En 1997, mucho antes de que se aprobara en España la primera ley de transparencia (2013), Severiano Fernández Ramos publicó con la Editorial Marcial Pons su investigación sobre el derecho de acceso a los documentos administrativos con la que un año antes se había doctorado. Desde entonces, el hoy catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz ha consagrado parte de su actividad académica a la transparencia, materia de la que es uno de los mayores especialistas del país.

Fernández Ramos (Algeciras, 1963) elaboró uno de los informes previos de la Ley de transparencia pública de Andalucía y forma parte de la Comisión del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en representación de las universidades. Ahora acaba ser designado para coordinar, en el marco del Foro de Gobierno Abierto, el grupo de expertos que tiene la misión de formular propuestas con vistas a la reforma de la norma estatal.

Pregunta.-¿Confía en que las propuestas de mejora que salgan del grupo de trabajo que se constituyó la pasada semana, con una importante representación de la sociedad civil, sean tenidas en cuenta por el Gobierno a la hora de modificar la Ley de transparencia?
Respuesta.-Entiendo que sí, si no qué sentido tendría organizar este grupo cuando es el propio departamento ministerial el que lo impulsa. Entiendo que lo hacen porque quieren conocer cuál es el sentir de la sociedad civil.

P.-¿En cuánto tiempo cree que podrán tener listo el documento con las propuestas?
R.-Una de las cuestiones pendientes de perfilar es la del calendario del grupo de trabajo. No podría ahora mismo precisarle una fecha. Lo que sí parece es que estamos ya fuera de la fecha que inicialmente marcó el IV Plan de Gobierno Abierto, que hablaba de tener un documento para abril de este año. Empezando ahora, lo veo ya muy difícil.

El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental, está anudado a la libertad de informarse"

P.-¿Habrá nueva Ley de transparencia en esta legislatura?
R.-No lo sé, dependerá de si se agosta la legislatura o no y eso no lo sabe nadie. Si se agota, es bastante factible.

P.-Se lo preguntaba porque el primer borrador de reglamento se redactó a finales de 2017 y sigue sin aprobarse…
R.-Desconozco por qué sigue atascado el borrador, porque la versión del año 2019 está muy avanzada. En este caso no tiene por qué pasar lo mismo.

P.-¿Qué balance hace de la aplicación de la ley en estos primeros ocho años?
R.-El balance es bastante favorable. Cuando se aprobó la ley recibió muchas críticas, sobre todo desde la sociedad civil, porque se pensaba que estaba por debajo de los estándares internacionales. Y el hecho es que la ley ha dado un rendimiento muy superior al esperado. Nadie puede cuestionar que la norma ha supuesto un antes y un después en materia de transparencia y un cambio de paradigma en las administraciones públicas españolas. Eso es innegable. ¿Que es perfectible? Por supuesto. ¿Que hay cosas que se pueden mejorar? También. Todos los países que han implantado leyes de transparencia, desde que lo hiciera EEUU en los 60, las han ido reformando y perfeccionando a los pocos años a la vista de su rendimiento. Es de lo que se trata de hacer ahora en España.

P.-A 1 de enero, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) no le constaba el cumplimiento de 33 resoluciones por parte de la Administración General del Estado. ¿Es aceptable este nivel de incumplimiento por parte de un Ejecutivo que presume de transparencia como eje de su acción política?
R.-Permítame que no me pronuncie. Lo que sí digo es que hay un principio general de lealtad institucional y de colaboración entre instituciones que, en este caso, obliga al cumplimiento de las resoluciones del órgano que entre todos nos hemos dado para garantizar la transparencia pública.

La ley ha dado un rendimiento muy superior al esperado, ha supuesto un cambio de paradigma en las entidades públicas españolas"

P.-¿Tiene motivos este Gobierno para presumir de transparencia cuando invoca una ley franquista para no ofrecer detalles de los viajes oficiales de Pedro Sánchez?
R.-Podría haberle contestado hace unos días, pero ahora considero indisociable mi condición de académico y de coordinador [del grupo de trabajo para reformar la ley].

P.-¿Es usted partidario de que, en la futura norma, se incluya un régimen sancionador que castigue a los gestores públicos que no cumplan las resoluciones firmes del Consejo de Transparencia?
R.-Indudablemente tiene que haber un régimen sancionador. ¿Que castigue a nivel personal a los gestores públicos? Eso habrá que verlo con más detenimiento. Tiene que haber un régimen sancionador por una cuestión de coherencia del sistema jurídico. Si se comete un acto antijurídico tiene que haber una consecuencia jurídica. Lo que pasa es que, en la práctica, no son muy efectivos, no se aplican mucho debido a lo garantistas que son los procedimientos sancionadores. Son importantes, como digo, por una cuestión de coherencia y en parte también para inhibir posibles conductas antijurídicas. Pero si lo que buscamos es la efectividad de las resoluciones de los órganos de garantía hay otros mecanismos que quizá lo sean más que el régimen sancionador.

P.-¿Por ejemplo?
R.-Por ejemplo, las multas coercitivas. No son sanciones en sentido estricto, pero permiten que las resoluciones puedan ser más efectivas.

