No fue uno, sino dos los expedientes informativos que el Partido Popular abrió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado jueves. Uno de ellos, el que trascendió, sobre el contrato de compra de mascarillas que afectaba al hermano de la baronesa popular, pero también, según ha podido saber El Independiente, un segundo por las palabras vertidas durante su comparecencia desde la Puerta del Sol, en la que acusó a Pablo Casado de urdir una trama de espionaje para destruirla.
De este modo, parece resuelto uno de los expedientes informativos, pero no el segundo puesto que Ayuso en ningún momento se ha retractado de su acusación respecto a que Génova le investigó y quiso, incluso, contratar a una agencia de detectives para buscar operaciones empresariales que afectasen a su su familia.
De hecho, tras el encuentro con Pablo Casado el pasado viernes, Génova hizo público un comunicado -después de dos correcciones y bastante tensión con el equipo de Díaz Ayuso- en el que informaban que la documentación requerida sobre la contratación de emergencia durante la pandemia se incorporaría al expediente informativo abierto por el Partido Popular "para concluirlo satisfactoriamente".
El entorno de Ayuso obligó a modificar dos veces los comunicados de Génova tras negarse a aceptar las explicaciones de Casado
Pero el segundo párrafo de dicho comunicado trajo de cabeza a los de Casado. El redactado inicial decía textualmente que "la presidenta de la Comunidad de Madrid ha podido confirmar que la dirección nacional del partido nunca ha ordenado ninguna investigación sobre actividades profesionales de su entorno". Pero ella se niega a aceptarlo en esos términos, entre otras cosas, por el convencimiento de que saldrían publicadas más informaciones vinculadas a su familia.
Génova, que rechaza categórica que se trate de un intento de chantaje, modifica el texto para limitarse a indicar que Casado "le aseguró que nunca ha ordenado ninguna investigación sobre actividades profesionales de su entorno y que emprenderá acciones legales contra cualquier persona que afirme lo contrario".
De haber aceptado la redacción inicial, el segundo expediente informativo también habría podido ser resuelto "satisfactoriamente", pero no hay en estos momentos ningún argumento para sostener eso. Si bien Génova considera válidas las explicaciones sobre el contrato del hermano de Ayuso -"porque Pablo se lo tiene que creer, no es ningún juez ni ningún fiscal", dicen en su entorno- no hay, en cambio, una retractación de Ayuso sobre las acusaciones de un hecho delictivo como es el espionaje, lo que afectaría al segundo expediente.
Ayuso no se retracta de sus acusaciones sobre el espionaje a miembros de su familia
En su comparecencia del viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid destacó que «no hay nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidad de gobierno, de corrupción, y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia que no tiene nada que ver con la vida política». Y esas incriminaciones "provienen del entorno de Pablo Casado y él no lo desmiente; son lo peor que se puede esperar de los políticos y, además, lo hace desde el anonimato». En definitiva, le acusó de urdir una trama de espionaje para "destruirla".
Y como colofón, también se modificó otro párrafo del comunicado de la mañana, el que dio cuenta de la reunión en Génova. Originariamente decía que "ambos lamentan los acontecimientos de los últimos días y seguirán defendiendo junto a todos los militantes al PP el mejor proyecto de futuro para España". Pero ese "ambos" tampoco satisfizo a la Puerta del Sol, por lo que el texto se corrigió para cambiar ese "ambos" por "el partido popular".
En fin, una demostración clara de que a la sede del Gobierno de Madrid no le parece suficiente con los últimos movimientos de Génova para desinflamar la situación y buscar una salida no traumática frente a las exigencias de cese del secretario general popular, Teodoro García Egea -a quien apuntan desde muchas instancias del partido tanto dentro como fuera de Madrid- y convocatoria de un congreso extraordinario donde estaría en juego el liderazgo de Casado.
Paradójicamente, el comité de Derechos y de Garantías, presidido por una "pablista" de primera hornada, la catalana Andrea Levy, no tiene aún fecha de reunión para resolver el asunto. Nada se sabe respecto al nombramiento de un instructor que lleve el caso, aunque la voluntad de Génova es echar tierra cuanto antes a la que es sin duda, una de las peores crisis por las que ha pasado pasado el primer partido de la oposición.
Este lunes se celebra la habitual reunión del comité de dirección popular, que reúne al núcleo duro de poder de Casado en una sede testigo este fin de semana de distintas concentraciones a favor de Díaz Ayuso.
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