La ministra de Justicia, Pilar Llop, cifra en más de 700.000 euros el coste de personal al que se ha recurrido en el Tribunal Supremo para asumir la carga de trabajo que está generando la jubilación y bajas por incapacidad o enfermedad de magistrados del alto tribunal sin que puedan ser reemplazados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación se mantiene bloqueada desde hace más de tres años por la falta de acuerdo entre PSOE y Partido Popular.

La titular de Justicia pone toda la responsabilidad de la falta de acuerdo en el partido de Pablo Casado: "Quien lo está bloqueando es únicamente un partido, el Partido Popular", dijo este miércoles durante una declaración pública en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF).

El bloqueo del órgano de gobierno de los jueces está provocando ya que se dejen de poner 1.000 sentencias anuales menos al año en el Supremo y deja a la cúpula judicial con más de 50 vacantes.

Reunión con la Sala de Gobierno

Precisamente la Sala de Gobierno del alto tribunal alertó la pasada semana del "colapso" en el que va a entrar la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que en abril llegará al mínimo legal de 25 magistrados, siendo la más afectada por las jubilaciones y que además espera recibir una "avalancha" de recursos por los daños económicos del Covid.

Llop mantendrá una reunión con dicha Sala de Gobierno para "abordar cómo podemos paliar este impacto tan negativo", afirmó en declaraciones a los medios. En este sentido, expuso que Justicia "ha dotado con un refuerzo de 12 letrados y letradas al servicio del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo", suponiendo un coste de más de 700.000 euros.

No habrá acuerdo hasta después de las elecciones

Mientras tanto, el acuerdo entre el partido del Gobierno y el principal de la oposición no se vislumbra. Al menos hasta que pasen las elecciones de Castilla y León, según fuentes políticas consultadas, no se retomarán los contactos. Y no hay clima de acercamiento incluso cuando éstas se hayan celebrado.

De hecho, Partido Popular y Vox recurrieron ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley del Poder Judicial que impulsaron PSOE y Podemos para impedir al órgano de gobierno de los jueces que nombre mientras esté en funciones. Una admisión parcial de dichos recursos, como avanzó El Independiente que valora el Alto Tribunal, permitiría al CGPJ designar a dos de los cuatro magistrados que también deben ser reemplazados en junio en el tribunal de garantías. Eso facilitaría al Gobierno que proponga a otros dos sin necesidad de haber llegado a un acuerdo de renovación del Consejo de jueces con el PP.