El juez que instruye el caso Villar ha ignorado a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y ha acordado alargar durante otros tres meses al menos la investigación que dirige desde hace cuatro años, al no haber concluido la elaboración de informes periciales clave para el esclarecimiento de los hechos y estar pendiente la toma de declaración a varios testigos.

En un auto notificado a las partes este viernes, un día antes de que expirara el plazo de la última prórroga, el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza dar por terminadas ya las pesquisas iniciadas en 2017, opción ésta que defendían la RFEF -acusación particular en la causa- y varios dirigentes federativos territoriales imputados.

El juez Alejandro Abascal toma esta decisión al no haber concluido los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) los informes que se les encomendaron con el objetivo de analizar si los más de 344 millones de euros que LaLiga le entregó a la Federación Española de Fútbol entre los años 2008 y 2017 por diversos conceptos se dedicaron a los objetivos para los que fueron concedidos y se contabilizaron correctamente. El instructor ordenó la práctica de esta diligencia a finales de 2019 a raíz de las divergencias constatadas entre el destino detallado por la RFEF y la información ofrecida por la patronal del fútbol.

"Su elaboración atraviesa dificultades por no disponer aún los peritos de la totalidad de la documentación necesaria, cuya localización está siendo objeto de incidencias varias", explica el instructor.

También está pendiente el informe complementario que ha de presentar el Consorcio de Compensación de Seguros con la "última documentación recibida" y otro análisis relativo a la contratación y operaciones realizadas en el seno de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija (Mupresfe) o de sus delegaciones territoriales, una de las principales líneas de investigación que se sigue en este procedimiento penal desde su inicio.

De igual forma, hay varias testificales que no se han practicado todavía. Así, el juzgado ha citado a declarar el próximo 8 de febrero a Victoriano Sánchez Arminio y Raúl Massó -ex presidente y ex secretario del Comité Técnico de Árbitros (CTA), respectivamente- en el marco de las diligencias que se llevan a cabo para aclarar si el dinero que la LaLiga entregó a la RFEF entre 2009 y 2016 para pagar a los colegiados y sufragar sus gastos de viajes y alojamiento se destinaron a otros fines.

El juez recuerda que está pendiente la entrega de varios informes periciales y la toma de declaración a testigos

Como ha informado este diario, la patronal sostiene que se desviaron más de 5,2 millones a gastos no previstos en los convenios de coordinación firmados con la RFEF, como acciones de formación; desplazamientos y estancias de la junta directiva del CTA; trajes para los árbitros de Segunda División A y B; el mantenimiento de intercomunicadores; el abono de honorarios de un coach profesional; la manutención de la mujer e hija de un directivo arbitral; consumiciones de restauración de Sánchez Arminio cuando estaba al frente del Comité de Árbitros; comidas y cenas atribuidas al fútbol playa; un proyecto universitario de investigación sobre ‘Control médico deportivo del árbitro de fútbol’ y hasta las costas de un procedimiento judicial.

En un escrito fechado el pasado 30 de diciembre, la Fiscalía consideró "pertinente, útil y necesario" que se citara a declarar en calidad de testigos a Victoriano Sánchez Arminio y Raúl Massó -como había solicitado la acusación que ejerce LaLiga- después de que hubieran comparecido ante el juez cinco árbitros (Mateu Lahoz, Undiano Mallenco, Fernández Borbalán, Del Cerro Grande y Yuste Jiménez) y éstos reconocieran que el 'acuerdo arbitral' en virtud del cual se empleó el remanente de los fondos aportados por la patronal en otros conceptos fue una propuesta que de manera presencial hizo el presidente del CTA al colectivo y que carecía de fuerza normativa.

Enfrentamiento Rubiales-Tebas

Frente a la posición del Ministerio Público y LaLiga, la RFEF se oponía a que se llamara a declarar a Sánchez Arminio y Massó al entender que sería una diligencia "inútil, innecesaria e impertinente" y cuya petición sólo responde al "constante empeño" de la entidad presidida por Javier Tebas por "desviar y enmarañar" la instrucción. "No estamos ante ningún ilícito penal, sino ante una controversia estrictamente civil. Esta instrucción no se puede eternizar como consecuencia del delirio querulante de la LaLiga, empeñada en convertirla en una proboscidia investigación prospectiva, malgastando además los recursos de la Administración de Justicia y desviando el objeto de las presentes diligencias previas, con la demora correlativa en la finalización de la instrucción, perjudicándola con dilaciones indebidas", adujo.

La Federación Española de Fútbol era una de las partes en el proceso que ha pedido al juez que no ampliara más la instrucción, pero no la única. Ésta misma posición es la que han defendido sin éxito -entre otros- tres investigados: Antonio Suárez Santana, vicepresidente de la RFEF y presidente de la Federación Interinsular de Las Palmas; José Miguel Monje Carrillo, presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y del Comité de la Segunda División B en la Federación Española, y Antonio García Gaona, máximo responsable de la Federación de Ceuta y de la Comisión Nacional de Fútbol Sala de la RFEF.

Por su parte, LaLiga pedía que la instrucción se prorrogara por seis meses más, idéntico plazo que solicitaba el ex presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) Andreu Subies. Éste está siendo investigado por favorecer con las obras que adjudicaba esta territorial a un constructor que luego sufragó presuntamente el coste de la reforma de dos inmuebles vinculados al ex mandamás: una vivienda en Cambrils (Tarragona) y el local del restaurante regentado por su cónyuge.