P.-Entiendo que la cuestión del régimen sancionador centrará gran parte del debate que van a iniciar ahora, ¿no?
R.-Supongo que sí; también existe en la comunidad científica y de la transparencia un cierto consenso en que es necesario.

P.-¿Y que la ley alcance a los integrantes de la Casa del Rey?
R.-La ley actual ya lo hace, pero de manera indirecta a través de una disposición adicional. Seguramente ése será un tema que en el ámbito jurídico pueda salir a la luz.

P.-Con el rodaje de estos años, ¿qué otros aspectos de la ley habría que modificar de forma inaplazable?
R.-A título exclusivamente personal, creo que la ley necesita en general una revisión, en lo que es transparencia, desde el principio hasta el final. Los textos que creo que son más necesarios revisar son los relacionados con el procedimiento sancionador, que tiene que ser ágil y muy accesible. Por otro lado, las causas de inadmisión se han revelado en la práctica como un importante escollo para la transparencia. Se hace un uso muy amplio de las causas de inadmisión, más incluso que los límites, algo que cuando se aprobó la ley nadie imaginaba. Y en materia de garantías hay múltiples cuestiones que mejorar y aclarar.

Es necesario delimitar mucho más cuándo es aceptable la aplicación de un límite o una causa de inadmisión"

P.-¿Aprecia un abuso de las administraciones públicas a la hora de invocar límites o causas de inadmisión para no facilitar la información pública que se les requiere?
R.-No le llamaría abuso. Desde el momento en que la ley lo contempla, es legítimo que, si los sujetos obligados entienden que son de aplicación, hagan uso de ello. El problema está en que es necesario delimitar mucho más su aplicación para que quede más claro en qué momento es aceptable la aplicación de un límite o una causa de inadmisión.

P.-El CTBG estimó 431 reclamaciones contra la Administración General del Estado en 2021, un 11,3 % más. ¿Considera razonable esta cifra?
R.-Estas cifras hay que ponerlas en contexto. En cualquier caso, que el Consejo de Transparencia resuelva a favor de los solicitantes y en contra de la Administración del Estado habla bien de la independencia con la que está actuando, otra de las cuestiones que se criticaron de la ley. En la práctica se ha demostrado que sí lo es y ha pleiteado contra la Administración General del Estado en múltiples ocasiones. Su propia ejecutoria es la que está acreditando la independencia del Consejo. Eso hay que reconocerlo. ¿Que sean muchas o pocas? No lo sé. Eso hay que contextualizarlo mucho más.

P.-El presidente del CTBG, José Luis Rodríguez Álvarez, se queja desde antes de que llegara al cargo de la falta de medios humanos y presupuestarios con los que cuenta la autoridad independiente para llevar a cabo las funciones que tiene asignada. ¿Le preocupa que se estén resolviendo reclamaciones más allá de los tres meses que le otorga la ley por falta de personal?
R.-Sí, sí. Se han hecho algunas cosas en los últimos meses pero es necesario impulsar que los órganos de garantía tengan los medios suficientes para poder desempeñar su misión: garantizar el ejercicio del derecho. Si no es así... La principal virtud que tienen las reclamaciones ante los órganos de garantía es la celeridad. Si esa celeridad se pierde, al final la ley no estará cumpliendo con su objetivo.

P.-¿El acceso a la información pública debería ser reconocido como un derecho fundamental?
R.-Sí, sin duda. A mi modo de ver, y así lo defendí entre los primeros del país en mi tesis doctoral, el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental. No puede ser de otro modo, porque es un derecho anudado a la libertad de informarse.

Su ejecutoria está acreditando la independencia del Consejo de Transparencia; eso hay que reconocerlo"

P.-En ese sentido, ¿los periodistas tendríamos que tener prioridad a la hora de ejercer ese derecho de acceso a la información pública por lo que representa nuestro trabajo para la sociedad?
R.-Los derechos fundamentales son de todos y no es necesario que los periodistas, como intermediarios entre la opinión pública y la fuente de información, tuviesen ese plus. Dicho esto, me gustaría dejar constancia del excelente papel de algunos medios de comunicación -como el suyo- impulsando toda la temática de transparencia y su divulgación ante la opinión pública. Estáis cumpliendo un papel fundamental y lo estáis haciendo muy bien.

P.-¿Qué diagnóstico hace de la situación de la transparencia en las comunidades autónomas?
R.-No se puede hablar de forma indiscriminada. Primero hay que diferenciar el plano legislativo y el ejecutorio. Salvo dos comunidades autónomas, todas tienen sus propias leyes de transparencia, pero son también muy diversas entre sí. Entre la ley de La Rioja, que es prácticamente un telegrama, y la ley de Navarra de 2018, que es mucho más avanzada que la estatal, existe una variedad enorme. Esto tampoco es expresivo de cómo están ejecutando las respectivas leyes. Hay comunidades que han contemplado órganos de garantía pero luego no los han constituido, sino que convenian con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado... No dispongo de datos de en qué medidas sus resoluciones son favorables, denegatorias o si se abusa del silencio. En general, no hay datos globales sobre el conjunto de las administraciones públicas.

P.-¿Tiene razón la oposición cuando acusa al bipartito de falta de transparencia en la gestión de los fondos Next Generation UE?
R.-No tengo elementos para pronunciarme sobre ello.