La Fiscalía Anticorrupción ha recibido ya las primeras denuncias sobre la adjudicación de un contrato para el suministro de una remesa de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid a una empresa que pagó comisión a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta del Gobierno autonómico. Los grupos del PSOE, Más Madrid y Podemos en la Asamblea regional quieren que el Ministerio Público investigue si los hechos son constitutivos de alguno de los delitos que el Código Penal tipifica como corrupción, como tráfico de influencias y prevaricación.

La operación bajo sospecha es la compra de 250.000 mascarillas FFP2-3 que la Consejería de Sanidad cerró el 1 de abril de 2020 por el procedimiento de emergencia con Priviet Sportive SL -una empresa dedicada a la fabricación de artículos textiles y la explotación agrícola, forestal y ganadera- por 1.512.500 euros, lo que arroja un precio unitario de 6,05 euros (impuestos incluidos). En concreto, el material se iba a destinar a cubrir las necesidades de uno de los pabellones habilitados en el recinto ferial de Ifema al inicio de la pandemia, habiendo recibido la oferta de este proveedor el visto bueno de la Dirección General de Procesos Integrados de Salud una semana antes.

Priviet Sportive tiene como administrador único a Daniel Alcázar, un amigo de la familia Díaz Ayuso desde la juventud. Esta circunstancia es la que lleva a los grupos de la oposición y a la dirección nacional del PP -enfrentada abiertamente a Díaz Ayuso a cuenta de la convocatoria del congreso del partido en Madrid- a acusar a la jefa del Gobierno autonómico de haber cometido un delito de tráfico de influencias, castigado con penas que van hasta los dos años de prisión.

A la espera de las pesquisas que pueda llevar a cabo Anticorrupción tras las denuncias que ha recibido este viernes, los hechos que se conocen por el momento arrojan algunas certezas pero no despejan todas las dudas.

