La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de retirar el informe favorable a la Ley de Vivienda supone un nuevo varapalo para el Gobierno de coalición, que negoció nada menos que durante un año este texto y alcanzó un consenso con muchas dificultades. Ha sido Unidas Podemos la primera en reaccionar ante esta decisión para expresar su rechazo a los "retrasos injustificables" de la que es, dicen, "una de sus leyes estrella negociada en primera persona por la ministra de Derechos Sociales", Ione Belarra.

La nueva Ley, que iba a pasar el próximo martes por la mesa de Consejo de Ministros, sufre así un nuevo retraso, ya que si bien el informe del CGPJ es preceptivo pero no vinculante, lo lógico es que se espere para su redactado final. De hecho, la ley no se aprobó en diciembre pasado precisamente porque se estaba a la espera del dictamen de este órgano consultivo, cuyo ponente ha sido Álvaro Cuesta, que fuera destacado dirigente socialista y durante muchos años diputado del PSOE.

"Tras conocer que el CGPJ ha decidido posponer su informe sobre la ley estatal de vivienda hasta el pleno del próximo 27 de enero, en Unidas Podemos se muestran preocupados por los retrasos injustificables a una ley que tiene que dar respuesta a la emergencia habitacional que vive nuestro país", reza un comunicado dado a conocer por la formación morada.

PSOE y Podemos negociaron durante un año esta ley tras profundas discrepancias

Esta ley, que permite "por primera vez la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos, pone freno a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables o prohíbe la venta de vivienda protegida, es una de las leyes estrella de los morados", subraya el socio minoritario del Gobierno.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana ha puesto el acento en el carácter no vinculante del informe de CGPJ, pero ha confirmado que la tramitación de la ley se pospone. En todo caso, señalan fuentes de este departamento que la "ley será una realidad que llegará pronto al Parlamento para su aprobación definitiva y contará con todas las garantías y plena seguridad jurídica".

La petición del informe era preceptiva puesto que modifica tres artículos de la ley de enjuiciamiento civil y si bien, "respetamos la decisión del CGPJ" lamentan "el retraso en la tramitación de una norma que garantiza derechos y que aporta soluciones a los importantes problemas habitacionales de muchos españoles. Es urgente y necesaria la aprobación de la que será la primera ley de vivienda de la democracia, cuya importancia también conlleva complejidad en su tramitación".

Además defienden, contra la opinión de Unidas Podemos, que el Ministerio ha cumplido con todos los requisitos y plazos, de modo que el informe se solicitó el pasado 1 de diciembre, por trámite de urgencia, para que fuera emitido en el plazo de 15 días.

En todo caso, fue este un texto en el que nunca creyó el PSOE, reacio a intervenir directamente en el precio del mercado del alquiler y defensor de la vía de los los incentivos fiscales. De ahí que la negociación se alargara un año entre el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, e Ione Belarra, primero en calidad de secretaria de Estado y más tarde como ministra cuando sustituyó a Pablo Iglesias.

El acuerdo no fue posible en época de José Luis Ábalos como ministro de Transportes sino que se alcanzó ya con su sustituta, Raquel Sánchez, aunque la negociación la acabó pilotando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

"Secuestrado por el PP"

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha lanzado que el CGPJ "secuestrado por el PP" debería "disolverse" y "no dilatar de modo ilegítimo" la aprobación de la nueva Ley de Vivienda.

"Con el mandato caducado, el CGPJ lleva 3 años secuestrado por el PP. Lo que debe hacer es disolverse, no dilatar leyes necesarias de modo ilegítimo", ha apuntado Asens en Twitter, que en ocasiones anteriores ha cargado contra el PP por bloquear la renovación de este órgano judicial.

Mientras, el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Pablo Echenique, advierte de lo que implica "en términos democráticos". En IU, uno de los integrantes de su Ejecutiva, Carlos Sánchez Mato, ha recriminado al órgano de gobierno de los jueces de ejercer como "abogado defensor de los grandes propietarios.