Las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrán que informar del uso de videocámaras para grabar a personas y lugares, como en el caso de manifestaciones, unas grabaciones que deberán ser custodiadas y podrán ser solicitadas por la autoridad judicial.

Se trata de uno de los cambios que incorporará la nueva ley de seguridad ciudadana, que ha avalado la mayoría de diputados que integran la ponencia para la reforma de la llamada ley mordaza, en tanto que se ha aplazo a una nueva sesión el 1 de marzo el debate de los puntos más polémicos, como el uso de pelotas de goma como material antidisturbios o las devoluciones en caliente.

Según han informado a Efe fuentes parlamentarias este martes, los trabajos de reforma se han retomado este martes en el artículo 19 de la ley y se ha conseguido avanzar en diez preceptos.

Entre los cambios más significativos se encuentra la modificación del artículo 22 referido al uso de videocámaras por parte de los agentes en sus actuaciones policiales para dotar de mayores garantías en su uso, tal y como solicitaba una enmienda de Unidas Podemos que no estaba incluida en el paquete de cambios pactado con el PSOE y que ha sido apoyada por todo el bloque que respaldó la investidura de Pedro Sánchez.

De esta forma, la nueva ley incluirá que el uso de dispositivos de grabación en la vía pública, como es el caso de las manifestaciones, "deberá hacerse costar en cada atestado". Las grabaciones deberán ser custodiadas dentro de los plazos que marca la legislación en materia de protección de datos, pudiendo ser requeridas por la autoridad judicial.

Fuentes parlamentarias aseguran a Efe que las grabaciones que realizan las fuerzas de seguridad no tienen que tener un componente negativo, porque pueden ayudar a esclarecer hechos en caso de agresiones o mala praxis policial.

Otro de los cambios en los que ha habido acuerdo es en la regulación de los cacheos o registros corporales policiales, un cambio en el artículo 20 que ya estaba previsto en 2019 cuando la reforma se vio truncada por la convocatoria de elecciones generales.

La nueva norma determinará que esta práctica policial solo se podrá hacer cuando existan "indicios concretos y comprobables" y en todo caso, cuando impliquen dejar a la vista parcialmente el cuerpo, deberán realizarse en lugares donde se preserve la intimidad del ciudadano, fuera de la vista de terceros. 

También se ha dado el visto bueno a la modificación del artículo 30.2 relativo a la ampliación de garantías y derechos de menores infractores.

La ponencia ha acordado volver a reunirse el próximo día 1 de marzo, cuando se tratarán los aspectos más sensibles y en los que de momento no hay consenso, como es la prohibición del uso de pelotas de goma, tal y como demanda ERC o EH Bildu o la supresión de las denominadas devoluciones en caliente.

Las fuentes consultadas apuntan a Efe que en estos puntos el debate será intenso y largo, aunque se tratará de trabajar en algunos acuerdos en las dos semanas que restan para la nueva reunión de la ponencia.