O mucho cambian las cosas de aquí en una semana o ERC y PNV, además, de Bildu, votarán contra la convalidación del real-decreto de la reforma laboral. El Gobierno parece abocado a sacar adelante esta medida, si acaso, por la mínima y hacerlo además con Grupos Parlamentarios no habituales como Ciudadanos o Unión del Pueblo Navarro (UPN). Pero antes de que llegue ese escenario agónico, Moncloa espera un cambio de registro por entender que las fuerzas de la izquierda que habitualmente sostienen al Gobierno, esto es, ERC y Bildu "no podrán explicar en la tribuna del Congreso de los Diputados el día 3 de febrero su rechazo a la reforma laboral".

Lo cierto es que los socios parlamentarios habituales del Ejecutivo llevan semanas explicando por qué van a rechazar esta reforma, en muy buena medida presionados por los sindicatos independentistas vascos y catalanes. Pero si esta vez pensaban que había margen para la negociación, desde Moncloa el mensaje lleva siendo, el mismo tiempo, unívoco, esto es, "no se cambia una coma del texto de la reforma".

El PSOE advierte que "cualquier modificación en el ámbito laboral debe pasar por el diálogo social"

Así, a diferencia de otras negociaciones que, como la presupuestaria, dan juego para acabar cediendo partidas económicas o inversiones, en este caso el sector socialista mantiene un pulso que los socios de Unidas Podemos no entienden. Lo cierto es que Moncloa intenta preservar el apoyo de la CEOE al texto y, contra la actitud más abierta de los morados, puntualizan las fuentes monclovitas consultadas que "cualquier modificación legislativa en el ámbito laboral tiene que pasar por la mesa del diálogo social".

Esa es la respuesta ante la posibilidad de que peticiones como la prevalencia de los convenios autonómicos se incorporen vía Estatuto de los Trabajadores, una forma de dar satisfacción al PNV y no tocar el actual texto de la reforma laboral. No es este un punto que satisfaga tampoco a los dos grandes sindicatos, UGT y Comisiones, aunque ellos no verían con malos ojos llevar de nuevo al diálogo social la reforma de las indemnizaciones por despido, para volver a los 45 días por año trabajado, que también reclama Bildu.

En este punto a Moncloa le bastaría con la abstención de PNV o de ERC para no ir a una votación de infarto pues le bastan más síes que noes. Insisten en que el real decreto de la reforma "ya está en vigor", por lo que, de ser derrotada, no sólo se volvería a la del PP de 2012, sino que "supondría un retroceso sobre algo que ya está en funcionamiento" generando, además, problemas a trabajadores y empresarios sobre todo en lo que tiene que ver con la temporalidad.

Desgaste de la coalición

Este asunto está volviendo a desgastar a la coalición. El PSOE no tiene inconveniente en sacar la reforma con Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro poniendo en práctica una suerte de geometría variable. Unidas Podemos no quiere, en cambio, que Inés Arrimadas "venga a salvar" la reforma estrella de Yolanda Díaz, lo que consideran un hándicap para sus opciones de futuro sobre todo por la imagen de reforma escorada al centro. Además, "esta reforma no puede ser el pretexto para cambiar los socios parlamentarios por los que ha luchado Unidas Podemos", aducen los morados.

Y en cuanto a la posición del PP, Moncloa saca a colación a la ex ministra de Trabajo Fátima Báñez, precisamente la autora intelectual de la reforma de 2012. Y es que Báñez, actual presidenta de la Fundación CEOE, ha agradecido a Arrimadas su apoyo a la reforma pactada por los agentes sociales, aunque públicamente no haya desautorizado la posición del líder de su partido, Pablo Casado.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se preguntaba este martes durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros «¿quién puede decir no a que los trabajadores subcontratados puedan cobrar en un año 12.000 euros más o a garantizar la estabilidad a más del 30 por ciento de contratos temporales que duraban menos de 7 días?».

Pero estos razonamientos  no parecen hacer mella en los principales partidos de la mayoría de la investidura. El decreto pasa el jueves 3 de febrero por el Congreso. "Queda una semana", dicen esperanzados en Moncloa.