Desde hace cinco años, se libra una cruzada en torno a la Orden de Malta en la que el Papa Francisco no se mantiene al margen. Primero forzó la renuncia del inglés Matthew Festing como Gran Maestre, la suprema autoridad. A finales de 2020 encomendó al cardenal Silvano María Tomasi la misión de impulsar la renovación espiritual de esta institución casi milenaria y reformar su Carta Constitucional y el Código. Salvo contratiempos, el sumo pontífice anunciará en las próximas semanas el futuro de la congregación con los cambios propuestos por el purpurado.

Será el desenlace al pulso que un sector influyente de los caballeros de Malta ha tratado de echar al Vaticano con la intención de mantener el statu quo actual frente al deseo del Papa de reforzar la identidad de la congregación como orden religiosa laica de la Iglesia católica. Fundada por fray Gerardo Tum para dar asistencia a los peregrinos en Jerusalén en el siglo XI (en la época de las cruzadas), a lo que se añadió posteriormente la actividad militar para la defensa de Tierra Santa, está presente hoy en 120 países y sigue desarrollando una labor asistencial y humanitaria nueve siglos después. Tiene su sede en Roma desde 1798, tras conquistar Napoleón Bonaparte la isla de Malta.

El trasfondo de esta rebelión es el deseo de esa corriente por quedar al margen de la Iglesia, invocando la controvertida sentencia que el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica de la Santa Sede dictó el 5 de febrero de 2o11, dos años antes de que Jorge Bergoglio fuera elegido Papa en sustitución de Benedicto XVI. Ese fallo venía a reconocer que la orden no estaba sujeta al control de la Iglesia por su condición de soberana, lo que rompía una dependencia canónica que se mantenía desde que el Papa Pascual II concedió la bula en el año 1113.

El Papa ha dado plenos poderes a un cardenal para reforzar la espiritualidad de la orden, de las más antiguas instituciones de la civilización occidental

Ese pronunciamiento chocaba con la sentencia en la que el Tribunal Cardenalicio -el 24 de enero de 1953, durante el papado de Pío XII- había establecido la naturaleza de la Soberana Orden de Malta, su relación con la Santa Sede y la dependencia que sus integrantes tenían de la Iglesia sin distinción de clases ni de categorías. Se trazaba así el marco con la intención de reforzar la espiritualidad de la congregación, una de las más antiguas instituciones de la civilización occidental y cristiana: en 2048 cumplirá mil años.

En la práctica, el pronunciamiento del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica de la Santa de 2011 no ha tenido ningún efecto jurídico. Prueba de ello son los plenos poderes que el Papa ha concedido al cardenal Tomasi para que pudiera culminar sin obstáculos el encargo que le hizo cuando el 1 de noviembre de 2020 lo nombró delegado especial ante la Soberana Orden Militar Hospitalaria de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Esas atribuciones incluían la posibilidad de arrogarse "aspectos del gobierno ordinario" de la congregación y la facultad incluso de derogar la Carta Constitucional y el actual Código Melitense, según detalla la carta que el máximo representante de la Iglesia le envió el pasado 25 de octubre.

De Jerusalén a Roma pasando por Chipre, Rodas y Malta: las ciudades en las que ha tenido su sede. ORDEN DE MALTA

La crisis que el Vaticano pretende cerrar ahora tiene su origen en diciembre de 2016, cuando se obligó a dimitir al alemán Albrecht Freiherr von Boeselager como Gran Canciller de la Orden de Malta. El Gran Maestre Matthew Festing lo acusaba de no haber impedido la distribución de preservativos en países del mundo donde la congregación desarrolla proyectos sanitarios a través de voluntarios, según informó el diario romano Il Messaggero.

En enero de 2017, el Papa Francisco forzó la renuncia de Festing, después de que la orden hubiera impedido una inspección de la comisión que había nombrado el Vaticano para esclarecer el cese de Von Boeselager. El gran maestre presentó su dimisión el 24 de enero y, al día siguiente, el sumo pontífice la aceptó. Roma intervenía de facto la orden y, a la espera del nombramiento de un delegado pontificio, resolvía que se encargara del gobierno de la congregación un lugarteniente interino.

Restitución del Gran Canciller

La persona elegida fue Ludwig Hoffmann von Rumerstein, que, en una de sus primeras decisiones, anuló los decretos de medidas disciplinarias adoptados contra Boeselager y acordó su restitución como Gran Canciller con carácter inmediato. "No existe base alguna que fundamente una acusación contra él, y quisiera felicitarle por haber insistido respetuosamente en una adecuada aplicación de nuestra Constitución y nuestro Código", escribió días después Von Rumerstein en una carta dirigida a los miembros de la Orden de Malta, voluntarios, empleados y colaboradores. Esa interinidad acabó el 2 de mayo de 2018 con la elección como Gran Maestre de Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, fallecido en abril de 2020.

