La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) investiga un contrato de 61 millones de euros para la compra de material sanitario suscrito por el Departamento de Salut durante la anterior legislatura. Un contrato que de hecho fue cuestionado por el propio Departamento de Economía del Govern, que finalmente avaló la compra a la empresa Basic Devices por un importe de 35 millones de euros. Quim Torra presidía entonces el Govern, en el que Pere Aragonès ocupaba la cartera de Economía y el actual consejero de Salut, Josep Maria Argimon, era entonces el director del Instituto Catalán de la Salud (ICS) responsable del contrato cuestionado.

En un informe remitido el pasado 9 de febrero tanto a la Consejería de Economía como a la directora del ICS, Yolanda Lejardi. En él cuestiona la cobertura legal para el adelanto de 35 millones de euros que la Generalitat abonó a la empresa Basic Devices, advierte que el contrato podría ser ilegal, porque la empresa no estaba inscrita como tal en el sistema de la Seguridad Social. Y señala también que no se ha aclarado "el origen de los contactos preliminares" con una firma que nunca había contratado con la Generalitat.

Antifrau reclama al Govern que aclare esas posibles irregularidades, pese a reconocer que se trataba de "una situación de extrema necesidad de aprovisionamiento de material sanitario de protección personal en los
momentos iniciales de la pandemia".

Contrato millonario

En su informe, Antifraude recuerda que fue el propio Departamento de Economía de la Generalitat el que denunció el contrato suscrito por el ICS. Lo hizo tras saltar las alarmas de las entidades bancarias que debían avalar la operación, ante las dudas sobre la solvencia de la empresa contratada.

El 19 de marzo de 2020 el ICS contrató con Basic Devices la compra de material sanitario por un importe inicial de 60.580.162,50 euros, reporta Antifraude. El contrato incluía la compra de 2 millones de mascarillas FFP2 por un importe de 7.139.000 euros; otros dos millones de mascarillas quirúrgicas por 2,4 millones; y dos millones de EPI's por un total de 48,4 millones.

Junto al material de protección, la Generalitat compraba, supuestamente en China, 50 respiradores pediátricos y para adultos por un millón de euros y 50 equipos de soporte vital para adultos y niños por 1,6 millones.

Denuncia y marcha atrás de Economía

Al día siguiente, el Departamento de Economía hacía efectivo un anticipo de 35 millones de euros a Basic Devices. Sin embargo, apenas unas horas después el mismo departamento presenta una denuncia ante los Mossos d'Esquadra por tentativa de estafa de la que habría sido víctima la propia Generalitat.

El Gobierno catalán presentó la denuncia el pasado viernes 20 de marzo, después de que las entidades financieras que participaban en la operación dieran la señal de alarma por la falta de credenciales de la compañía adjudicataria, que nunca antes había proporcionado material a la administración autonómica.

Eso era un viernes. El lunes, el propio departamento retiraba la denuncia. «Hoy los responsables de Basic Devices SL han aportado los detalles operativos referentes a logística, operaciones y toda la operativa financiera nacional e internacional» detalla en su declaración ante los Mossos d’Esquadra el director general de Política Financiera del Departamento de Economía de la Generalitat, Josep Maria Sánchez, remitiéndose a un correo del secretario general de Vicepresidencia, Albert Castellanos.

En ese correo, el numero dos de Pere Aragonés daba por acreditado que la información aportada «es suficiente para refutar los indicios de estafa que motivaron la denuncia».

El contrato se adelgaza al importe adelantado

Dos meses después de este sainete, el ICS decide "modificar y desistir parcialmente" el contrato de emergencia asignado a Basic Devices, SL, recoge el informe de Antifraude. Según el ICS, "la necesidad que se tenía que satisfacer inicialmente se había revisado con posterioridad".

El resultado fue la reducción del contrato a la compra de material sanitario por 35 millones de euros, casualmente la cantidad adelantada por la Generalitat dos meses antes. El 3 de diciembre el ICS notifica a Antifraude que "los materiales contratados han sido entregados".

El pago fue "una temeridad"

En su informe, la Oficina Antifraude advierte que el abono anticipado de 35 millones de euros se hizo "sin amparo legal" y fue "una temeridad". Destaca que ni el Real Decreto de medias urgentes por el Covid-19 ni el Acuerdo del Govern por el que se declara de emergencia la contratación de suministros en el marco de la pandemia permitían hacer "abonos anticipados en el marco de la tramitación de emergencia".

Pese a ello, añade Antifraude, "se hizo el abono de esa importante cantidad sin que se encuentre en el expediente aportado por el ICS ninguna justificación documentada sobre la necesidad inaplazable" de hacerlo. Además, la orden de pago se dio "sin que se acreditara ninguna garantía, ni que fuera básica o precaria".

Por ello, la OAC tacha de "temeridad" ese pago, que "supuso asumir un riesgo no controlado" por parte de la administración autonómica. Añade que la cantidad era "muy elevada" -35 millones de euros- y las referencias de la empresa contratada "eran débiles, en un entorno de mercado de máxima desconfianza y tensión".

De hecho, recuerda Antifraude, fueron personas "ajenas a la organización pública" -las entidades bancarias que debían avalar la operación- las que dieron la voz de alerta ante "una posible estafa". Y afea a la Generalitat que fueran esas entidades, y no la Administración, las que comprobaran las cuentas anuales, o la ausencia de ellas, en el Registro Mercantil.