El juez del caso Neurona ha pedido al partido político Podemos, investigado por presunto delito electoral en la campaña de abril de 2019, que entregue en un plazo de cinco días más de 1.000 archivos informáticos en los que basó su pericial de defensa para justificar los trabajos de la consultora mexicana Neurona por los que la formación pagó 363.000 euros y que son objeto de investigación por si no llegaron a prestarse, como sospecha el instructor.

Juan José Escalonilla ha solicitado concretamente que se le entreguen 1.411 archivos en los que la formación basa su informe pericial de defensa puesto que ha comprobado que no coinciden con los documentos en bruto que ya se aportaron al Juzgado 42 de Madrid en un disco duro de 5 terabytes. También pide el bruto original de conversaciones de la red de comunicaciones Telegram que el partido aportó igualmente para acreditar que la consultora, que creó una filial en España, prestó realmente los trabajos.

En una providencia de este martes a la que ha tenido acceso El Independiente, el juez repara en que, en el informe pericial de Podemos se indica, "en la parte correspondiente a la extracción de metadatos, que el objeto de estudio por parte del perito fueron un total de 1.411 archivos, de los que extrae los metadatos, no correspondiéndose por tanto con el contenido del disco duro de la marca Seagate de 5 TB de capacidad y con número de serie NAAG82MG aportado por dicho partido político durante la tramitación de la causa, y que fue objeto de análisis por la Sección de Ciberamenazas, Unidad Central de Ciberdelincuencia, en tanto en cuanto dicho disco duro contenía 3.236 archivos y 165 subcarpetas, con un tamaño real de 50,1 GB, procede requerir a dicho partido político a los efectos de que en el plazo de cinco días presente los 1.411 archivos objeto de análisis en el informe pericial por su parte presentado, junto con la acreditación de que se tratan de los archivos facilitados al perito de cara a la emisión de su informe. Igualmente, y en relación con la parte de dicho informe correspondiente a Telegram, que en dicho plazo presente el grupo de
Telegram que ha sido objeto de análisis en dicho informe, junto con la acreditación de su facilitación a dicho perito para tal fin".

Posible sobrecoste para la "financiación ilegal"

En el contrato entre Podemos y Neurona Consulting, el instructor ve indicios de que parte de dichos trabajos no llegaron a prestarse y que existe un sobrecoste en el precio del contrato que «pudo tener como fin un presunto delito de financiación ilegal por parte del partido político Podemos».

Una vez cobrada la cantidad por parte de Neurona -que no firmó el contrato por medio de su filial española con sede en Sevilla hasta mayo a pesar de que la campaña de las elecciones fue en abril- ésta se transfirió a otra compañía con sede en México, Creative Advice.

Esta misma semana, el juez envió una comisión rogatoria a México para tomar declaración como testigos a los trabajadores de Neurona Germán Cobos y Waldemar Aguado. El primero fue el nexo entre el partido político y la consultora mexicana para constituir la filial de Neurona en España a través del administrador Elías Castejón, también investigado en la causa y que ha insistido en que se tome declaración a ambos. Aguado, por su parte, fue quien recibió el primer contrato de la formación política y Neurona, que como han destacado las acusaciones no llegó a firmarse hasta mayo, una vez habían pasado las elecciones.

En un auto del pasado 21 de octubre al que tuvo acceso este diario, el juez acotó el motivo de la investigación, pues las acusaciones popular y particulares, ejercidas por el abogado expulsado de Podemos José Manuel Calvente y la exsenadora de dicho partido Celia Cánovas, pedían ampliarla a las relaciones con el Gobierno de Venezuela a raíz de unas declaraciones del exjefe de la Inteligencia militar de aquél país, Hugo ‘Pollo’ Carvajal, lo que el instructor descartó.

«Los hechos expuestos en los mismos resultan ajenos a la presente causa, reducida a la investigación del delito electoral presuntamente cometido por los administradores generales y de las candidaturas del partido político Podemos, así como de las personas titulares de las cuentas electorales de dicha candidatura con ocasión de las elecciones generales celebradas en el mes de abril de 2.019, así como e igualmente si la comisión de dicho delito pudo tener como fin un presunto delito de financiación ilegal por parte del partido político Podemos» (…) «Lo que haya acontecido entre la mercantil Neurona Consulting y los gobiernos y partidos políticos de izquierda de otros países, tales como Méjico, Bolivia y Venezuela, resulta ajeno a la presente causa aún cuando se afirme que dicha consultora realiza los mismos trabajos para todos los clientes. No es objeto del presente procedimiento la investigación de las actuaciones llevadas a efecto por Neurona Consulting en dichos países, y en concreto para el Gobierno de Venezuela, no resultando por ello diligencia hábil para la instrucción de la presente causa la testifical de Hugo Armando Carvajal Barrios», decidió el juez.