El PP catalán denunciará ante la Fiscalía al Ayuntamiento de Vic, que preside la dirigente d JxCat Anna Erra, por no autorizar la instalación de una carpa informativa del partido el pasado sábado en la Plaza Mayor de la localidad. El consistorio se negó a autorizar la carpa alegando el artículo 96.3 de la Ordenanza municipal de Buen Gobierno que establece "que la autoridad municipal podrá autorizar o denegar discrecionalmente cualquier otra clase de uso anormal del suelo de la vía pública".

"No se autorizará ninguna licencia para ejercer en la vía pública actividades contrarias a la moral, a las buenas costumbres ciudadanas, o al orden público” añade el artículo en el que se amparó el consistorio para impedir la instalación de los populares. Es el mismo gobierno local que ha permitido instalaciones tan poco ortodoxas como un mar de cruces amarillas en esa misma plaza para reinvidicar a los líderes del procés.

O que llamaba a los independentistas a manifestarse por la "liberación de los presos políticos" desde el campanario de la Iglesia. La última polémica de su alcaldesa, hasta el veto de este fin de semana, fue distinguir entre "catalanes autóctonos" y el resto de los ciudadanos de Cataluña.

"La alcaldesa de Vic nos impide instalar una carpa porque, según ella, atentamos contra la moral y las buenas costumbres. Tanto hablar de franquismo se les ha acabado pegando" denunciaba con ironía el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.

Prevaricación de Anna Erra

El escrito presentado por el PP ante la Fiscalía denuncia a Ayuntamiento por un presunto delito de prevaricación por el uso arbitrario de su autoridad para impedir la presencia de un partido político.

Recuerda que "la discrecionalidad que la normativa otorga al gobierno municipal, no puede confundirse ni implicar arbitrariedad en sus decisiones", y en este caso la decisión tomada por el gobierno de Erra supone "una limitación y una vulneración clara de derechos constitucionales".

Para los populares, la actuación del Ayuntamiento de Vic, "además de arbitraria, es una vulneración del pluralismo político y del derecho a la participación política". Alega el PP que, con su actitud, el ayuntamiento independentista "no solo está impidiendo la actividad de un partido político sino que se impide y limita el derecho de participación política de los ciudadanos".