El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estimó el pasado año 431 reclamaciones interpuestas por la ciudadanía contra el Gobierno por no ofrecerle la información solicitada o proporcionarla de manera parcial, una cifra que representa un incremento del 11,37 % respecto a las 387 de 2020. Los ministerios de Sanidad e Interior fueron los que más resoluciones en contra recibieron en dicho periodo.

Un año más, el Ejecutivo de Pedro Sánchez recurrió en multitud de ocasiones al silencio administrativo, invocó alguna de las causas de inadmisión que prevé la Ley de transparencia, esgrimió límites al derecho de acceso que no concurrían, facilitó información de forma parcial o argumentó que los datos solicitados eran materia clasificada, no eran públicos o estaban protegidos para no entregarlos, lo que motivó la presentación de centenares de reclamaciones ante la autoridad independiente que promueve la transparencia en la actividad pública.

El escalafón lo encabeza Sanidad, que desplaza de la primera posición a Interior. El CTBG amparó 76 reclamaciones contra el departamento que dirige la socialista Carolina Darias, 29 más que el año anterior. Gran parte de los asuntos por los que se requirió sin éxito información a este ministerio tenían que ver nuevamente con la gestión de la crisis sanitaria provocada por la covid-19, como ya ocurrió en 2020.

El proceso de vacunación de los miembros del Gobierno, los criterios seguidos para el reparto de los sueros entre las comunidades autónomas, la carta enviada a la Generalitat de Cataluña sobre la inmunización de los guardias civiles y policías nacionales destinados en dicha comunidad, los informes para confinar a los niños durante el estado de alarma, los datos de camas ocupadas por pacientes con coronavirus desde el inicio de la pandemia desglosados por centros hospitalarios, las actas de las reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o algunas de las compras de material de protección frente al coronavirus fueron algunas de las cuestiones que motivaron solicitudes de información pública a dicho ministerio y que inicialmente fueron desestimadas por la vía del silencio administrativo o no satisficieron a sus peticionarios.

La opacidad de Interior

Con 71, cuatro menos que en 2020, Interior fue el segundo ministerio que más resoluciones en contra recibió el pasado año por parte del Consejo de Transparencia. Las órdenes dadas a los agentes para hacer cumplir las medidas sanitarias para evitar la expansión del virus, las fiestas ilegales detectadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde que se declaró la pandemia, las amenazas recibidas por miembros del Gobierno, la detención de personal de seguridad del candidato de Podemos (Pablo Iglesias) a la Asamblea de Madrid o los datos de ocupación en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) fueron el contenido de algunas de las peticiones.

Hasta el 31 de octubre, el departamento que comanda Fernando Grande-Marlaska no había cumplido 12 de las resoluciones que había estimado el CTBG. Gran parte de esas reclamaciones se referían a aspectos relacionados con la política migratoria, como los migrantes irregulares trasladados desde Canarias, los 'sin papeles' deportados o el número de internos en los CIE. Interior tampoco ha dado a conocer la retribución del director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad en 2020, pese al "plazo máximo" de diez días hábiles que le concedió Transparencia a finales del pasado mes de septiembre.

Sanidad desbanca a Interior y fue el pasado año el ministerio que más resoluciones en contra recibió de Transparencia

Los ciudadanos encontraron también amparo por parte del Consejo de Transparencia al menos 63 veces al no ver atendidas las peticiones de información que dirigieron el pasado año a Presidencia del Gobierno (49 a la secretaría general y 14 al ministerio), reacia a facilitar datos -por ejemplo- sobre el coste de las vacaciones estivales de Pedro Sánchez y su familia en el Palacio de las Marismillas (Doñana, Huelva).

También fueron desestimadas por silencio administrativo otras solicitudes dirigidadas a La Moncloa, como los gastos de presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la información enviada a la Comisión Europea sobre las reformas laboral y de las pensiones, el coste de los retratos a ex presidentes del Gobierno o los informes técnicos en los que se apoyaba el Ejecutivo para cuestionar los datos ofrecidos por la Comunidad de Madrid sobre la incidencia del coronavirus.

Completan el listado Hacienda y Función Pública (38, incluyendo las relativas a organismos adscritos a este ministerio funcionalmente con la SEPI o la corporación RTVE); Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (29); Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (18); Trabajo y Economía Social (17); Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y Asuntos Económicos y Transformación Digital (15); Cultura y Deporte, y Justicia (14); Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Defensa (9); Derechos Sociales y Agenda 2030 (8); Igualdad, y Política Territorial (7); Industria, Comercio y Turismo (6); Agricultura, Pesca y Alimentación (5); Universidades, Ciencia e Innovación, y Educación y Formación Profesional (3) y Consumo con una.

Desglosado por meses, fue febrero (46) cuando más resoluciones estimatorias dictó el CTBG, seguido de julio (44) y mayo (40). Les siguieron agosto (38); septiembre (37); abril y octubre (36); marzo (33); enero, junio y diciembre (32), y noviembre (28).

Resolución tardía de reclamaciones

El balance de 2021 pone de manifiesto no solamente la reiteración con la que la Administración General del Estado sigue dando la espalda a solicitudes de acceso a la información pública en las que no concurre límite alguno, lo que deja al desnudo el discurso del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la supuesta transparencia que preside la acción de su gobierno.

El repaso a las resoluciones del CTBG también permite constatar cómo el incremento notable de las reclamaciones recibidas el pasado año -1.018 hasta finales de noviembre, frente a las 949 contabilizadas en todo 2020- y el hecho de que la plantilla de esta autoridad independiente se mantenga prácticamente congelada desde que echó a andar está provocando que se resuelvan aquéllas excediendo holgadamente el plazo de tres meses que la ley le otorga.

Un botón de muestra es la reclamación que la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) presentó el pasado 24 de mayo, después de no haber obtenido respuesta por parte del Ministerio de Sanidad a la solicitud con la que pretendió acceder a las actas y acuerdos de la comisión permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud desde enero de 2020 a abril de 2021. El CTBG no dictó su resolución estimatoria hasta el pasado 10 de diciembre, seis meses y medio después.