Es precisamente Von Boeselager quien años después encabeza la resistencia a los cambios que promueve el Vaticano junto a otras asociaciones nacionales de la orden, como la francesa, alemana, polaca y libanesa. Este sector entiende que la reforma constitucional que proyecta el cardenal Tomasi por encargo del Papa supone una seria amenaza para la soberanía de la congregación y su gobierno independiente. El nuevo régimen sustraería la capacidad de decisión y dirección a los actuales rectores.

Un sector de la congregación se resiste a los cambios proyectados por el Vaticano al entender que son una amenaza a su soberanía

La Santa Sede busca la renovación espiritual reforzando la identidad de la Orden de Malta como comunidad religiosa laica de la Iglesia católica, lo que conllevará una modificación de la vigente Carta Constitucional y el Código. Esta norma fue promulgada el 27 de junio de 1961 -en el ecuador del mandato de Juan XXIII- y revisada por el Capítulo General Extraordinario celebrado a finales de abril de 1997.

De los borradores que han trascendido y de lo que Tomasi ha venido avanzando en reuniones con miembros de la orden se deduce que el Vaticano pretende una observancia más estricta de los votos religiosos por parte de los profesos (miembros de la primera clase) para reforzar el compromiso con la labor que desarrolla la congregación. Ello conllevaría el ofrecimiento de practicar los tres votos (pobreza, obediencia y castidad) y la posibilidad de vivir en comunidad bajo el sostenimiento económico de la orden, lo que les permitiría dedicarse plenamente a la actividad asistencial sin necesidad de tener que ejercer otra profesión al margen.

Los cambios normativos afectarían también a los requisitos exigidos para poder ser profeso, los que pueden ocupar puestos de mando. De salir adelante la reforma de Tomasi, ya no sería necesario acreditar el cumplimiento de la prueba de nobleza como se exige ahora. Ello limita el número de candidatos para optar al cargo de Gran Maestre, hasta el punto de que en la actualidad sólo 11 de los 32 profesos cumplen tal condición. Y algunos superan ya los noventa años.

Tras la muerte de Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, el portugués Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas asumió las funciones de lugarteniente interino hasta que el lombardo Marco Luzzago -pariente del Papa Pablo VI- fue designado lugarteniente interino del Gran Maestre el 8 de noviembre de 2020. Es la máxima autoridad de la orden en este momento.

La elección del Gran Maestre culminará el proceso emprendido por el Vaticano y se llevará a cabo una vez que se aprueba la Carta Constitucional con las nuevas disposiciones. El cardenal Tomasi tiene intención de convocar un capítulo general para discutir los borradores con los integrantes del grupo de trabajo que se ha constituido con miembros de la orden, encabezados por el presidente de la Asociación Libanesa: Marwan Sehnaoui.

"Es muy respetado por la Santa Sede y es apto para llevar el proceso a una conclusión que conduzca a la renovación espiritual y la reforma de la Primera Clase, como lo pidió el Santo Padre, manteniendo la soberanía de la Orden, su gobierno independiente, su servicio ininterrumpido a los enfermos y pobres, sus relaciones cordiales dentro de la Santa Sede y su fidelidad inquebrantable a la Iglesia y al Santo Padre", justifica el Gran Canciller Boeselager en una carta enviada el pasado 19 de enero a los miembros del Consejo Soberano y del Consejo de Gobierno, los procuradores de los grandes prioratos, los regentes de los subprioratos, los presidentes de las asociaciones nacionales y los jefes de las misiones diplomáticas de la orden.

Tras reunirse a finales de enero en audiencia privada con el Papa, Tomasi ha informado de que aquél quiere reunirse con algunos miembros que representan a los profesos, el gobierno de la orden, procuradores de los prioratos y presidentes de las asociaciones para presentarles los puntos clave de la reforma, por lo que se ha suspendido la reunión del grupo de trabajo mixto que se había fijado para los próximos 22 y 23 de febrero. "Cualquier otra actividad [antes del encuentro con el Papa] será considerada un acto de desobediencia al santo padre", ha advertido el cardenal.

A la espera de que se celebre ese cónclave, se da por seguro que el Papa Francisco decidirá en breve el futuro de la Orden de Malta bajo el planteamiento en el que se viene trabajando desde finales de 2020 y que ha despertado abiertos recelos en un sector de la congregación. Eso significaría que el italiano Tomasi termina imponiendo su criterio y ganándole el pulso al alemán Von Boeselager.