La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no trasladar a tiempo a su legislación nacional la nueva norma europea para proteger a los denunciantes de casos de corrupción y otros delitos que afecten a intereses de la UE, una directiva que los países debían haber aplicado el pasado diciembre.

El Gobierno ya adelantó en diciembre que la transposición llegaría con retraso porque entonces quedaban "algunos flecos" que esperaban resolver al inicio de este año para iniciar tramitación, aunque esperaban dar tal paso antes de que el Ejecutivo comunitario abriera el expediente sancionador.

Sin embargo, la Comisión finalmente ha iniciado la primera fase del procedimiento enviando una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, tal y como ha adelantado el diario El País y han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.

A partir de ahora, el Gobierno cuenta con un plazo de dos meses para responder a las inquietudes de Bruselas y explicar el estado en que se encuentran los trabajos para transpone la directiva.

Si cumplido ese plazo la Comisión no da por buenas las explicaciones españolas, aún podría dar un nuevo plazo similar mediante el envío de un dictamen motivado que detalle los problemas, antes de llegar a la tercera y última fase de un procedimiento que supone elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.

La norma europea para proteger a los delatores (o whistleblowers, en inglés) de infracciones del Derecho comunitario prevé mecanismos para ayudarles a denunciar de manera interna o externa sin sufrir represalias de sus empleadores, por ejemplo creando canales seguros.

También prohíbe explícitamente las represalias e introduce mecanismos para impedir que los delatores sean suspendidos, degradados o intimidados y obliga a proteger también a intermediarios, compañeros o parientes de estos denunciantes.