El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) recibió el pasado año 1.086 reclamaciones contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, una cifra que representa un incremento del 14,43 % respecto a la actividad registrada en 2020. Ese ejercicio, marcado por la suspensión temporal de plazos tras declararse la pandemia, ya se había saldado con un ligero repunte si se compara con 2019.

A la luz de los datos difundidos por la autoridad independiente que promueve la transparencia en la actividad pública, las reclamaciones contra la Administración General del Estado presentadas desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018 suman ya 3.721 (a razón de 2,8 al día), el 70,47 % de todas las recibidas por este organismo desde que echó a andar en 2015 (5.280). El desglose es el siguiente: 759 en 2018, 927 en 2019, 949 en 2020 y 1.086 en 2021.

Desde que existe el Consejo de Transparencia, nunca antes se había registrado tantas peticiones de amparo de ciudadanos que llamaron a su puerta después de que ministerios y empresas públicas estatales hubieran respondido a sus solicitudes de derecho de acceso a la información pública con silencio administrativo, invocando alguno de los límites o causas de inadmisión previstos en la Ley de transparencia o contestándoles de forma parcial. En términos absolutos, se han contabilizado 137 reclamaciones más que en 2020 (949).

Esta tendencia de crecimiento es mucho más acusada aún en el caso de las administraciones territoriales con las que el CTBG tiene convenio: Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Principado de Asturias, La Rioja, Ceuta, Melilla y Madrid, comunidad ésta que cuenta desde noviembre con su propio organismo. Con datos referidos hasta el 30 de noviembre, las reclamaciones en este bloque habían aumentado un 49,27 % (de 755 a 1.127).

En el caso de la Administración General del Estado, las reclamaciones supusieron el 44,2 % de las entradas en 2020 al CTBG, sólo superadas por las informaciones al ciudadano (1.274). La autoridad administrativa independiente también recibió 55 consultas sobre la aplicación de la ley y tramitó 43 quejas y sugerencias.

Los datos reflejan claramente el incremento de actividad que viene soportando el Consejo de Transparencia, como revela el hecho de que en 2021 se duplicó el número de reclamaciones formuladas en 2015 (517). Pese al formidable aumento de la carga de trabajo, la plantilla sigue siendo prácticamente la misma, lo que está provocando que el organismo resuelva los expedientes más allá de los tres meses que prevé como máximo la ley.

Las reclamaciones contra los diferentes ministerios -con Sanidad, Interior y Presidencia encabezando un año más el escalafón- oscilaron entre las 60 de agosto y las 122 de marzo. Hubo otros tres meses en los que también se superó el centenar: febrero (109), mayo (106) y noviembre (102).

Casi la mitad de las reclamaciones contra ministerios y entes estatales resueltas por Transparencia el año pasado fueron estimatorias

Durante 2021, Transparencia resolvió 910 reclamaciones, de las que 642 habían tenido entrada durante dicho año y 268 correspondían a expedientes de 2020. En 442 casos (incluidas las estimadas por meros motivos formales y las relativas al Consejo General de Ingenieros Industriales y al Consejo General de Colegios Profesionales de Delineantes), el pronunciamiento fue estimatorio, lo que representa un 48,57 %. En paralelo, desestimó 239 (26,26 %), inadmitió otras 170, archivó 59 y suspendió una.

Lo que sí disminuyó en 2021 fue el número de recursos judiciales interpuestos por la Administración General del Estado contra resoluciones en contra del CTBG: 17 frente a las 42 del año anterior. De ellos, tres fueron promovidos por la Corporación RTVE para no tener que divulgar las retribuciones de todo su personal directivo, en contra del criterio defendido por Transparencia.

Sanidad; Agricultura, Pesca y Alimentación; Trabajo y Economía Social y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana acudieron dos veces cada uno a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y uno Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Justicia; Interior; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Industria, Turismo y Comercio, y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).