Mientras Yolanda Díaz se estrella en la búsqueda de apoyos parlamentarios entre los socios de la coalición, Pedro Sánchez maniobra e inicia el deshielo con Inés Arrimadas para atar en corto la aprobación de la reforma laboral a tan sólo dos semanas de la fecha límite para la convalidación del decreto, que caduca el próximo 7 de febrero. El ala socialista del Gobierno se lanza a cerrar con éxito una negociación con los nueve diputados de Ciudadanos que resucite la llamada "geometría variable" y limite la dependencia del jefe del Ejecutivo a fuerzas nacionalistas como ERC o Bildu, pese a las evidentes reticencias de Unidas Podemos.
Prácticamente desde que el Consejo de Ministros diese luz verde al proyecto a finales del mes de diciembre, la idea que planeaba en la sede naranja de Alcalá 253 era la de ofrecer al PSOE una oferta que no pudiese rechazar: ante las condiciones "inasumibles" de nacionalistas vascos y catalanes, Ciudadanos abría la puerta a ofrecer un cheque en blanco a Sánchez con el 'sí' de todos sus diputados sin que el Gobierno tuviese que cambiar una coma del documento original, pese a no incluir algunas de las reivindicaciones clásicas de los de Inés Arrimadas, como la implantación de la mochila austriaca o del contrato único. Ciudadanos se alineaba así con la principal exigencia de la CEOE -que ya advirtió que abandonaría el acuerdo si éste se modificaba durante el proceso de tramitación parlamentaria- y, en el fondo, con Pedro Sánchez, que también manifestó su intención de no modificar ni un sólo punto del proyecto llamado a desmontar la legislación laboral aprobada por el PP en 2012.
Fuentes de la dirección de Ciudadanos creen que la llamada del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se producirá "esta misma semana" tras constatar un acercamiento al PSOE de la mano de su portavoz parlamentario, Héctor Gómez. Los naranjas creen que la predisposición del ala socialista del Gobierno a aceptar sus votos para la reforma laboral y olvidarse de las pretensiones de ERC o Bildu es "buena", y que el acuerdo podría triunfar en sede parlamentaria sin que Rufián u Otegi puedan "meter mano" y poner contra las cuerdas -una vez más- al Ejecutivo.
"No votamos en favor del Gobierno. Votamos en favor de los empresarios y los sindicatos", celebran fuentes parlamentarias de Ciudadanos. Los naranjas ya advirtieron que su voto favorable en el Congreso debe pasar, no obstante, por unos mínimos: que el PSOE "levante el teléfono" y se comprometa a no ceder a las pretensiones planteadas por ERC o Bildu que amenazan con "empeorar" un proyecto que, aunque "mejorable", resulta aceptable para los naranjas.
Tal y como informó El Independiente la pasada semana, Ciudadanos ha abierto recientemente otra vía de presión contra Sánchez intensificando el contacto con la CEOE. En privado, la patronal se muestra a favor de que Sánchez vire al centro y haga negocios con una fuerza que no podría palos en las ruedas al documento que ha costado meses y meses de negociación. Pero en pocos días, Inés Arrimadas ha querido explicitar su "buena sintonía" con Antonio Garamendi fotografiándose públicamente tanto con él como con el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Ambos recibieron a la líder de Ciudadanos este lunes, una cita en la que también participó la ex ministra de Empleo, Fátima Báñez, impulsora de la reforma laboral que el PP aprobó hace una década.
El bloqueo de ERC y Bildu
Y cuanto más grande se hace la 'vía Ciudadanos', más se estrecha el camino de los socios de investidura. ERC se ha cerrado en banda a aceptar el acuerdo alcanzado por Yolanda Díaz y los agentes sociales, y exige la modificación de diversos puntos del acuerdo al considerar que no elimina en absoluto la reforma laboral impulsada por el PP en 2012. "No podemos apoyar una reforma que sea solo maquillaje", aseveró Gabriel Rufián hace unos días en el Congreso, que constató la distancia con Yolanda Díaz y negó avance alguno en la negociación. "ERC no vota proyectos personales", zanjó, elevando el tono contra el Gobierno y dejando abierta la puerta al 'no' en la votación.
En paralelo al respaldo que busca el PSOE en Ciudadanos y otras fuerzas minoritarias, como Teruel Existe o el PDeCAT, ERC se ha lanzado a configurar un "frente común" en el Congreso con partidos como Bildu, BNG, PNV o la CUP para presionar a Sánchez con su rechazo a la reforma laboral tal y como está planteada. Cada voto puede resultar vital para el Gobierno, por lo que la convalidación final del decreto pende aún de un hilo.
Con Bildu en el 'no', el PSOE confía en atraer al PNV al menos hacia la abstención, si bien los nacionalistas vascos no darán aparentemente su brazo a torcer sin que Moncloa acepte la condición de la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales, por lo que siguen estando en el "no rotundo", como reiteró este lunes Aitor Esteban. Los avances, por tanto, sólo parecen llegar a la derecha del PSOE, que tiene ante sí un apretado calendario y un horizonte incierto para sacar adelante uno de los proyectos clave de la legislatura.
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