La Fiscalía Anticorrupción ve entre "poca" y "muy poca" trascendencia penal en las denuncias presentadas por PSOE, Más Madrid y Podemos contra "todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que pueden aparecer como responsables" de la adjudicación del contrato del Gobierno de Ayuso a la empresa Priviet Sportive SL para suministrar 250.000 mascarillas FPP2 por un valor de 1,5 millones de euros.

Los partidos políticos de la oposición en la Asamblea de Madrid presentaron sus denuncias viendo indicios de distintos delitos de corrupción, como son la prevaricación, el tráfico de influencias, las negociaciones prohibidas a los funcionarios o malversación de caudales públicos puesto que la compañía adjudicataria del contrato por procedimiento de urgencia es de un amigo de la familia de la presidenta madrileña, Daniel Alcázar. También porque, según denunció el propio presidente del Partido Popular Pablo Casado públicamente -provocando la mayor guerra interna en la formación- el hermano de Ayuso, Tomás Ayuso, habría cobrado 286.000 euros como intermediario.

Fuentes del Ministerio Público consultadas por El Independiente consideran que "no hay indicios sólidos de criminalidad" en los hechos denunciados el pasado viernes, cuando diputados de los partidos mencionados presentaron sus denuncias en la sede de la Fiscalía Anticorrupción.

El PSOE destacó en su escrito, al que tuvo acceso este periódico, que "una empresa sin experiencia en el sector sanitario" se llevó la concesión por "la muy estrecha relación personal de su propietario, el empresario D. Daniel Alcázar Velasco, con la presidenta regional Dña. Isabel Díaz Ayuso y su hermano D. Tomás Díaz Ayuso, de los que es íntimo amigo desde la infancia".

Indudable que sería una investigación de Anticorrupción

Las fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas trasladan que la decisión de admitir o inadmitir las denuncias, que corresponde al fiscal jefe Alejandro Luzón, se tomará en los próximos días.

Ven con toda claridad que en caso de admitirse para realizar las diligencias necesarias tras las que tomar una decisión con todas las garantías, éstas se quedarían en la sede de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Ven claro que los delitos a los que aluden los partidos de la oposición en la Asamblea regional son objeto de investigación de los fiscales Anticorrupción y en ningún caso se trasladarían las denuncias a la Fiscalía de Madrid.

Este lunes, la presidenta madrileña ha anunciado que enviará a la Fiscalía, "antes de que lo solicite", toda la documentación relacionada con el contrato de la empresa que trabajó con su hermano para suministrar mascarillas a la Comunidad de Madrid durante el confinamiento.

Ha avanzado que enviará "toda la relación de documentos" que tienen con respecto al contrato relacionado con su hermano, sobre el que, ha asegurado, se han arrojado "insidias".

La presidenta ha sostenido que este contrato ya fue fiscalizado por la Cámara de Cuentas, por la Intervención de la Comunidad de Madrid y es "perfectamente legal". Asimismo, ha hecho hincapié en que este contrato "trajo material cuando no lo había y cuando los mercados estaban completamente desabastecidos en la primera etapa de la primera ola en el Hospital de Emergencias, como en otros muchos sitios, cuando los sanitarios no tenían protección para trabajar y cuando no todas las empresas eran capaces de localizar material para traerlo".

Además, Ayuso ha puesto el foco en que ella tuvo conocimiento de dicho contrato "un año y medio más tarde" y ha asegurado que "nadie de su Consejo de Gobierno intervino en la adjudicación del mismo". "Una vez enviada toda la documentación a la Fiscalía, vamos a estar a su entera disposición por si fuera necesario algo más", según recoge Europa Press.