El juez de Vigilancia Penitenciaria, dependiente de la Audiencia Nacional, ha dictado la regresión a segundo grado del preso de ETA Iñigo Gutiérrez Carrillo, lo que supone su reingreso en prisión dos semanas y media después de que fuera acercado, en tercer grado, al Centro de Inserción Social (CIS) de Zaballa (Álava), una decisión acordada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio del Interior el pasado 27 de diciembre.

Es la tercera vez que la Justicia echa para atrás la progresión de grado de un etarra acordada por Interior en menos de seis meses. Según ha informado el colectivo de familiares de presos de ETA Etxerat y recoge Europa Press, la Audiencia Nacional ha dictado la regresión de grado de Gutiérrez tras los casos de Unai Fano, que volvió a prisión en septiembre tras permanecer en segundo grado en la calle durante ocho meses y el más reciente de Jon Crespo, que tuvo que volver a entrar en la prisión de Basauri pese a que desde el pasado octubre de 2021 disfrutaba de tercer grado.

El colectivo de familiares de reclusos de la banda terrorista ha recordado que, entre las razones por las que Gutiérrez fue progresado a tercer grado, se encuentra el cuidado de su hija, que tras cumplir tres años de edad tuvo que abandonar recientemente la prisión en la que vivía con sus padres, mientras María Lizarraga, pareja del preso de Algorta y madre de la niña, se encuentra presa en la cárcel alavesa.

Su pareja, María Lizarraga, ingresó en prisión el 18 de diciembre de 2008 y tiene una condena de 19 años y 13 meses por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documento público, tenencia de explosivos, tenencia ilícita de armas, robo y hurto. En este caso, cumplirá las tres cuartas partes de la condena en enero de 2024.

Iñigo Gutiérrez cumplió las tres cuartas partes de su condena en enero de 2019. Este recluso ingresó en prisión el 27 de julio de 2008 y cumple una condena de 14 años por los delitos de colaboración con banda armada y depósito de armas y municiones. El juez central de Vigilancia Penitenciaria considera que el perdón manifestado por éste para alcanzar la semilibertad según contempla la ley no se ha producido, de ahí que revoque el tercer grado, según confirman fuentes jurídicas.