El palo llegó por la mañana, la zanahoria, al mediodía. En ambos las reclamaciones y exigencias económicas y laborales que ahora les enfrentan estuvieron muy presentes. A primera hora el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, aseguraba que si el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no se transfiere en las condiciones pactadas con el Gobierno la relación de apoyo a Sánchez de su partido se irá "al carajo". Sólo unas horas después, el recién nombrado portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, acompañado del secretario general del PSE, Eneko Andueza, era recibido en la sede del partido, en Sabin Etxea, y agasajado con un almuerzo de bienvenida. El 'ongi etorri' se lo brindaba una delegación encabezada por el presidente de la formación, Ortuzar, y el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban.

El encuentro debía haber sido "discreto", no haber trascendido. En realidad, las fuentes consultadas por El Independiente aseguran que sólo se hizo público por un error del PSOE. Oficialmente, la cita en Sabin Etxea era de mera "cortesía", de recibimiento al nuevo portavoz en la Cámara Baja y un modo de "engrasar" la relación entre ambos partidos. Una jornada de contactos que Gómez aprovechó también para verse con los representantes de UGT y CCOO en Euskadi y que hoy continuará con un encuentro en Vitoria con diputados vascos. Su visita ayer a Bilbao culminó en San Mamés. El partido Athletic Club-F.C. Barcelona reunió, aunque por separado, en 'la Catedral' tanto a Gómez como a Ortuzar.

Fuentes del PNV subrayaban que en ningún caso el encuentro respondía a un intento por reconducir la fractura que la demora en la transferencia del IMV y las diferencias en la reforma laboral -en la que no se incluye la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos, como reclama el PNV- han generado. En el almuerzo se abordaron estas cuestiones, reconocen las fuentes consultadas, pero "como otras muchas".

Subrayan que donde se negocian estas cuestiones es en otro ámbito, el PSOE es el partido y el Gobierno de coalición "tiene otros interlocutores". Recuerdan que estas diferencias que les enfrentan en dos de las cuestiones económicas clave para el Gobierno se deben tratar con miembros del Ejecutivo competentes en la materia, como la ministra Yolanda Díaz o el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. En la ecuación el PNV no incluye al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, con quien la relación está prácticamente rota. Los nacionalistas le culpan del retraso de casi dos años que acumula el traspaso del IMV. Ayer el presidente del EBB llegó a tildarle de "ministro obstáculos".

"Mercancía averiada"

La transferencia del IMV es esencial para el PNV, que ya la pactó en mayo de 2020 con la entonces vicepresidenta, Carmen Calvo y que aún hoy sigue sin llegar. El acuerdo establecía la cesión de su gestión de modo integro en el País Vasco y Navarra, las comunidades con haciendas forales propias. Las reticencias de Escrivá a ejecutar el acuerdo se han repetido a lo largo de este tiempo. El Gobierno llegó incluso a tener que ratificar su compromiso en la negociación presupuestaria.

Incluso ayer, tras las duras advertencias de ruptura de Ortuzar, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, aseguró que cumplirán su acuerdo y que si no lo han hecho ha sido por cuestiones de agenda. Rodríguez apuntó que "hay que ser comprensivos con el tiempo que nos ha tocado" en el que el Ejecutivo está gestionando una crisis sanitaria y económica como la actual.

La relevancia de esta cuestión es alta para el PNV. La gestión de Ingreso Mínimo Vital que ayer, en el almuerzo con Gómez volvieron a reclamar, supondría una suerte de primer paso para la asunción de la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social recogido en el Estatuto de Gernika. La resistencia a facilitarlo ha sido reiteradamente mostrada por el ministro Escrivá. El último ejemplo, el borrador de traspaso remitido el pasado 30 de diciembre y en el que se accedía a ceder la gestión del IMV pero sólo de modo temporal, prorrogable, pero temporal. Una condición rechazada de plano por Sabin Etxea que recuerda que en ningún caso aceptará "mercancía averiada" y que la transferencia debe ser permanente.

Prevalencia autonómica

La relación entre partidos que ayer buscaron "engrasar" en Sabin Etxea también pretende acercar posiciones en una cuestión que sigue distanciándoles: la reforma laboral. El marco vasco de relaciones laborales es uno de los pilares del sistema laboral que el PNV quiere consolidar en Euskadi. La base actual se sustenta en el acuerdo que en 2017 alcanzaron sindicatos, patronal y Gobierno y que permite un marco propio en la vigencia de los convenios vascos sobre los estatales. La garantía de continuidad de esa prevalencia autonómica no figura en la reforma aprobada por el Gobierno y pactada con CCOO, UGT y CEOE. Un acuerdo en el que el PNV y Bildu no se ven reflejados y sobre el que recuerdan que no se ha tenido en cuenta la mayoría sindical vasca -distinta a la nacional- ni al marco laboral propio.

Por ahora el Gobierno se limita a no entorpecer la vigencia del acuerdo vasco referido, el alcanzado en 2017, y en recordar al PNV que está funcionando bien. Sin embargo, la formación de Ortuzar quiere blindarlo. Teme que cualquier cambio del escenario político o laboral puede suponer una ruptura del acuerdo por parte de alguno de los agentes implicados o que incluso un relevo futuro en La Moncloa pueda echarlo por tierra.

Por ello, insisten en que esa prevalencia tenga reconocimiento de ley y se incorpore de algún modo en el texto de la reforma. La posibilidad de relegarlo a una modificación posterior en el Estatuto de los Trabajadores, para "no tocar ni una coma" del texto pactado, tal y como exige la CEOE, suscita desconfianza y recelos en Sabin Etxea.