El Ministerio del Interior acaba de cerrar por vía de emergencia la compra de cuatro drones de uso militar para que los agentes puedan adelantar la respuesta en caso de saltos por parte de migrantes a las vallas de Ceuta y Melilla, al ser los intentos "cada vez más violentos" y peligrosos para los guardias civiles que prestan labores de protección y seguridad en ambos perímetros fronterizos.

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, firmó el pasado 19 de enero la resolución por la que se adjudicó a la empresa madrileña Stock RC FPV Aeromodelismo SL el suministro de cuatro vehículos aéreos no tripulados (UAV por sus sus siglas en inglés). El importe del encargo ascendió a 199.872,8 euros (a una media de 49.968,2 euros la unidad), comprometiéndose el proveedor a servir el encargo antes del 25 de diciembre de 2021.

"Los asaltos a los vallados de los perímetros de Ceuta y Melilla se tornan cada vez más violentos con el consiguiente grave peligro que ello conlleva tanto para el personal que presta la protección y seguridad, como para los propios inmigrantes que intentan acceder al territorio español (...). Se pretende la utilización de estos medios técnicos para reforzar la vigilancia de los perímetros fronterizos y adaptar de una forma más agilizada la respuesta ante los intentos de asalto al vallado de los mismos, adelantando así la intervención correspondiente con el fin de prevenir o mitigar estas situaciones de peligro grave para las personas", ha justificado el Instituto Armado.

Justificación de la compra de cuadro drones para reforzar la protección de las vallas de Ceuta y Melilla.

Interior ha optado por la tramitación de emergencia, una posibilidad que prevé la Ley de contratos del sector público para que la Administración pueda dar una respuesta más rápida a situaciones sobrevenidas. Esta opción permite la adjudicación directa sin obligación de gestionar un expediente de contratación, lo que posibilita acortar de forma notable los plazos a costa de sacrificar la concurrencia.

Agresión "con un garfio"

La mejora de la eficacia en el servicio de protección de las vallas que delimitan la frontera con Marruecos en ambas ciudades autónomas es la razón que invoca la Guardia Civil para justificar la emergencia, declarada por Gámez el pasado 25 de noviembre. Fue un mes y medio después de que un agente necesitara atención médica tras ser agredido "con un garfio a la altura del mentón" por uno de los 12 migrantes que intentaron superar la valla en Melilla por la zona próxima a Barrio Chino. Ocurrió sobre las 4.30 horas del pasado 13 de octubre. Siete personas lograron entrar en territorio español de forma irregular.

Éste fue uno de los numerosos episodios que se registraron durante 2021 en el perímetro fronterizo de Melilla. Doce días antes del citado suceso, fuerzas de seguridad de España y Marruecos impidieron la entrada de 700 subsaharianos. Fuentes de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma informaron de que los integrantes de dicho grupo "venían perfectamente organizados y utilizando tácticas militares", dividiéndose para "disgregar a las fuerzas que vigilan el vallado".

Grupos de migrantes están recurriendo a "tácticas militares" y a una "violencia inusitada" para tratar de entrar en España

Previamente, el 24 de septiembre, otro grupo de 400 subsaharianos -divididos en tres- intentó asaltar el vallado por diversos puntos de la zona Norte, frustrando la entrada la Guardia Civil con la colaboración de las fuerzas de seguridad de Marruecos. La intervención policial se saldó sin que ningún funcionario resultara herido, pese a la "violencia" de los migrantes. Estos, según la Delegación del Gobierno en Melilla, lanzaron "piedras y otros objetos" a los guardias civiles.

Sólo durante el pasado mes de septiembre se contabilizaron cuatro intentos de salto al perímetro fronterizo en esta ciudad autónoma, que se sumaron a los registrados el 22 de julio (300 migrantes) y el 28 de agosto (350). Los episodios continuaron en diciembre -concretamente los días 22 y 29- y durante el arranque de 2022: el 19 de enero y el 6 de febrero.

Durante el discurso ofrecido en víspera del pasado Día de la patrona (12 de octubre), el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla, Antonio Sierras Sánchez, cifró en más de 60 el número de agentes que habían resultado heridos en los distintos asaltos al perímetro fronterizo y en los que los inmigrantes no dudaron en usar "tácticas militares en su avance hacia Melilla y una violencia inusitada contra las fuerzas de seguridad" tanto marroquíes como españolas. El oficial ya anunció entonces que se utilizarían drones para el control de la valla cuando Marruecos reabriera la frontera, cerrada desde el 13 de marzo de 2020 por la pandemia de coronavirus.

Anticipar la respuesta

Desde este año, las unidades de la Guardia Civil implicadas en la vigilancia y protección fronteriza en Ceuta y Melilla dispondrán de drones de uso militar, un recurso que les permitirá anticipar la reacción ante los intentos de salto masivos que puedan registrarse. No ha trascendido qué modelos ni cuáles son las prestaciones que ofrecen los cuatro UAV que se han adquirido.

Distribuidor y servicio técnico oficial en España del fabricante chino DJI, el contratista elegido (Stock RC FPV Aeromodelismo) es un proveedor al que el Ministerio del Interior ya le adjudicó otros tres encargos el pasado año por un montante conjunto de 790.169,26 euros. Así, la Guardia Civil le compró 28 drones el pasado 23 de diciembre y la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad -en sendos procedimientos- adquirió un sistema de detección y neutralización de aeronaves pilotadas a control remoto y dos drones entre el 17 de agosto y el 19 de octubre, en ambos casos para luchar contra el narcotráfico en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.

Con datos referidos a junio de 2021, el Instituto Armado disponía de 81 aeronaves no tripuladas, de diferentes marcas y versiones en función de las necesidades operativas. Estos drones están repartidos entre casi una veintena de unidades diferentes, destacando las 17 adscritas a la Unidad Especial de Intervención (UEI), las 15 del Grupo de Apoyo Operativo (GAO), las 14 de la Unidad Central Operativa (UCO), las ocho de la Unidad de Asuntos Internos y las cinco de la Unidad de Seguridad de la Casa Real.

Como informó este diario, el Cuerpo que comanda María Gámez proyectaba incorporar al servicio 75 drones entre 2022 y 2024 (a razón de 25 cada año), lo que le permitirá casi doblar casi la flota. Cuando compareció el 18 de marzo ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, la directora general de la Guardia Civil dijo que uno de los objetivos que se había marcado en materia de material móvil, armamento y equipamiento policial era dotar a cada comandancia "con al menos un dron".