Los 'polis' antivacuna: "No nos hicimos agentes para ser verdugos de la sociedad"

“Prometimos proteger y servir a los ciudadanos, no meterles miedo”. Es el lema de Policías por la Libertad, la asociación que reúne a los agentes que reniegan de la vacunación y rechazan el pinchazo a los menores y la obligación del pasaporte Covid. “Cuando juramos el cargo, prometimos cumplir la Constitución. Y no lo estamos haciendo”, sostiene Juan Manuel Ramos, presidente de un colectivo que llama abiertamente a desobedecer aquellas medidas que tildan de “inconstitucionales”.

“Se están imponiendo normas que no sirven a los ciudadanos, sino que los esclavizan. Los estamos llevando hacia una dictadura”, denuncia Ramos en conversación con El Independiente. A sus 60 años, acumula más de tres décadas de servicio como policía local en la provincia de Castellón. Su última causa es representar a quienes, como él, cuestionan la gestión de la pandemia del coronavirus. “¿Por qué hay tanto interés en que nos vacunemos? Aquí hay gato encerrado”, opina Ramos.

Su grupo asoma sin disimulo por las manifestaciones que se han celebrado en los últimos meses en diversos puntos de España y en las que cientos de personas censuran lo que consideran “una plandemia” o atacan a unos medios de comunicación a los que acusan de dar pábulo a “la dictadura sanitaria”. En cualquier caso, se saben minoría. En un país en el que el 90,7 por ciento de la población mayor de doce años ha recibido ya la pauta completa, su lucha es residual. “Cuando me dicen que soy negacionista, yo contesto que soy alérgico a las estupideces. Todo esto es ilegal”, replica.

El movimiento, vinculado con otras asociaciones similares a nivel internacional, cuenta con unos 400 miembros, procedentes de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. “Hay de todo, desde Policía Nacional hasta Guardia Civil o Mossos d'Esquadra”, comenta Ramos. Una cifra muy reducida si se compara con los 250.000 agentes con los que cuenta el país. “Resulta testimonial”, responde Carlos Prieto, responsable de Prevención de Riesgos Laborales en el Sindicato Unificado de Policía (SUP), una de las principales organizaciones sindicales del cuerpo.

“La policía es un reflejo de la sociedad y, como en todos lados, hay una gente que piensa de una manera y otros de otra. La mayor parte de los policías apuesta por la vacunación, que está funcionando, y que está reduciendo las consecuencias de sufrir una enfermedad más grave”, arguye Prieto. Su posición contrasta con la de sus compañeros que recelan de la narrativa oficial. “A veces nos acusan de ser de Vox pero no es cierto. Aquí hay de todo, de izquierda y derecha. No se lo preguntamos cuando se suman. Para coincidir que se está cometiendo ilegalidades no hace falta ser de un partido político”, insiste Ramos.

Empezó en un grupo de Telegram

“Comenzamos con un grupo de Telegram [una aplicación de mensajería] formado por unas 12 personas. Y poco a poco hemos ido sumando a más compañeros y sabemos que hay muchos más que piensan lo mismo, pero existe miedo a las represalias de los mandos”, alega el presidente de la asociación.

En su página web y sus canales de redes sociales, el grupo que dice hacer bandera de “la libertad” ofrece a los ciudadanos y sus compañeros de fatigas documentos legales para negarse a mostrar el pase Covid en establecimientos o evitar el expediente de los superiores. Alrededor de una decena de sus miembros recibe asesoramiento jurídico por expedientes abiertos en relación con su negativa a hacer cumplir algunas de las normas sanitarias establecidas por las autoridades. Sus acciones son jaleadas por los grupos negacionistas en canales de Telegram. La última arremetida, a cargo de una agente de la policía nacional miembro de la asociación: el sabotaje a "una vacunación sin consentimiento informado" en una escuela de Alicante.

“Es que hay quienes están sufriendo acoso por su posición respecto al covid. Es duro que el cuerpo policial esté viviendo estas cosas porque son los mandos policiales los que tenían que decir que esto es ilegal e inconstitucional y negarse a que su tropa pase por aquí”, argumenta Ramos. “El que permitan que su tropa pase por aquí significa que todo el municipio que tengo encomendado lo voy a tener como si le hubiese metido en una dictadura. En lugar de ser sus ángeles guardianes, la tropa va a ser sus verdugos. Y no nos hicimos policías para eso”.

