El Gobierno de La Rioja ha desoído al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y ha eludido desvelar cuánto costó la atención sanitaria que se brindó al líder del Frente Polisario y quién asumió el coste. Brahim Ghali permaneció ingresado en el Hospital San Pedro de Logroño durante 44 días -de ellos al menos 11 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)- tras contagiarse por coronavirus.

A mediados de junio, este periodista registró una solicitud de acceso a la información pública a fin de conocer a cuánto ascendió la factura desde que una ambulancia del Servicio Riojano de Salud recogió a Ghali en el aeródromo de Zaragoza en la noche del pasado 18 de abril para trasladarlo a Logroño hasta que abandonó el hospital el 1 de junio. También se pedía que se detallara si el gasto lo había asumido el Gobierno de España, el Frente Polisario, Argelia o la comunidad de La Rioja, haciendo constar de manera expresa que no se requerían datos personales del paciente para no incurrir en causa denegatoria.

El 14 de julio, dos días antes de que expirara el plazo de un mes que concede la Ley de transparencia para responder, la entonces presidenta del Servicio Riojano de Salud notificó que necesitaba otros 30 días para contestar debido a la "complejidad" de la información que se había solicitado. No sólo no motivaba suficientemente por qué ampliaba el plazo, sino que en la práctica era un mero ardid para ganar tiempo. Transcurridos los dos meses, el Gobierno riojano desestimó la solicitud por la vía del silencio administrativo.

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No sólo eludió contestar al peticionario; también despreció el ofrecimiento que le hizo el CTBG para que hiciera alegaciones cuando tramitaba la reclamación recibida al no haber obtenido la información demandada, amparada plenamente por el espíritu de la Ley de transparencia. Ésta proclama en su preámbulo el derecho del ciudadano a conocer el manejo de los fondos públicos y los criterios de actuación de las administraciones públicas.

El Servicio Riojano de Salud pidió un mes más para contestar por la "complejidad" de la petición y luego recurrió al silencio

"Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía encomendada a esta autoridad administrativa independiente al no proporcionarle ni las razones por las que no se atendió la solicitud de acceso, ni la valoración de las cuestiones planteadas por el reclamante, con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada", ha afeado Transparencia.

Así lo expresa en la resolución con la que, el pasado 21 de enero, estimó la reclamación al tratarse de información "pública" y no haber invocado la Administración concernida ninguno de los límites de acceso o causas de inadmisión que prevé la ley. El Servicio Riojano de Salud tenía 20 días hábiles como máximo para facilitar los datos que se había negado a proporcionar inicialmente, un margen que expiró el pasado viernes sin que se haya aportado la información. El Ejecutivo de Concha Andreu tiene de plazo hasta el 22 de marzo para recurrir dicha resolución ante los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo.

El misterio envuelve todo lo relacionado con la llegada a España de Brahim Ghali la pasada primavera para ser tratado de coronavirus, lo que desencadenó la mayor crisis diplomática con Marruecos de las últimas décadas. Los detalles que se conocen hasta ahora -como el hecho de que el líder del Frente Polisario se registró en el hospital de Logroño con la identidad falsa de Mohamed Benbatouche- han trascendido por la instrucción que lleva a cabo un juzgado de Zaragoza por la posible comisión de delitos de prevaricación y falsedad documental.

Una de esas incógnitas es cuánto costó la atención sanitaria y quién se hizo cargo del gasto. A Ghali lo recogió el 18 de abril de 2021 en el aeródromo de Zaragoza una ambulancia medicalizada del Servicio Riojano de Salud, que lo trasladó hasta el Hospital San Pedro de Logroño. El paciente ingresó en la UCI por las "severas complicaciones respiratorias" que le había provocado la covid-19 y que derivaron en una "neumonía bilateral complicada por una polineuropatía que le impide respirar por sí mismo", según la información facilitada por el centro médico a la Policía Nacional. La estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos se prolongó al menos durante 11 días.

El pasado mes de noviembre, la acusación popular que ejerce el abogado Antonio Urdiales en la causa que tramita el Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza pidió al magistrado Rafael Lasala que ordenara a la Policía Nacional averiguar el coste derivado de la "estancia y tratamiento" de Brahim Ghali en Logroño, si lo había pagado "el enfermo" o un "tercero" y cuál había sido "el medio de pago" utilizado. Según sus cálculos, una atención médica como la brindada al presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) debió de costar "más de 100.000 euros".

En una providencia dictada días después, el instructor rechazó ordenar la práctica de dicha diligencia por falta de competencia. Según razonó, la eventual malversación de caudales públicos se habría cometido en Logroño, fuera de su jurisdicción. Ello ha impedido conocer hasta el momento cuánto ha costado los traslados en ambulancia y los 11 días de UCI y los 33 de hospitalización en planta del paciente. Tampoco ha prosperado el intento por la vía de la transparencia ante la opacidad que ha mostrado el Gobierno riojano.

"Razones humanitarias"

De igual forma, se mantiene el interrogante de quién asumió el gasto. La ex ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Arancha González Laya -titular de la cartera cuando llegó Ghali e imputada en la causa- ha defendido que España acogió al líder del Polisario "por razones humanitarias", lo que alimenta la tesis de que fue la Administración General del Estado o el Gobierno de La Rioja quien se hizo cargo de los gastos.

"La vida de Brahim Gali estaba en juego, España se ofreció generosamente a acogerlo y se está curando", declaró a este diario el delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, cuando aquél se encontraba todavía en el hospital riojano. Y añadió: "Se hacen unas gestiones, responden y se evacúa a una persona que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. No es algo que se programe. Es una evacuación de emergencia. Hay una política de acogida en un país que se llama España, que accedió a que se trasladara al paciente para curarse y poder salvar su vida. Ésa es la preparación. No hay más".