Casi el 46% de la población española se quedará al margen de las medidas contempladas en la nueva ley de vivienda. Ese fue el compromiso que ratificó Pablo Casado a las pocas horas de que PSOE y Unidas Podemos alumbrasen un acuerdo el pasado mes de octubre para aprobar una norma orientada principalmente a regularizar los precios del alquiler, una iniciativa que todas las comunidades del PP sin excepción -Madrid, Murcia, Andalucía, Castilla y León y Galicia- descartaron implantar en sus respectivos territorios al entender que los preceptos incluidos en el mencionado anteproyecto de ley implicaban un "ataque directo a la propiedad privada".

A la espera de que la ley de vivienda, frenada en seco por el CGPJ, llegue finalmente al Consejo de Ministros, el Gobierno ha lanzado una batería de medidas nada más arrancar el año, entre las que destaca el llamado bono joven de alquiler, una ayuda de hasta 250 euros al mes para personas de entre 18 y 35 años con unos ingresos anuales no superiores a 24.318,84 euros. Aunque el Ejecutivo ha fijado unos preceptos generales, serán finalmente las comunidades autónomas las encargadas de la regulación del bono, desde los criterios para seleccionar a los beneficiarios hasta el precio máximo de alquiler que se debe abonar para poder optar a la ayuda.

La iniciativa cuenta con pocas horas de vida, pero han sido suficientes para que el PP se haya rebelado en contra y las comunidades gobernadas por Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco, Fernando López Miras, Juanma Moreno Bonilla y Alberto Núñez Feijóo se hayan mostrado reticentes a un incentivo que, a su juicio, puede tener "un efecto perverso" por el posible incremento en el precio de los arrendamientos. Se trata de un coste que, a su vez, se pretende limitar con la nueva ley de vivienda, pero las comunidades del PP subrayan que no emprenderán medidas relacionadas con la regularización de los precios de la vivienda.

Y esa desconfianza no caerá en saco roto. Los mencionados barones populares llevarán sus reservas respecto a la iniciativa a la conferencia sectorial pendiente de celebrar entre el Gobierno y las comunidades autónomas para consensuar los criterios del reparto de los fondos, una cita que aún no tiene fecha. Allí, los presidentes del PP apostarán por sus propios incentivos de acceso a la vivienda y ayudas al alquiler implantadas en sus respectivos territorios como "fórmula de éxito" frente a una receta de "trazo socialista" que "consiste en despilfarrar dinero público a través de un cheque sin conseguir los objetivos marcados", según coinciden fuentes autonómicas.

Pero la veda en el primer partido de la oposición la abrió Génova. Tras la aprobación de la iniciativa en Consejo de Ministros el pasado martes, la dirección nacional comenzó a aleccionar a sus cargos sobre la medida en argumentarios internos del partido, en califican el bono estrella del Gobierno como "pirotecnia electoralista". "Es una medida propagandística con escaso alcance y que no soluciona nada", se quejan los populares ya que, en principio, sólo se beneficiarían de la ayuda entre 60.000 y 70.000 personas. Además, más del 98% de los pisos en oferta en Madrid, Barcelona y Valencia quedarían fuera de la ayuda al sobrepasar la mayoría de ellos el límite de 300 euros de alquiler en el caso de habitaciones; y los 600 en el caso de pisos completos.

"A un padre le suben 1.000 euros en la luz y al hijo le dan 250 euros. Consecuencia: el Gobierno se queda con 700 euros para pagar a 23 ministros", manifiestan fuentes de la dirección, que despliegan su hoja de ruta particular para favorecer el mercado del alquiler y la adquisición de viviendas para los más jóvenes, desde "garantías estatales" hasta "ofertas específicas" de compra de vivienda o incentivos fiscales.

De avales para jóvenes al 'Plan Vive'

Dentro de las comunidades del PP, la aplicación del bono joven de alquiler cobraría especial relevancia en la Comunidad de Madrid por el alto precio de los arrendamientos en la región. Isabel Díaz Ayuso y el resto de presidentes autonómicos cuentan con la prerrogativa de subir el precio máximo de alquiler para recibir la ayuda de los 600 hasta los 900 euros, y de 300 a 450 en caso de que se trate de un alquiler por habitaciones. Desde el ejecutivo madrileño avanzan que el proyecto es muy preliminar y que aún "hay que estudiarlo", por lo que no aclaran si estarían dispuestos a subir dicho límite para que más madrileños pudiesen beneficiarse de la medida.

En todo caso, en el entorno de la presidenta madrileña sí reiteran que no aplicará ningún enunciado que "sea lesivo para la propiedad y la inversión", como es el caso de la declaración de "zonas tensionadas" en la comunidad. Y frente al bono del Gobierno, abogan por priorizar las medidas que Ayuso ya ha puesto en marcha en la región en materia de vivienda y las que restan hasta que finalice la legislatura. Destacan por ejemplo el 'Plan Vive', un proyecto llamado a construir viviendas en suelo público para ofrecer precios asequibles a menores de 35 años; o la ampliación del Plan Alquila Joven, con seguro de impago de rentas para menores de 35 años.

En la misma línea se pronuncian ejecutivos como el andaluz o el murciano, donde han creado líneas de avales para que los jóvenes puedan financiar su primera vivienda. En el entorno de Fernando López Miras aseguran que, frente a la iniciativa de "autobombo" del Gobierno, su medida "funciona" y ya se han concedido los primeros 50 avales en la región tras su aprobación hace unos meses.