El Ministerio del Interior contratará los servicios de Deloitte para que técnicos de esta auditora le apoye en la realización de los controles de verificación de los proyectos cofinanciados por el Fondo Europeo de Seguridad Interior (FSI) -con el que ha sufragado los espacios habilitados en Canarias para dar respuesta a la crisis migratoria, entre otras actuaciones- y el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) antes de presentar las cuentas financieras y los informes de ejecución a la Comisión Europea.

La mesa de contratación ha propuesto adjudicarle el servicio a Deloitte al ser su oferta la "más ventajosa económicamente para la Administración" de todas las que pujaban por el encargo (Mazars Auditores SLP, Grant Thornton SLP, KPMG Auditores, GNC Assurance & Advisory SL y PricewaterhouseCoopers Auditores), según se detalla en el acta correspondiente a la reunión celebrada el pasado 20 de enero. Ernst & Young y Servicios Empresariales Arquímedes SLP también fueron invitadas a este procedimiento restringido, pero no llegaron a presentar propuesta.

En concreto, Deloitte ha sido propuesta como adjudicataria tras obtener 97 puntos, casi tres más que la segunda firma mejor valorada (Mazars Auditores). Su proposición económica era la más económica, al ofrecerse a desarrollar el trabajo por 80.865 euros (IVA excluido). Ello supone una rebaja del 40 % sobre el presupuesto máximo de licitación (135.000 euros).

Cuadro elaborado por la mesa de contratación con la valoración de las seis ofertas presentadas al concurso.

Según se detalla en el pliego de prescripciones técnicas, consultado por este diario, el encargo se articula en tres paquetes de trabajo consistentes en controles administrativos, financieros y operativos de los proyectos cofinanciados por el FSI y el FAMI en los marcos 2014-2020 y 2021-2027 o al Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV).

Los proyectos a verificar son los financiados por los fondos de seguridad interior y de asilo y migración de la UE

Entre otras actuaciones, con cargo al FAMI se han cofinanciado la manutención y asistencia sanitaria a personas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la construcción del nuevo CIE de Algeciras, la compra de 10 diez autobuses transformados para el transporte de extranjeros en situación irregular o el refuerzo de medios humanos para la atención a asilados y refugiados. La dotación inicial para los estados miembros de la UE de este fondo ascendía a 3.137 millones de euros en el periodo 2014-2020.

Por su parte, el Fondo Europeo de Seguridad Interior -con una asignación para los estados de 3.800 millones- es el recurso al que recurrió el departamento que dirige Grande-Marlaska para la ejecución de las obras de acondicionamiento y la adquisición de estructuras modulares a fin de dar respuesta a la crisis migratoria registrada en Canarias en el segundo semestre de 2020. Sólo para habilitar el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CATE) de Barranco Seco -en Las Palmas- se han requerido más de 14,29 millones de euros, de los que el 95 % han sido aportados por la Unión Europea con cargo al FSI.

Todos los proyectos que han sido acometidos con esta financiación tendrán que ser ahora verificados. Esta comprobación incluirá la revisión completa de los justificantes de los gastos, si bien el contratista podrá hacer una selección en el "caso excepcional" de que la iniciativa subvencionada haya generado "un volumen muy elevado de gasto".

Cartel anunciador de una de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo de Seguridad Interior (FSI).

"Para ello, debe llevar a cabo controles administrativos y sobre el terreno, siendo necesaria la intervención de personal cualificado desde el punto técnico y de conocimiento normativo en materia de gestión y verificación de Fondos, circunstancia que requiere que la Subdirección deba contar con la ayuda y asesoramiento necesario, para poder desarrollar las actividades con las garantías y exigencias normativas demandadas por la Comisión", detalla la Secretaría de Estado de Seguridad para justificar la externalización de estas tareas.

Para su ejecución, el Ministerio del Interior ha exigido que la empresa que preste el servicio asigne al menos a un coordinador del proyecto que debe estar inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, un responsable del equipo de trabajo y tres verificadores de expedientes, todos con perfil técnico y experiencia demostrable. Deloitte ha mejorado las condiciones de partida y ha ofrecido cinco en lugar de tres, lo que le ha permitido obtener el máximo de puntos con que se evaluaba ese parámetro.

Servicios prestados

"Los trabajos de verificación a los que se refiere este contrato implican cubrir los aspectos administrativos, financieros, técnicos y operativos de las operaciones cofinanciadas para comprobar que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado, que el gasto declarado por los beneficiarios ha sido pagado y cumple la legislación aplicable, las condiciones del programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operación", indica el pliego.

La adjudicación a Deloitte es cuestión de días y está a la espera de que presente la declaración responsable de que no tiene prohibido contratar, que constituya la garantía definitiva y acredite los medios comprometidos para la ejecución del encargo. El desarrollo de los trabajos se prolongará durante seis meses, estando previsto que el plazo de ejecución empiece a contar a partir del próximo 1 de abril.