La sección 5ª de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) da diez días a la Generalitat para notificar cómo piensa aplicar la sentencia que obliga a ofrecer al menos un 25% de castellano y catalán en las aulas catalanas. El TSJC ha dictado hoy decreto de firmeza de la sentencia, que ya no puede ser recurrida tras haber sido ratificada por el Tribunal Supremo.

Un decreto al que ha respondido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tachándolo de "ataque a la lengua y la escuela" y sin aclarar cómo aplicarán la decisión judicial.

El auto del Tribunal Superior de Justicia declara firme la sentencia del 16 de diciembre de 2020, una vez ratificada por el TS. En esa sentencia, el TSJC establecía la obligatoriedad de considerar el castellano como lengua vehicular en Cataluña, es decir, que sea utilizada en, como mínimo, una asignatura además de las de lengua y literatura castellanas.

En tuit emitido apenas una hora después de que el TSJC hiciera público su auto, Aragonés ha asegurado que "estamos trabajando en el despliegue normativo para reafirmar el modelo de escuela catalana". El Govern estudia un decreto de reforma de la Ley de educación catalana que blinde la inmersión lingüística.

Tanto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, como el consejero de Educación, Josep González Cambray, aseguraron tras conocerse el rechazo del Tribunal Supremo a sus recursos que no aplicarían la sentencia. Ahora, sin embargo, el TSJC obliga a aplicar la norma en todos los colegios catalanes. Hasta ahora solo se ha aplicado en aquellas escuelas en las que alguno padre lo ha reclamado judicialmente, y solo para los grupos de sus hijos.

Dos meses para la ejecución forzosa

La Generalitat debe notificar en los próximos diez días cómo piensa aplicar la ejecución de la sentencia en los más de 5.000 centros educativos de Cataluña. algo que González-Cambray no ha aclarado, tras sus reiteradas declaraciones públicas contra la sentencia.

En el plazo de dos meses "cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar la ejecución forzosa" de la sentencia, si la Generalitat sigue sin aplicarla. A partir de ese momento podría abrirse un nuevo proceso ante la justicia, para obligar a la Generalitat, o a los directores de colegios e institutos que no lo hayan hecho, a aplicar ese 25% en castellano.

Crisis política

Desde que el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del TSJC, el pasado 16 de diciembre, el debate sobre el catalán en la escuela no ha dejado de tensarse en Cataluña. Una tensión que se elevó con al hacerse público el caso de una escuela de Canet en la que unos padres habían reclamado la aplicación del 25%.

El rechazo de la dirección del centro y las concentraciones convocadas por partidos independentistas y algunos padres contra los progenitores del menor de cinco años que solicitaron la aplicación de esta cuota llevó al TSJC a exigir a la Generalitat y las autoridades educativas la protección de esta familia.

En este contexto, entidades por el bilingüismo como la Asamblea por la Escuela Bilingüe, Sociedad Civil Catalana o Convivencia Cívica han creado la plataforma Escuela de Todos, dedicada a recoger firmas para reclamar el cumplimiento de la sentencia del 25% de castellano. Los impulsores de la plataforma están convencidos de que la Generalitat no aplicará voluntariamente esta sentencia, y preparan el terreno para una demanda conjunta que obligue a la ejecución forzosa.