Su último campo de batalla es la vacunación de menores de doce años, iniciada a finales del año pasado. En Policías por la Libertad abogan, como otros grupos que se oponen a la inoculación por denunciar los centros de vacunación y lograr que los profesionales sanitarios sean identificados para su posterior denuncia. “No se está dando el consentimiento informado en condiciones. Se le da una hoja con cuatro cosas. Esto tiene más efectos secundarios y los médicos están incumpliéndolo”, asegura Ramos. “Es como si yo detuviera a alguien y no le leyera sus derechos”.

Llamamiento a la rebeldía

El presidente de la asociación hace gala también de la rebeldía que pide a los cuerpos de seguridad. “Yo no denuncié a nadie en los dos Estados de alarma por incumplir el toque de queda y otras medidas que luego se reconocieron inconstitucionales. Tuve discusiones con algunos compañeros que me decían que pusiera multas a los que estaban circulando por la calle a las dos de la mañana. Yo les respondía que no estaban haciendo nada más allá de circular de madrugada por un país libre en el que no se había declarado ni un Estado de excepción o de sitio. El Tribunal Constitucional terminó diciendo lo mismo”.

Ramos, que recuerda en varias ocasiones las resoluciones judiciales para justificar su postura, asegura haberse enfrentado a alguna amenaza de expediente. “Yo he llegado a decir: ‘si me denuncias por esto, yo te voy a denunciar por esto otro porque me estás cuestionando y tengo que defenderme”. Y todo se para”. Desde el SUP, no obstante, son partidarios de fijar castigos a los insumisos. “Dependiendo del cuerpo al que pertenezcan serán sus mandos directos los que tengan que decidir si esa actitud de negarse a llevar mascarillas o cumplir órdenes merece un expediente disciplinario o una suspensión de funciones. La policía estamos para dar ejemplo y hacer cumplir las normas”, explican.

Son sus mandos directos los que tienen que decidir si negarse a llevar mascarillas o cumplir órdenes merece un expediente disciplinario o una suspensión de funciones

"Lo que no puede ser es que un policía negacionista por negarse a usar mascarilla ponga en riesgo a sus compañeros o a los ciudadanos", agregan. Ramos no solo defiende la libertad de los agentes para no aplicar lo que tachan de “inconstitucional”. También denuncia con la misma vehemencia una supuesta discriminación que compara con la segregación racial y el ejemplo de Rosa Parks, que se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús en Alabama. “En la comisaría en la que trabajo todo el mundo está vacunado. A finales de año se fueron todos a hacer una comida y como yo era el único que no tenía pasaporte covid, no pude ir. Pero, vamos, que tampoco les importó mucho. A la hora de trabajar, sí que les importa”.

Denuncia de "apartheid"

Están creando una especie de guerra civil en la sociedad, con gente que discrimina a otra en la mesa por no vacunarse

JUAN MANUEL RAMOS, PRESIDENTE DE 'POLICÍAS POR LA LIBERTAD'

“Están actuando contra una persona por una decisión libre que tomó. Es como lo que pasaba con los negros en Estados Unidos. Son cosas que, aunque fueran legales en ese momento, son inmorales y no se pueden permitir. Y esto que está sucediendo ahora es inmoral e ilegal. Están creando una especie de guerra civil en la sociedad, con gente que discrimina a otra en la mesa por no vacunarse, como si fuéramos apestados”, murmura el agente, que reconoce informarse por canales alternativos y por “virólogos que no aparecen en la televisión”. Una de sus referencias informativas es Ricardo Delgado, un supuesto graduado en estadística y entrenador sevillano que se presenta como «bioestadístico» y que denuncia la presencia de grafeno en las vacunas, negada por la comunidad científica.

Ramos extiende su rechazo al uso de la mascarilla porque, a su juicio, “no tiene capacidad para retener los virus, que son muy pequeños”. “Solo me pongo la mascarilla por respeto cuando me acerco al ciudadano porque sé que tiene miedo y sin ella se siente mal e incómodo. Pero en una intervención en la que puede haber gente violenta o en una salida con el Samur no se me ocurre usarlo porque dificulta el trabajo”, arguye, consciente de las reticencias que despierta. “A mis compañeros, como al resto de la población, se les ha metido tanto miedo que están deseando ponerse la tercera o la cuarta dosis de la vacuna y todo lo que haga falta. Es una pelea”.

Un litigio solitario que Ramos está decidido a librar, entre consignas cada vez más directas. Su asociación insta a “parar la vacunación de menores en los colegios” y dejar de servir a “los políticos”, responsables de esta supuesta deriva. “No estamos aquí para aplicar normas que son ilegales. No podemos cerrar un bar por negarse a exigir el pasaporte covid. Estamos aquí como garantes de las libertades de la gente”, indica. “Nuestra única opción en estos momentos es plantarnos”.