El expediente informativo abierto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, bien podría ser una manera de ganar tiempo o acabar, más pronto que tarde, en su expulsión del partido. Y en estos momentos la dirección nacional del PP se inclina más por la segunda opción tras haber llegado a un "punto de no retorno", según fuentes de Génova.

Es una decisión no exenta de riesgos, primero porque Isabel Díaz Ayuso no va a dejar voluntariamente la presidencia de la Comunidad de Madrid; segundo porque el grupo popular de la Asamblea puede partirse en dos así como el gobierno regional, donde no faltan consejeros proclives a Génova como Enrique López; tercero porque la única manera de expulsarla sería que los suyos le presentaran una moción de censura e investir a otro presidente, todo ello, escenarios de enorme complejidad.

Ya antes de la controvertida intervención de la presidenta autonómica ante la prensa este jueves, Génova deslizaba la idea de que la madrileña no volvería a encabezar la lista a las elecciones autonómicas de mayo de 2023. La designación de los candidatos autonómicos depende estatutariamente del Comité Electoral Nacional, esto es, de la planta séptima y esa puerta parecía definitivamente cercenada. El tono de la intervención de la presidenta certificó no sólo esta idea, sino la de agilizar una salida que despeje cuanto antes el panorama para buscar una alternativa.

La única manera de desalojarla de la Comunidad es que los suyos le presenten una moción de censura

García Egea apostaba por la diputada autonómica Ana Camins para la presidencia del PP madrileño, siguiendo el modelo que José María Aznar impuso en su época como líder del partido. De hecho, el murciano llegó a hablar con personas del entorno de Aznar para sondear porqué no quiso dar nunca a Alberto Ruiz-Gallardón el poder orgánico del partido a pesar de ser durante muchos años presidente autonómico. Nunca se pensó, sin embargo, en una alternativa para Díaz Ayuso, a la que Casado designó en su momento por puro descarte "y podemos volver a buscar otro perfil" para las elecciones de mayo de 2023.

No se sabe si Egea preguntó a la gente de Aznar sobre Miguel Ángel Rodríguez, actual jefe de gabinete de Ayuso y, en su momento, mano derecha del ex presidente, quien llegó a nombrarle secretario de estado de Comunicación en Moncloa. Le acusan en la planta séptima de Génova de "haber llevado las cosas muy lejos", de ser el instigador del choque de trenes.

En teoría, conforme a los estatutos populares la apertura de un expediente informativo, de seguir la vía disciplinaria, podría acabar bien en una suspensión de afiliación por un periodo de tiempo de entre cuatro y seis años, en una inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo o, ir directamente a la expulsión, que es la opción por la que se inclina mayoritariamente la dirección popular llegado este punto.

La larga sombra de Aguirre, González y Cifuentes

Según fuentes de la ejecutiva, Ayuso no satisfizo la petición de explicaciones sobre el contrato de compra de mascarillas en el que intervino su hermano más allá de afirmar que no había nada "irregular". Génova actuó "como tenía que actuar una formación política de estas características y más con una nueva dirección donde no tiene cabida ningún caso de supuesta corrupción". La sombra de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes planeaba en Génova.

Interpretan en este sentido que Ayuso quiso acelerar su elección como presidenta del PP madrileño antes de que eclosionara el caso de su hermano "que ya conocía la oposición y algunos medios de comunicación que habían publicado distintas informaciones". De hecho, dicen que los 280.000 euros que pudo llevarse de comisión, en su calidad de agente comercial, es un dato extraído de la prensa.

Lo cierto es que ya en la anterior legislatura madrileña el grupo de Unidas Podemos en la Asamblea reclamó información sobre diez contratos, incluido el que afecta a Tomás Díaz Ayuso, y el pasado mes de noviembre se produjo un enfrentamiento en la Asamblea de Madrid entre la diputada socialista Carmen López y la presidenta de la cámara autonómica, María Eugenia Carballedo, que la impidió hablar del tema.

Rodríguez desató "una guerra sin cuartel con insultos contra su Casado y García Egea

Tras esa reunión con Díaz Ayuso, se desata, siempre según la versión de Génova, "una guerra sin cuartel contra esta casa con ataques, con insultos contra su presidente, contra su secretario general y contra la marca del Partido Popular" del que el capítulo más chusco es la decisión de la baronesa popular de deja de seguir a Teodoro García Egea por Whatsapp.

"Nosotros no estamos diciendo que hay algo ilegal, pero le pedimos pruebas de que no era así", subrayan respecto a un capítulo que ha hecho implosionar al PP con la que era una de sus líderes territoriales con mayor proyección, o acaso por eso. Del mismo modo insisten en negar que en algún momento se "hayan dado órdenes a ningún detective de que espie absolutamente a nadie. Si tienen pruebas de ello, que las publiquen", retna las fuentes consultadas.

No obstante, resulta incomprensible entender que si no hubo dicho encargo, haya dimitido el que fuera coordinador de la alcaldía de Madrid, Ángel Carromero, directamente señalado por algunos medios de comunicación como el mediador con la agencia de detectives Mira. Lo hizo después de hablar con el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, a quien pilla por medio esta polémica y en una situación también harto delicada.

En todo este conflicto, larvado desde hace meses, interpreta Génova que García Egea "ha puesto el cuerpo para llevarse los tiros", pero que mientras sea secretario general del PP "Pablo va a estar protegido. Quieren ir a por Pablo, pero la primera pieza es Egea", cuya dimisión pidió ayer Esperanza Aguirre.