La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que considera contraria a derecho la ley por la que se obligaba a los ciudadanos españoles a declarar a Hacienda los bienes o derechos que tuvieran en el extranjero tendrá efectos retroactivos beneficiosos para el Rey emérito. La resolución se conoce en un momento crucial para que se despeje su futuro judicial y su vuelta a España, puesto que está previsto que en las próximas fechas la Fiscalía española archive las diligencias de investigación que tiene abiertas contra él, decisión que el Ministerio Público condicionaba el mes pasado precisamente a recibir un último informe de la Agencia Tributaria.

A instancias de la Comisión Europea, el TJUE concluye que la obligación que se impuso en España en tiempos del ministro popular Cristóbal Montoro para que todos los ciudadanos españoles tuvieran que declarar los bienes en el extranjero por medio del 'modelo 720' es contraria al derecho europeo. También que "las restricciones a la libre circulación de capitales que impone son desproporcionadas". Por lo tanto, quienes afloraron sus bienes en el extranjero y pagaron por no haberlos declarado a Hacienda según esta norma verán devuelto su dinero. El Ministerio de Hacienda ha cuantificado en 230 millones la cantidad que tendrá que reintegrar a los contribuyentes tras la decisión judicial, más de dos de ellos a la familia del expresidente catalán Jordi Pujol, procesado por su fortuna en Andorra.

No significa que se le devuelvan los 5,1 millones

En los últimos dos años se ha conocido que Juan Carlos I fue beneficiario de los fondos de dos fundaciones (Lucum y Zagatka) depositados en cuentas en Suiza. Puesto que la 'ley Montoro' no contemplaba la prescripción administrativa, es decir consideraba que la obligación de declarar bienes en el extranjero no acababa nunca, decae la responsabilidad de Juan Carlos I de declarar los fondos de la cuenta suiza o los depositados en otra cuenta en la isla de Jersey (con hasta 10 millones según la información que maneja la Fiscalía).

Esto no significa, según fuentes jurídicas consultadas, que su defensa pueda exigir que se le devuelvan los 5,1 millones de euros que ha pagado a Hacienda en las dos regularizaciones fiscales que hizo en diciembre de 2020 y febrero de 2021. Dichas cantidades las depositó el representante legal del emérito para evitar que se le investigara por delito fiscal y de blanqueo por disfrutar de fondos de terceros después de su abdicación, cuando aún está por definirse si le protegía la inviolabilidad o no. Si pidiera la devolución de este dinero, en el fondo estaría reconociendo que esos fondos realmente eran suyos y quienes se los hicieron llegar "como un regalo" (como ha declarado por ejemplo su primo Álvaro De Orleans que le pagó viajes por valor de ocho millones de euros) eran, en realidad, testaferros.

Lo que sí implica la sentencia del TJUE es que no se pueda perseguir administrativamente -como sí podía hacerse hasta ahora- que el emérito no hubiera aflorado su fortuna en el extranjero aunque en el ámbito penal hubiera prescripción o inviolabilidad.

Más de dos millones a la familia Pujol

La familia Pujol sí podrá exigir que se le devuelvan más de dos millones de euros. Después de que en 2014 se publicara en prensa que el expresidente catalán tenía una fortuna en Andorra que no había declarado a Hacienda, la esposa de Jordi Pujol Soley y cuatro hijos suyos hicieron declaraciones complementarias siguiendo el denominado 'modelo 720' y pagaron más de dos millones de euros a Hacienda, paralelamente a que se les abriera una investigación por la vía penal que irá a juicio próximamente.

En aquél momento, según fuentes de la defensa del expresident consultadas por El Independiente, ya recurrieron el pago considerando que la ley de Hacienda era contraria a Derecho. En distintos escritos presentados durante el procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional a la familia Pujol sus abogados consideraron que la Justicia europea les daría la razón.