El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ha informado este martes en rueda de prensa sobre la puesta en marcha de una auditoría independiente de los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia española. Una investigación interna de la que se ocupará el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo.

Después de que el Gobierno haya encargado al Defensor del Pueblo la investigación sobre los abusos históricos a menores en la Iglesia, paralelamente a que la Fiscalía haya pedido a las fiscalías autonómicas que le envíen todas las denuncias y querellas abiertas sobre abusos y agresiones cometidas por religiosos, Omella anuncia la puesta en marcha de esta auditoría que se desarrollará durante un máximo de un año.

El presidente del bufete Javier Cremades y el presidente de la Conferencia Episcopal Omella han trasladado a los medios que no se trata de "una alternativa a la investigación puesta en marcha por el Gobierno, sino un complemento" de ésta. Un "puente que facilite el trabajo a las autoridades". En este sentido, Cremades ha indicado que "se ha puesto en contacto con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo", para trasladarle la puesta en marcha de la auditoría con la que se persigue, según ha expuesto, la "transparencia, ayuda y reparación de las víctimas" contra una "herida social, antigua, larga y profunda".

Cremades preside la Fundación Madrid Vivo

La elección del despacho Cremades & Calvo Sotelo por parte de la Conferencia Episcopal ha despertado dudas sobre su verdadera independencia, puesto que el presidente Javier Cremades lo es a su vez de la Fundación Madrid Vivo, entre cuyos patronos se encuentra el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osorio.

La Fundación se describe como un "puente entre la sociedad civil y la Iglesia de Madrid para ayudar a ésta en aquellas actividades prioritarias de carácter social, cultural y educativo que permitan revitalizar los valores universales en el seno de la sociedad actual".

Preguntado sobre su independencia como auditor por este motivo, Cremades ha contestado durante la comparecencia ante los medios que sus creencias religiosas están al margen de la investigación.

"Se han seguido los protocolos de la Santa Sede"

Por su parte, el cardenal Omella ha indicado que para la puesta en marcha de la investigación "hemos seguido siempre los protocolos que ha marcado la Santa Sede" y "queremos informar a la Santa Sede, y lo haremos inmediatamente", sobre los detalles de la auditoría.

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional hasta el año pasado, Encarnación Roca, participará en el grupo de trabajo

El despacho ha informado de que "ha abierto un buzón de denuncias para atender a las víctimas" así como "elaborará una completa documentación de los casos históricos. Este cauce de colaboración y denuncia es complementario a los ya existentes en las más de 40 oficinas desplegadas por la Iglesia. Igualmente revisará los aspectos jurídicos de la actuación de los organismos e instituciones religiosas encargados de la prevención y sanción de dichos casos. El bufete hará público un informe de todos los que hayan sido documentados hasta la fecha, al que adjuntará un análisis a cargo de una auditoría independiente. Como resultado de estos trabajos someterá a la consideración de la Conferencia Episcopal a la opinión pública un conjunto de procedimientos y buenas prácticas a adoptar por las autoridades eclesiásticas de acuerdo con las demandas de la sociedad", han trasladado en un comunicado de prensa.

El despacho creará un grupo de trabajo en el que participarán 18 personas, según se ha informado en la comparecencia, "liderado por tres socios de la firma: Santiago Calvo-Sotelo, antiguo director de Auditoría de Arthur Andersen; el exmagistrado del Tribunal Supremo y del Constitucional, Vicente Conde y el exmagistrado y presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Juan Saavedra", han ampliado en comunicado. También participa en el grupo de trabajo Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional hasta el año pasado.