  • ¿Cometió Díaz Ayuso tráfico de influencias? No es fácil demostrar este delito, que se comete cuando una autoridad o funcionario públicos influye en otro valiéndose de su cargo o de su relación personal o jerárquica para lograr una resolución que le genere -directa o indirectamente- un beneficio económico para sí o para un tercero. De momento, no ha trascendido testimonio o prueba documental que acredite que Díaz Ayuso llamó a un alto cargo o funcionario de la Consejería de Sanidad para que hiciera alguna adjudicación a Priviet Sportive. La dirección que encabeza Pablo Casado ha reconocido que no tiene prueba, lo que sería determinante. "No van a encontrar nada. Ni me he beneficiado ni he beneficiado a nadie de mi entorno", ha retado Díaz Ayuso.
  • ¿Cobró comisión el hermano de Díaz Ayuso? Es la versión que abiertamente mantiene la dirección nacional del PP, que ha llegado a cifrarla en 286.000 euros. En un comunicado difundido este viernes, Díaz Ayuso niega que fuera una comisión "por obtener el contrato" sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su posterior traslado a Madrid. "Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación", ha defendido. Según ha precisado, el importe facturado por Tomás Díaz Ayuso ascendió a 55.850 euros, que, repercutido el IVA, se eleva a 67.578,5 euros (equivalente al 4,47 % del montante del contrato). La jefa del Ejecutivo autonómico defiende que se enteró de que a esta empresa se le había adjudicado el encargo cuando el pasado mes de septiembre Pablo Casado la citó en su despacho. "Pregunté a mi hermano, que me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal. Y que todo estaba regulado ante Hacienda y declarado", ha reconocido la jefa del Ejecutivo. Díaz Ayuso ha detallado que su hermano mandó cuatro facturas a Priviet Sportive en 2020, sin aclarar cuál fue la contraprestación de las otras tres.
  • ¿Qué dice el Código ético? En la etapa de Cristina Cifuentes, el Consejo de Gobierno aprobó un código ético de aplicación a los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos con el que el Ejecutivo pretendía reforzar el compromiso ante la ciudadanía de que las funciones no sólo se desempeñarían observando las obligaciones legales sino que se guiarían también por principios éticos y de conducta. El citado documento considera que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando "la decisión que vaya a adoptar pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos". Esa descripción alcanza los intereses familiares, incluyendo los del cónyuge y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Díaz Ayuso sostiene que se enteró meses después de que la empresa con la que tenía relación su hermano se hizo con el citado contrato.
  • ¿El procedimiento de contratación es legal? La Consejería de Sanidad adjudicó el encargo a Priviet Sportive por el procedimiento de emergencia, una posibilidad que prevé la Ley de contratos del sector público para dar una respuesta más rápida a situaciones sobrevenidas y que exime de tramitar un expediente de contratación. En estos casos, las adjudicaciones son directas, sin concurso. Ello no es óbice para que se verifiquen determinados requisitos básicos, como la solvencia profesional y económica del proveedor y si el objeto social guarda relación con el suministro a contratar, como ya ha puesto de manifiesto en algún dictamen el Consejo de Estado. La Consejería de Sanidad elevó al Consejo de Gobierno el 20 de mayo de 2020 la toma de razón de esta contratación de emergencia -como exige la norma- y el interventor delegado la fiscalizó favorablemente el 4 de junio. Y, justo seis días después, el Gobierno autonómico le dio publicidad en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha informado este viernes de que éste fue uno de los 263 contratos que seleccionaron los técnicos de la Cámara de Cuentas cuando analizaron cómo se habían gestionado las compras por el procedimiento de emergencia y, según ha resaltado, no han puesto tacha o reparo alguno. "Con carácter general, la mayoría de los contratos fiscalizados se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación", detallan las conclusiones del anteproyecto de informe.
  • ¿Se pagó un sobreprecio? La Consejería de Sanidad pagó a Priviet Sportive a 5 euros (sin impuestos) cada mascarilla FPP2. En su comunicado, Díaz Ayuso cita el caso de otros proveedores (Palex Medical SA, Lost Simetry SL, Helianthus Medical SL y Barna Import Medica SA) a los que se abonó una cantidad superior por el mismo tipo de mascarilla. En concreto, la horquilla va de los 5,30 abonados a Barna a los 6,5 euros a Palex. No detalla en su comunicado la presidenta que hubo encargos mucho más baratos. El mismo 1 de abril, la viceconsejera de Asistencia Sanitaria dio luz verde a la compra de 30.000 mascarillas FPP2-3 a la empresa Crambo SA a razón de 3,92 euros cada una. Y, el 27 de marzo, se compraron 100.000 unidades del mismo tipo a Bacci Sourcing and Consulting SL por 2,12 euros. "La imposibilidad de contar con los suministros sanitarios imprescindibles en las primeras etapas de la pandemia (EPI, mascarillas, respiradores, guantes...), tanto en España como en otros países, implicaba una enorme indeterminación en cuanto a la negociación y fijación de los precios, plazos de entrega, calidades o, incluso sin tener la certeza de si algunas de las actuaciones destinadas a atajar la emergencia sanitaria podrían llevarse a cabo", subraya la Cámara de Cuentas de Madrid en su anteproyecto. La rápida propagación del virus por todo el mundo hizo aumentar la demanda a nivel internacional y ello disparó el coste.
  • Falta de experiencia. Entre los argumentos que desgrana la denuncia que el PSOE ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción se incluye el hecho de que el objeto social de Priviet Sportive nada tiene que ver con el suministro de productos sanitarios, objeto del contrato cuestionado. "¿Cómo había logrado, en tan breve tiempo desde el estallido de la crisis, redirigir su actividad mercantil y lograr tan importante contrato de suministro de productos sanitarios, tan escasos en dichos momentos?", se pregunta retóricamente el grupo socialista en su escrito. Ese mismo reproche es atribuible al Ministerio de Sanidad, que terminó comprando material a empresas dedicadas a otras actividades distintas a la distribución de material de protección. Es el caso de Hyperin Grupo Empresarial SL, un "fabricante de yeso" al que la Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia encargó el suministro de 144 respiradores en marzo de 2020 por 3,3 millones. Casi dos años después, el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad sigue a la espera de recuperar 1,8 millones, ya que tuvo que adelantar íntegramente el dinero para que el proveedor firmara el contrato. No consta, en este caso, que el PSOE haya puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía.