través del silencio negativo. Fue cuatro meses y medio después de que hubiera inadmitido idéntica solicitud de información pública con el argumento de que las actuaciones por las que se preguntaba no habían concluido aún. "Todavía no es posible facilitar los datos estadísticos solicitados", justificó el entonces director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Héctor Illueca, en una respuesta fechada el 29 de enero de 2021.

Expirado el plazo sin que se ofreciera respuesta a la segunda petición, el pasado 17 de junio se interpuso reclamación ante el CTBG. La autoridad independiente encargada de promover la transparencia de la actividad pública estimó el 9 de diciembre la protesta, otorgándole diez días hábiles al Ministerio de Trabajo y Economía Social para que facilitara los datos ante los que había decidido guardar silencio.

De entrada, Transparencia afea al departamento que dirige la vicepresidenta segunda en su resolución que no hubiera respondido a su requerimiento para que formulara alegaciones antes de emitir su pronunciamiento. "Este proceder dificulta el cumplimiento de la función encomendada a esta autoridad administrativa independiente, al no proporcionarle los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información con el fin de que pueda valorar adecuadamente las cuestiones planteadas por el reclamante y las razones que eventualmente se oponen al acceso", razona.

Es "información pública"

Respecto al fondo del asunto, el CTBG concluye que la información solicitada "reúne la condición de información pública" tal como se concibe en el artículo 13 de la Ley de transparencia -"los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones"- y no aprecia que concurra ninguna causa de inadmisión ni límite alguno al derecho de acceso, como demuestra el hecho de que la Administración no los invocó.

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Trabajo y Economía Social tenía hasta el 24 de diciembre para obedecer la resolución del Consejo de Transparencia, sin que la haya ejecutado en plazo. Ello motivó que la autoridad independiente enviara un oficio el pasado 27 de diciembre a la Unidad de Información y Transparencia del citado ministerio reiterándole la necesidad de cumplir "de forma inmediata" lo señalado en la parte dispositiva de la resolución emitida el pasado 9 de diciembre.

Pese a esta insistencia, Yolanda Díaz sigue sin proporcionar los datos requeridos. Su departamento tiene dos opciones: recurrir el pronunciamiento del CTBG ante la jurisdicción contencioso-administrativa -para lo que tiene de plazo hasta la segunda semana de febrero- o desoír definitivamente la resolución de Transparencia y desobedecerla sin más. La ley no incluye sanciones para esos casos, por lo que no acarrearía más consecuencia que figurar en el listado que el Consejo de Transparencia difunde en su web con los incumplimientos.

Los inspectores de Trabajo tenían órdenes expresas en 2020 de detectar en sus visitas posibles casos de "esclavitud"

La opacidad exhibida por el departamento que comanda la vicepresidenta Yolanda Díaz ante esta solicitud de acceso a la información pública impide conocer oficialmente si la Inspección de Trabajo ha acreditado que empresarios agrícolas explotan a trabajadores en régimen de esclavitud, como parecía sospechar la dirección del organismo estatal al emitir instrucciones expresas a las inspecciones provinciales.

Con vistas a las campañas agrícolas mayo/junio 2020, los inspectores tenían la obligación no sólo de vigilar el cumplimiento en materia de Seguridad Social y comprobar si los patrones ponían a disposición de los jornaleros Equipos de Protección Individual (EPI), medios de higiene personal o qué medidas adoptarían en caso de contagio o sospecha por covid-19. El objeto último era "garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores" y "salvaguardar" su dignidad frente a posibles agresiones y abusos.

Para facilitar la actuación, se facilitó a los inspectores un formulario tipo en el que se incluían 17 puntos que les servirían para detectar sobre el terreno si un trabajador estaba siendo víctima de trata o de explotación laboral, tanto por los signos de violencia física o verbal que pudieran manifestar como por las restricciones a la libertad de movimientos o a las comunicaciones con su entorno y con sus familias que pudieran intuir.

"¿Presencia de guardianes?"

"¿Presenta el trabajador indicios de malos tratos, como magulladuras? ¿Está encerrado en el lugar de trabajo? ¿Hay signos visibles que indiquen que no puede abandonar el lugar de trabajo, como alambradas o la presencia de guardianes u otras limitaciones de este tipo? ¿Se amenaza al trabajador para que no abandone el lugar de trabajo?", eran algunas de las preguntas incluidas en el cuestionario, concebido como orientación en las visitas a las explotaciones agrarias.  

"Su objetivo es la posible detección de supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y constituyen ilícitos penales, en especial casos de explotación laboral y de trata de seres humanos para la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre", justificaba la guía.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA se apresuraron a criticar esta campaña de inspección, lamentando que desde la Administración se pudiera trasladar la idea de una situación generalizada de maltrato físico al trabajador cuando los casos son "muy aislados". "Podían mirárselo bien y empezar por sus compañeros de partido, que son los que no pagan la Seguridad Social", declaró el presidente de Asaja, Pedro Barato en alusión a Pablo Echenique. El secretario de Organización de Podemos fue multado en 2017 por no cotizar por su asistente personal.