El gobierno vasco considera que la "injusticia" y el "aislamiento social" a los que se vieron abocados los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (FSE) y sus familiares en Euskadi, durante los años del terrorismo de ETA, fueron "intolerables, desde la sensibilidad democrática y desde el respeto a la diversidad social".

"Supuso una vulneración sistemática de derechos fundamentales como la integridad física y moral, la vida, la libertad, la seguridad, la circulación y la educación", y por ello se merecen "un reconocimiento público y oficial así como la construcción, desde la sociedad, de una memoria reparadora y empática".

Así consta en el 'Informe sobre la injusticia padecida por los integrantes de las FSE y sus familiares a consecuencia del terrorismo de ETA (1960-2011)', elaborado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto a instancias del propio Gobierno Vasco, que ha hecho suyas las conclusiones de este estudio "de forma clara y alta", según ha asegurado la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

Artolazabal ha presentado este viernes en conferencia de prensa dicho trabajo, que ha enmarcado, como otros estudios también encargados por el Ejecutivo sobre otros colectivos, en la búsqueda de "la verdad, la memoria y el reconocimiento para llegar a un modelo de convivencia cimentado en los pilares de la dignidad, la no violencia, la no repetición, el pluralismo político, el respeto y el diálogo".

"No hablamos desde la ideología o desde una posición política; no se trata de si son o no son 'de los nuestros' (las FSE); se trata de un enfoque desde los derechos humanos frente a todas las vulneraciones y, desde ese punto de vista , fue injusto, sin equiparaciones, ni compensaciones".

Para elaborar el trabajo sus autores han mantenido entrevistas con 14 personas, víctimas directas o bien familiares de víctimas mortales de ETA, quienes han ofrecido testimonios "detallados y, en ocasiones, íntimos" sobre sus recuerdos y experiencias.

Entre todas ellas destaca el "aislamiento social", la "falta de empatía" y el "desamparo" institucional y de la sociedad, tanto a su condición profesional como a su sufrimiento, así como un "claro reproche" hacia quienes ignoraban su padecimiento bajo la premisa del "algo habrá hecho".

También hablan del miedo, de las secuelas físicas y psicológicas que les dejaron los atentados, así como de las rupturas familiares, los cambios de personalidad, y el "terror" de los hijos a que se supiera en qué trabajaba su padre "porque lo podían matar".

Entre las conclusiones del informe y las recomendaciones que lanza al Gobierno Vasco y a otras instituciones resaltan la necesidad de "ofrecer una rehabilitación social y moral" a estas personas tras la "estigmatización social" y el "sufrimiento injusto" sufridos, así como "poner en valor" su trabajo en la consecución de la derrota de ETA y consolidar "una imagen al servicio de las libertades públicas".

La propuesta a las administraciones incluye, asimismo, incorporar a los discursos deslegitimadores de la violencia "el relato de las vivencias" de las FSE.

Se incide también en "poner remedio" a los actos públicos de homenaje a los etarras que salen de la cárcel tras cumplir sus penas porque "ese reconocimiento social" a los presos "es directamente proporcional a la sensación de olvido, abandono y agravio" de sus víctimas, y provocan una "revictimización"..

Otras recomendaciones hacen referencia a la eliminación de cualquier expresión gráfica en la vía pública que suponga una exaltación de etarras; poner placas "fijas y visibles" en las calles en recuerdo de los asesinados por ETA; potenciar los programas de testimonios "morales" de víctimas en el ámbito educativo; asesorar a las víctimas para que puedan acceder a prestaciones económicas, y prestar apoyo a quien, voluntariamente, quiera participar en encuentros restaurativos con victimarios.

Desde 1960 a 2011, ETA asesinó a 357 integrantes o exintegrantes de las FSE. De ellos, 207 (58 %) eran guardias civiles y 150 (42 %) del Cuerpo Nacional de Policía.

También murieron 17 familiares en diferentes atentados a las casas cuartel de la Guardia Civil, de ellos 11 niños y 2 adolescentes.

En esos atentados resultaron heridas 711 personas, de las que el 43 % quedaron con lesiones que provocaron una incapacidad permanente total.

La mayoría de los atentados se cometieron en Euskadi (145 en Gipuzkoa; 99 en Bizkaia, y 24 en Álava); 33 se perpetraron en Madrid y 27 en Navarra. El resto fue en diferentes partes de España y en Francia.