Opositores a una plaza en el Cuerpo Nacional de Policía que habían superado la prueba de aptitud física y se examinaron el pasado fin de semana de los test de conocimientos y ortografía van a presentar esta semana impugnaciones ante el tribunal calificador al entender que varias de las preguntas incluidas en los cuestionarios no son correctas y deberían ser anuladas. De esa decisión depende en algunos casos pasar o no a la última fase del proceso selectivo.

La Dirección General de la Policía dictó una resolución el pasado 24 de agosto por la que convocaba 2.218 plazas para acceder a la escala básica (148 menos que en la convocatoria anterior) en lo que constituye la XXXVIII promoción. La prueba física se desarrolló entre el 8 de noviembre y el 10 de diciembre pasados en ocho sedes repartidas por el país (León, Castellón, Jaén, Córdoba, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Ávila y Palma de Mallorca) y el pasado sábado se desarrolló la segunda prueba: conocimientos, ortografía, personalidad, psicotécnicos, biodata e idioma (voluntario).

Las oposiciones de ingreso en la Policía Nacional vuelven a estar otro año más rodeadas de polémica. Aspirantes se quejan de que el tribunal calificador ha dado por correctas tres palabras escritas en redonda que el Diccionario de la Real Academia (RAE) -obra lexicográfica de referencia de la Academia- reconoce como voces francesa o inglesas y, por tanto, deberían emplearse en cursiva: majorette, stent y software. El criterio aplicado por la Dirección General iría en contra del espíritu de la fuente que toma como referencia, que defiende la escritura en cursiva de vocablos que sean extranjerismos o latinismos no adaptados.

"En cualquier caso, debe siempre respetarse la norma general de escribir los extranjerismos crudos con la marca gráfica que indica su condición de tales, que, como ya se ha explicado, es preferentemente la cursiva o, en segundo término, las comillas", detalla la Ortografía de la Lengua Española en la página 604, como recuerda el filólogo Cristóbal E. González en un informe elaborado para la Academia Desafío Oposiciones.

El especialista recuerda que, en la convocatoria correspondiente a la XXXIII promoción, se dieron como buenas en cursiva cinco palabras (paparazzi, byte, apartheid, remake y spot) siguiendo la regla que prescribe la RAE, a diferencia de lo que ha ocurrido este año. "En caso de que no procediera la rectificación de la plantilla de ortografía (tal y como ha sucedido en años anteriores en otros casos), los alumnos afectados tendrían suficientes argumentos lingüísticos para impugnar dichas preguntas", añade el filólogo.

100 vocablos

La prueba de ortografía consistía en la contestación por escrito a un cuestionario en el que el opositor debe señalar si estaban bien o mal escritos 100 vocablos, descontándose un acierto por cada error cometido. En principio, sólo se supera el test si se tiene una calificación mínima de 5, si bien el tribunal se ha reservado expresamente la posibilidad de bajar la nota de corte en caso de que no exista un número suficiente de aspirantes que consiga dicha puntuación.

En cuanto a la prueba de conocimientos, consistente en un cuestionario formado por 100 preguntas con tres alternativas de respuesta a rellenar en un plazo máximo de 50 minutos, se pide la impugnación de cuatro al entender que no son correctas y no deben ser tenidas en cuenta a la hora de seleccionar a los aspirantes que pasan a la tercera y definitiva fase. También se fija un cinco como nota mínima.

Aspirantes impugnan varias preguntas de conocimientos y ortografía al entender que son erróneas o generan dudas al menos

"El Ministerio del Interior, de oficio o a petición del interesado, acordará la aplicación de la tramitación de urgencia en la solicitud de protección internacional previa notificación al interesado cuando...", decía el enunciado de la pregunta 35. Las tres opciones eran: a) La persona solicitante, con motivo justificado presente su solicitud transcurrido el plazo de un mes, b) Cuando la solicitud de protección internacional se hubiese presentado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y c) Hayan sido formuladas por menores no acompañadas.

La contestación que el tribunal ha dado como correcta en aplicación del artículo 19 de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria es la c). Opositores entienden que la pregunta es imprecisa y que también podría entenderse como buena la b), dado que, en el caso de que el ministro del Interior acuerde la admisión a trámite de la petición formalizada por el CIE, el procedimiento a seguir es de urgencia.

También se combate la 52: "Juan le realiza un ingreso de 5.000 euros a Jorge para que le compre un coche. Jorge, una vez que tiene el dinero en la cuenta, decide quedarse con el mismo y no realizar la compra. ¿Qué delito podría estar cometiendo Juan? Estafa, apropiación indebida o hurto". Juan no delinquiría sino que sería la víctima de la apropiación indebida, por lo que -defienden- debe anularse.

48 horas para impugnar

La 56 giraba en torno a cómo proceder penalmente por los delitos informáticos (de oficio o mediante denuncia previa). También interpretan que genera dudas, por cuanto la noción de delito informático no sólo aglutina los tipos descritos en el artículo 197 y siguientes del Código Penal sino que también los daños o estafas informáticas -entre otros- reconducen a esa figura.

De igual forma se pide la exclusión de la pregunta 82 ("La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático, prevención de la contaminación, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad, de los bosques, del mar, agua y energía para la transición a un modelo productivo y social más ecológico le corresponde a..."), puesto que una de las tres respuestas corresponde a un ministerio que no existe: Medio Ambiente (las otras dos alternativas eran Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). Ello, argumentan, sería un error de transcripción.

Según se detalla en las bases de la convocatoria que regulan esta oposición, concretamente en el punto 6.1.2., los opositores disponen de un un plazo de "dos días naturales" -a contar a partir del siguiente al de su publicación, es decir, desde este martes- para impugnar cualquier pregunta de los cuestionarios de conocimientos y ortografía. Ello requiere el envío de un correo electrónico a la secretaría de procesos selectivos, puerta a la que algunos piensan llamar.