Los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid PSOE, Más Madrid y Podemos han presentado ampliaciones de denuncia por el contrato del Gobierno madrileño con la empresa Priviet Sportive SL en el que intervino el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, cobrando una cantidad aún no aclarada por gestiones comerciales.

Lo hacen un día después de que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, abriera diligencias de investigación a raíz de las denuncias que presentaron los partidos mencionados en pasado viernes pero advirtiendo de la "falta de concreción" de éstas y descartando dirigir la investigación, de momento, hacia la presidenta Díaz Ayuso. También avanzaba en el decreto con el que admitía las denuncias que las primeras pesquisas no girarán en torno a "personas físicas ni jurídicas".

Las ampliaciones de denuncia de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid presentadas este miércoles a las que ha tenido acceso El Independiente apuntan ahora a que el contrato que el Gobierno regional suscribió con la empresa Priviet Sportive de un amigo familiar de Ayuso y su hermano y en el que éste último intervino como comercial se aludía a que se entregaron mascarillas de un tipo (FPP2 y FPP3) y finalmente se entregaron de otro (KN95).

Apuntan al director de Salud Ángel de la Puente

"Por lo que se infiere se certificaron y pagaron las facturas emitidas por Priviet Sportive SL., en las que de forma falaz se indica que se habían entregado mascarillas con homologación UE FPP2 y FPP3, cuando, en todo caso, se entregaron mascarillas que ni siquiera eran FPP2, sino realmente KN95, a un precio que, en algún caso, doblaba al pagado por la administración 17 días después", se puede leer en la denuncia del PSOE presentada por los portavoces Pilar Sánchez y Jesús Celada. "A pesar de lo cual el 29/04/2020 el director general del Proceso Integrado de Salud [Ángel de la Puente Andrés] certifica que el suministro identificado en la factura emitida por PRIVIET SPORTIVE SL ha sido recibido de conformidad con lo solicitado", continúan.

"Por tanto, dicha factura fue tramitada de conformidad y pagada como si el suministro se hubiera realizado conforme a lo facturado, cuando hemos visto que ello no fue así. Como hemos dicho, el precio de las mascarillas KN95 era en dichas fechas muy inferior a los 5 euros la unidad. Incluso las mascarillas FPP2, como hemos visto, tienen requisitos de homologación similares a las KN95, se podían comprar por precios muy inferiores", continúa la denuncia del PSOE, donde se apunta a un posible delito de falsedad al que no se aludió en la primera denuncia.

La ampliación de Más Madrid, que firma la diputada Mónica García, también hace alusión al tipo de homologación de las mascarillas. Incide, por otro lado, en que no se conoce la actividad de la empresa de Tomás Díaz Ayuso ni a qué se correspondieron las tres facturas que cobró y a las que la presidenta Isabel Díaz Ayuso no se refirió en su comparecencia del pasado 18 de febrero.

Insisten en lo que ya afirmaron en la primera denuncia, "que la empresa adjudicataria no tenía historial de contratación con la administración adjudicadora ni con otras administraciones públicas y que su objeto social era la compra al por mayor de productos textiles, el arrendamiento de naves industriales y las explotaciones ganaderas. A todos los efectos no parece que dicha mercantil pudiera cumplir los requisitos de capacidad y solvencia requeridos para una contratación de este tipo en caso de haberse producido un concurso y, existiendo la factura resaltada en el HECHO PRIMERO, existen indicios de que realmente este contrato lo realizó Don Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en lugar de la empresa adjudicataria".

El partido ve indicios de un delito de administración desleal aunque el contrato se tramitara por el procedimiento de emergencia, que no requiere un estudio previo: "En la presente adjudicación de emergencia no podemos determinar que la mercantil no tuviera reconocido prestigio para contratar con las administraciones, ahora bien cabe preguntarse qué control y causa habilitaron el presente contrato. La causa, requisito establecido por el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es la “posibilitar una atención sanitaria adecuada a la población” lo cual esta parte duda que pueda realizarse en una sala de prensa, siendo esta actividad totalmente accesoria al equipamiento necesario para el funcionamiento del hospital y su actividad principal. En nuestra humilde opinión esta adjudicación entra dentro de lo tipificado en el artículo 432.1 del Código Penal, siempre en relación con la administración desleal prevista en el artículo 252.1 del Código Penal. Esta parte entiende que es por estas casuísticas que el legislador en la Ley Orgánica 1/2015 introdujo en el preámbulo la determinación por la cual “la reforma introduce una nueva tipificación de la malversación como un supuesto de administración desleal de fondos públicos. De este modo se incluyen dentro del ámbito de la norma, (…) otros supuestos de gestión desleal con perjuicio para el patrimonio público”. Cabe señalar que los presuntos autores de dicha conducta podrán ser tanto los adjudicadores, es decir los responsables del Servicio Madrileño de Salud, como la autoridad encargada del acto, en este caso Don Juan González Armengol, así como los miembros del Consejo de Gobierno que en virtud del artículo 120.1.b) dio visto bueno al acuerdo de adjudicación al tratarse de un contrato de emergencia", se lee en la denuncia.

Otros contratos con Artesolar Iluminación

Tanto PSOE como Más Madrid y Podemos, en su escueta ampliación de denuncia presentada a nombre de la portavoz Carolina Alonso, destacan que la Administración Pública madrileña ha firmado otra serie de contratos menores -que no tenían que pasar por concurso- con la compañía Artesolar Iluminación SL en la que el hermano de Ayuso, Tomás Ayuso, ocupa la posición de Jefe Comercial.

"De forma independiente al meritado contrato, D. Tomás Díaz Ayuso aparece implicado en una pluralidad de contratos de la Administración Pública madrileña. En particular con fechas 4 y 5 de marzo de 2020 se realizaron con la entidad Artesolar Iluminación SL sendos contratos respectivamente por las cuantías 9554, 16 euros y 11.942,7 euros, con idéntico objeto ("LÁMPARA") por cuantías inferiores al límite legal para tramitar la adjudicación con publicidad y concurrencia, que se adjuntan al presente escrito", se puede leer en el escrito presentado este miércoles ante Anticorrupción.