La Abogacía del Estado ha solicitado apartarse del procedimiento en el que se juzgará a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el 'pequeño Nicolás', por acceder presuntamente a bases de datos policiales con la ayuda de agentes de Policía de Madrid, de la Guardia Civil y funcionarios municipales.

El joven se enfrenta a una pena de nueve años y nueve meses de prisión, según la petición de la Fiscalía, por los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, violación de secretos como inductor y cohecho activo, cometidos como organización criminal. El Ministerio Público le acusa tanto a él como a los policías municipales Jorge González Hormigos y Felipe Gallego Santos; al coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Emilio García-Grande; al funciario del ayuntamiento José Luis González Cervera y al guardia civil Francisco Javier Sánchez López de acceder a información de carácter confidencial del Ministerio del Interior en el caso denominado mafia policial.

La Abogacía del Estado ha solicitado apartarse de esta causa. Es decir, no formular acusación contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, según ha adelantado Europa Press y ha confirmado El Independiente en una diligencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid con fecha de este martes.

Comprobar matrículas para ver si le seguían

Según comenzó a investigar el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid en esta causa, Francisco Nicolás Gómez Iglesias solicitó entre 2013 y 2014, cuando viajó a Ribadeo presentándose como colaborador de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y de la Casa Real, que los agentes comprobaran la información de unas matrículas para saber si estaba siendo sometido a un seguimiento.

Durante la instrucción de la causa, un mando de la Policía Municipal, Óscar de Santos, declaró que desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se le pidió colaboración para saber qué agentes habían consultado información a petición de Gómez Iglesias y que se trató de la primera vez que los servicios secretos le pidieron colaboración en un asunto directamente.

Las defensas de los policías Francisco Javier Sánchez y Jorge González Hormigos que se sentarán en el banquillo junto al 'pequeño Nicolás' se dirigieron al CNI a través de la Audiencia Provincial el pasado diciembre pidiendo que aclarara si el joven "prestó servicios laborales o profesionales" para los servicios de inteligencia españoles o si entre "los meses de julio, agosto y septiembre del año 2014 fue objeto de seguimiento por parte de los agentes del CNI", según la documentación consultada por este diario.

En un documento firmado por la secretaria de Estado Paz Esteban, ésta denegó aportar tal información basándose en la Ley de Secretos Oficiales de 1968. "De acuerdo con lo previsto en la referida normativa reguladora del CNI y sobre secretos oficiales, cabe concluir que a las autoridades y al personal del CNI le está vedada legalmente cualquier actuación que, en su caso, de manera directa o indirecta implique transmitir información clasificada con el grado de secreto relativa a este Centro. Por lo tanto, en lo que se refiere al requerimiento recibido por esta Audiencia Provincial, le traslado la imposibilidad de este CNI para, sin violentar la protección de las normas que nuestro ordenamiento jurídico dispensan a la información clasificada, comunicar cualquier información que pudiere conducir al conocimiento de las actividades del CNI", se podía leer en la contestación.

Tampoco aclaró el CNI en base a estas razones la petición expresa del investigado González Hormigos de que se despejara "si es cierto que un agente de este Centro llamó por teléfono a D. Óscar Santos Tapia en septiembre de 2014" por el asunto de las matrículas como declaró el aludido en sede judicial. Ahora, la Abogacía del Estado se retira de la causa en la que la Fiscalía continuará acusando al joven.