La Policía Nacional eliminará a partir de ahora la prueba de ortografía en las oposiciones para ingresar en el Cuerpo, un test que ha generado polémica en las últimas convocatorias -sin ir más lejos en la desarrollada el pasado sábado- y que ha sido cuestionada por el Defensor del Pueblo tras las quejas formuladas por los sindicatos. No obstante, se podrán incorporar contenidos relacionados con aquellas en el ejercicio de conocimientos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la orden por la que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, modifica la norma que desde 1989 desarrollaba las previsiones contenidas en el reglamento de ingreso, formación, promoción y perfeccionamiento de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

"El tiempo transcurrido y la experiencia adquirida en la ejecución de los procesos selectivos de la Policía Nacional, en tanto no se produzca la aprobación del nuevo reglamento de procesos selectivos y formación que actualice su regulación, aconseja la actualización de algunos aspectos (...) con la finalidad de agilizar y mejorar los procesos de selección", justifica.

El test ha generado polémica en convocatorias recientes, hasta el punto de que al menos una está recurrida en los tribunales

La nueva disposición incluye dos novedades. La más importante es que desaparece la prueba con la que la Policía evalúa los conocimientos ortográficos de los opositores que quieren ingresar en la escala básica. Desde la próxima convocatoria, que se anunciará en el segundo semestre de este año y corresponderá a la promoción XXXIX, ya no se examinará de estos contenidos a los aspirantes. Se accede así a la petición que vienen haciendo en los últimos años sindicatos como el SUP.

El test ortográfico viene generando controversia en los últimos años, hasta el punto de que algunos de los opositores de promociones pasadas -como los de la XXXVI- mantienen impugnada la prueba en los tribunales de lo contencioso-administrativo. En esa ocasión, el tribunal calificó como incorrectos tres términos de uso frecuente -ciberataque, LGTBI y reditar- por no figurar en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), la obra lexicográfica de referencia.

Al año siguiente, el cuestionario incluyó numerosos vocablos -como outlet, desjudicializar, prepago, kinegrama, sindemia, quillo, resetear, de cúbito, superfino, endocraneal y desfibrilar- que no están incluidos en el Diccionario de la Lengua pero que son de uso habitual en muchos casos. Ello volvió a generar impugnaciones por parte de algunos de los aspirantes que no alcanzaron la nota de corte fijada por el tribunal calificador.

En respuesta a una queja presentada por la Confederación Española de Policía (CEP), el Defensor del Pueblo consideró el pasado año que obligar a un opositor a saber si una palabra está o no incluida en el Diccionario de la RAE -integrado por unas 90.000 voces- para poder superar la prueba sirve para evaluar su riqueza léxica pero no para "medir el conocimiento de la lengua a través de sus reglas ortográficas y gramaticales". Y advirtió: "[Ello] podría alterar la finalidad de la misma y generar inseguridad y poca fiabilidad en los participantes en el proceso selectivo".

La última controversia en torno a esta prueba se registró el pasado sábado, cuando se examinaron los aspirantes de la XXXVIII promoción. Como informó El Independiente, se han calificado como correctas las palabras majorette, stent y software escritas en redonda, a pesar de que la Academia de la Lengua defiende la escritura en cursiva de vocablos que sean extranjerismos o latinismos no adaptados. Ello ha motivado que muchos de los opositores que marcaron estas voces como incorrectas estén presentando impugnaciones entre ayer y este miércoles para que sean anuladas.

La decisión de anular el test de ortografía ha sido recibida con entusiasmo por los aspirantes de la promoción XXXVI que mantienen impugnada la citada prueba en los tribunales, al entender que es un argumento que podría tener en cuenta la justicia a la hora de pronunciarse sobre sus pretensiones.

Hasta ahora había que obtener un 5

De otro lado, la nueva orden establece que, a partir de la próxima convocatoria, se fijará un número máximo de aptos en la prueba de conocimientos. Ahora, las bases que regulan el proceso selectivo establece que serán considerados aptos los aspirantes que hubieran obtenido al menos 5 puntos, sin marcar un número concreto.

En el examen de conocimientos, los opositores tienen que contestar por escrito en 50 minutos un cuestionario de cien preguntas -de un programa formado por 44 temas de ciencias jurídicas y sociales y materias técnico-científicas- con un enunciado y tres alternativas de respuestas de las que sólo una es correcta. Es uno de los test a los que se enfrentan los aspirantes que hayan superado la aptitud física.

Según establece la nueva orden, este examen se calificará de cero a diez puntos y únicamente serán seleccionadas para continuar en el proceso los aspirantes que hayan obtenido las mejores calificaciones "hasta llegar a un número comprendido entre 1,5 y 3 por plaza convocada", según se determine en cada convocatoria. El resto queda automáticamente excluido.

De igual forma, los opositores tendrán que resolver un supuesto práctico en los que "deberán interrelacionarse las materias del temario". Ese ejercicio tendrá que leerse posteriormente ante el tribunal, que podrá preguntar o solicitar las aclaraciones que considere oportuno. Se puntuará de cero a 1o, siendo necesario obtener un 5 para poder superarlo.