La dirección del PP acordó abrir un expediente informativo a Isabel Díaz Ayuso el pasado mes de septiembre, lo que contradice lo afirmado este jueves por el secretario general del partido, Teodoro García Egea, quien afirmó que la decisión se había tomado tras las declaraciones efectuadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid en las que acusó directamente a Pablo Casado de haber puesto en marcha una operación para desprestigiarla con acusaciones falsas.

Según reconocen fuentes del PP, en el partido se había recibido información sobre el pago de una comisión al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid a finales del pasado verano. En septiembre, Pablo Casado mantuvo una reunión con Díaz Ayuso, como ella misma reconoció en su comparecencia, en la que el presidente del partido le habló de la existencia de un dossier en el que se describe el cobro de dicha comisión. En la conversación mantenida en la sede del PP, Casado le exigió a Díaz Ayuso que diera “un paso atrás” en su pretensión de presidir el PP de Madrid, lo que aquella le había comunicado tras las elecciones del 4 de mayo.

La tesis que mantuvo Casado en dicho encuentro era que el partido no se podía arriesgar a que el asunto de la comisión saliera a la luz pública ya que, según argumentó, el dossier había llegado incluso a Moncloa. Era, se justificó, una forma de protegerla a ella y al partido. En coherencia con dicho planteamiento, desde Génova se impulsó una operación para que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, encabezara la candidatura a presidir el PP de la Comunidad y, eventualmente, sustituyera a Ayuso como cabeza de lista en las elecciones que se celebrarán en la Comunidad en mayo de 2023.

Ayuso, según confirman fuentes cercanas a la presidenta de la Comunidad, no aceptó retirarse porque entendió que lo que le planteó Casado era un "burdo chantaje".

Fue tras su rechazo cuando Génova decidió abrirle un expediente informativo sobre el caso de su hermano. Según las mismas fuentes, a consecuencia de dicho expediente, a Ayuso se le reclamó desde Génova información detallada sobre el contrato de compra de mascarillas a la empresa Priviet Sportive SL que se firmó el 1 de abril de 2020 para la compra de 250.000 mascarillas FFP2 por un importe de 1.512.500 euros.

En el dictamen, encargado a un conocido abogado, se reconoce que no existen pruebas ni indicios de que Ayuso haya intervenido en favor de su hermano

En el dossier en manos de Génova también figuraban contratos menores con las empresas Artesolar y Sismédica (por un importe total que suponía unos 80.000 euros), participadas por Tomás Díaz Ayuso. Sin embargo, esos contratos no presentaban ninguna irregularidad, según fuentes conocedoras de la investigación.

Después, en el mes de octubre, hubo una segunda reunión en Génova con la presidenta de la Comunidad de Madrid y a la que asistió, además de Casado, García Egea. El secretario general del PP no permitió entrar al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien la había acompañado a la sede el PP.

La cuestión relevante es que la dirección del PP no se limitó a realizar una investigación interna, sino que (al margen de intentar contratar a la empresa de detectives Mira), tras dicha reunión, en la que no se llegó a ningún acuerdo, puso el asunto en manos de un importante despacho penalista de Madrid.

El encargo era claro: detectar cualquier ilícito penal en la operación por la que el hermano de Ayuso se habría embolsado casi 300.000 euros. La cuantía de la comisión figura en un contrato privado entre Tomás Díaz Ayuso y el dueño de Priviet Sportive SL, Daniel Alcázar, por el concepto de "intermediación". Dicha cantidad supone casi un 20% de la cuantía del contrato (un 25% si se calcula sobre el neto sin IVA).

En el dictamen realizado por el despacho de abogados, que ya se ha adjuntado al expediente incoado a Díaz Ayuso, se llega a la conclusión de que pudo haber existido un delito de tráfico de influencias en la adjudicación. La cuestión es que, como reconoce el informe, no hay ninguna prueba que demuestre o apunte a Díaz Ayuso como facilitadora de dicho contrato.

El responsable de la adjudicación a Priviest Sportive fue el director general del Proceso Integrado de Salud, Manuel Ángel de la Puente Andrés, según figura en el informe adjunto al expediente informativo.

El dueño de Priviet Sportive es amigo de la familia Díaz Ayuso.

La dirección del PP aún no ha decidido si llevará las conclusiones del expediente informativo a la Fiscalía, sobre la base de ese posible delito de tráfico de influencias, pero fuentes de Génova no lo descartan en absoluto.

La guerra total se ha abierto y no hay ninguna posibilidad de que ambas partes rectifiquen.