"La suma con Ciudadanos no da porque expulsa a fuerzas de la izquierda". Yolanda Díaz intentó hasta el final que la 'vía Arrimadas' no tuviese éxito. La vicepresidenta segunda del Gobierno trató de demostrar que los números no daban y que la única vía posible era la habitual, la del bloque de investidura. Que la pretendida "geometría variable" de Sánchez era un camino utópico por los difíciles equilibrios en un Parlamento completamente fragmentado. Pero la aprobación de la contrarreforma laboral, proyecto rey de la legislatura, ha sido un punto de inflexión en las negociaciones que hasta ahora ha llevado a cabo el Gobierno. Moncloa ha tendido la mano a Ciudadanos, y los liberales están dispuestos a cogerla. "Si la reforma laboral sienta un precedente o no, tendrá que decidirlo el PSOE", sentencian en la dirección.

El pasado jueves, los diputados de Ciudadanos estaban pletóricos. Sus nueve votos resultaban vitales para una suma difícil y caótica, pero que arrinconaba las pretensiones de nacionalistas vascos y catalanes respecto al nuevo marco laboral. Ni siquiera la tormenta que se desató en el Congreso por el voto erróneo de Alberto Casero -que, finalmente, permitió a Sánchez y Díaz salvar su reforma laboral- pudo apaciguar el júbilo en las filas naranjas. "Esta es la reforma que hubiera firmado Albert Rivera de haber sido vicepresidente", pronunció Rufián desde la tribuna de oradores, entre las risas de los diputados de Ciudadanos.

Ciudadanos está dispuesto a mantener esa puerta abierta. Al margen del tanto que se han apuntado frente a ERC, los de Inés Arrimadas han ganado notoriedad pública en los últimos días. Insisten en que su pretensión no es precisamente que Sánchez "dé por garantizada" la legislatura, pero que, en lo que dure, ellos van a "estar ahí" para mantener a raya las ya habituales "contraprestaciones" al independentismo catalán y vasco a cambio de que los proyectos del Gobierno pasen el filtro parlamentario. "Somos el mejor trozo de pan con el untar la salsa", ironizan dirigentes de la dirección de Ciudadanos.

Los de Inés Arrimadas miran con ambición los proyectos económicos pendientes de aprobación en la Cámara Baja y que se estiman vitales para que Bruselas desbloquee los distintos pagos de los fondos europeos, como la reforma del sistema de pensiones. No obstante, se ven más alejados de PSOE -y sobre todo de Podemos- en la agenda más social, sin ocultar sus recelos por ejemplo a la Ley de Vivienda o a la de Memoria.

En cualquier caso, se comprometen a estar en la mesa de negociación para tratar de evitar que los próximos proyectos que vean la luz "no vengan impregnados del populismo de Podemos ni venga avalado por los peores socios del Gobierno, los nacionalistas y separatistas", señalan. "No vamos a decir que no por el simple hecho de estar en la oposición", insisten varias fuentes parlamentarias de Ciudadanos, enmendando veladamente la vía escogida por PP y Vox tanto en el caso de la legislación laboral como en la mayoría de iniciativas gubernamentales. "No somos el salvavidas de Sánchez como dicen en el PP. Somos el salvavidas de España", insisten, vendiendo como éxito propio que la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos haya visto la luz sin que ERC o Bildu tocasen "una coma".

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya advirtió que si se modificaba cualquier punto del documento acordado tras nueve meses de ardua negociación, los empresarios se caerían del acuerdo. El PSOE compraba al cien por cien la condición de la patronal, mientras que Yolanda Díaz abría la puerta a estudiar las peticiones de los socios de investidura, sin descartar la posibilidad de "contraprestaciones" a futuros para ERC o Bildu a cambio de su 'sí' a la contrarreforma laboral. En paralelo, Ciudadanos jugó su partida. Intensificó los contactos con la CEOE y con la dirección parlamentaria socialista y abrió una vía que ahora no está dispuesto a cerrar. En ese camino, el PSOE confía en mantener a los cuatro parlamentarios catalanes escindidos de JxCat y tratar de atraer a esa mayoría alternativa al PNV, socio natural del Gobierno.

A la espera del recorrido judicial de las reclamaciones de PP y Vox, el Gobierno sufrió para sacar adelante su proyecto estrella en el Congreso. Tan sólo unas horas antes de que arrancara el Pleno, el PSOE ató el voto favorable de los cuatro diputados del PDeCAT y de los dos parlamentarios de Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas y Carlos García Adanero. La votación salía por 176 'síes' frente a 173 'noes'. Pero todo se torció en el último momento. Los dos diputados de UPN decidieron en secreto que romperían la disciplina de voto de su partido y que rechazarían la reforma laboral pese a que horas antes habían dado su palabra de que acatarían la orden de Pamplona.

Las cuentas ya no salían, el 'no' ganaba, pero Alberto Casero, ex alcalde de Trujillo y colaborador estrecho de Teodoro García Egea en Génova, emitió el voto a favor que salvó la reforma laboral. Fue un error, "técnico" según el PP y "humano" según la mayoría de fuerzas parlamentarias, pero un error. El diputado había solicitado el voto telemático. Se encontraba en su residencia de Madrid, con una gastroenteritis aguda y con "fiebre", según sus compañeros populares. Trató de enmendar su error personalmente, pero sin éxito.

Ahora, PP y Vox han comenzado una batalla judicial que se prevé larga por el "pucherazo" que, a su juicio, se produjo el jueves en el Congreso a causa de la negativa de Meritxell Batet a atender la "anomalía" que denunciaba un grupo parlamentario en plena votación. El PSOE sabía que si admitía la petición del PP, el Gobierno saldría derrotado y el decreto estrella de la legislatura hubiese caído. Aún así, tanto Sánchez como el resto de portavoces socialistas se arrogaron la aprobación de la reforma laboral como un éxito, pero PP y Vox no dan la batalla por perdida. El Tribunal Constitucional será finalmente el que decida si la estrambótica votación fue un "fraude" o contaba con todas las de la ley.